El precio justo solo puede ser determinado por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) y su incumplimiento acarrea sanciones a los infractores.
Así se desprende de un comunicado la Sundde mediante el cual también aclara que el Precio Máximo de Venta al Publico (PMVP) es el marcado por los prestadores de servicios, importadores o productores en concordancia con lo estipulado en el ordenamiento legal vigente.
Con este recordatorio, cuyo contenido se enmarca en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Precios Justos, en el apartado que se refiere a Modalidades de precios, la Sundde exhorta a los sectores relacionados a velar por el debido cumplimiento de esta ley a fin de evitar confusión en los usuarios y usuarias.
De igual manera, el superintendente nacional para la defensa de los derechos socioeconómicos, William Contreras denunció hoy en un canal privado las acciones del remarcaje de precios por parte de comerciantes nacionales están vinculadas al dólar de guerra, el cuál no tiene ninguna sustentación en las variables económicas reales.
Destacó que el remarcaje de precios no está permitido y está penado por la Ley Orgánica de Precios Justos en su artículo 28. “se está tecnificando el remarcaje de precios ya que hay aparatos que simulan el lote de inventario, fecha y precio. Estas acciones están vinculadas al dólar criminal porque indican que los precios de los productos están asociados a este precio de referencia de esta moneda“.
DOLAR PARALELO
En relación a la repercusión que puede tener el dólar de guerra en la economía local, destacó que está asociado al sistema cambiario que opera en la frontera colombo venezolana, específicamente en el departamento de Cúcuta, “esto se denomina embelacimiento (engaño) de nuestra moneda, es decir, por cada bolívar que es entregado le dan un valor menos de un peso colombiano, cuando lo que corresponde a la paridad cambiaria que opera entre ambos países es de al menos 4,8 pesos por bolívar”, dijo.
Agregó que los mecanismos observados no están asociados a la estructura de costos de los productos locales, como ha señalado la presidenta de Consecomercio Cipriana Ramos, “hay mecanismos subyacentes que le dan vida y no tienen que ver con el funcionamiento con la economía venezolana, como ha señalado esta sicaria económica”, fustigó.
En relación al remarcaje de precios, señaló que se han evidenciado que algunos sujetos de aplicación colocan un precio en la mercancía distinto al reportado en la máquina fiscal. “Estas acciones están vinculadas al dólar criminal porque indican que los precios de los productos están asociados a este precio de referencia de esta moneda, estamos monitoreando ese comportamiento”, concluyó.
VIGILANCIA PERMANENTE
Es oportuno recordar que el superintendente William Contreras se ha mantenido activo, junto con todo el Estado Mayor de la Alimentación, articulado con las comunidades organizadas para frenar la especulación galopante que amenaza y pone en franca desventaja los presupuestos domésticos, a pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para proteger a la clase trabajadora, como son los periódicos ajustes salariales.
De esta manera, atendiendo las obligaciones que la misma ley le consagra, como es defender, proteger y salvaguardar los derechos e intereses individuales, colectivos y difusos en el acceso de las personas a los bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades, la superintendencia insiste en la necesidad de que se cumpla con todo el articulado que regula el tema de los precios de todos los servicios que se prestan así como los rubros que se comercializan o importan, con el propósito de desmontar unos de los flagelos que forma parte de la guerra económica que afecta a la población venezolana desde el 2014.