En 2019 fueron abordados más de 7 mil comercios en los que se detectaron delitos de especulación, acaparamiento, condicionamiento, boicot y alteración fraudulenta de precios, entre otros ilícitos socioeconómicos tipificados en la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ)
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La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), durante 2019, protegió a más de 11 millones de personas en el marco de operativos de inspección, supervisión, verificación y notificación, realizados a escala nacional.
En nota de prensa de la Sundde, organismo adscrito al Ministerio de Comercio Nacional, señala que fueron abordados más de 7 mil comercios en los que se detectó delitos de especulación, acaparamiento, condicionamiento, boicot y alteración fraudulenta de precios, entre otros ilícitos socioeconómicos tipificados en la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ).
Como parte del balance anual, destacan la apertura del Procedimiento Administrativo a la empresa Domegas, ubicada en la parroquia El Paraíso del Distrito Capital, la cual distribuye el servicio de gas directo e incurría en el presunto delito de especulación caso denunciado por usuarios a través de la línea telefónica 0800-LOJUSTO (08005658786) y redes sociales.
En cuanto a las labores de verificación, en el contexto del Plan de Congestión de Silos, los funcionarios de la Sundde verificaron el debido proceso en las diversas empresas productoras de materia prima, entre ellas: Alimentos Mary, garantizando el buen funcionamiento para el almacenaje de aproximadamente 8 millones en granos de arroz.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Dentro de la protección brindada por la Sundde al pueblo venezolano, destaca la medida preventiva de ajuste de precios dictada, a través de la Dirección Nacional de Servicios a empresas de televisión por suscripción del país como: Intercable, Supercable, entre otras, por cobros exorbitantes en el servicio.
Una medida similar se tomó en la Universidad Alejandro de Humboldt, ubicada en Los Dos Caminos, estado Miranda, así como a los colegios: Américo Vespucio, Mariano Picón Salas, en el estado Bolívar y José Gil Fortoul en Anzoátegui, a los cuales se les solicitó la estructura de costos para su debida evaluación.
En el estado Portuguesa, se desplegaron los fiscales de la Sundde en el sector agroindustrial, enmarcados en el Plan Toma de Inventario 2019, donde se supervisaron 239 empresas productoras de rubros estratégicos, ubicadas en los municipios: Páez, Araure, Guanare, Sucre, Turen, Agua Blanca y Ospino. En dichas empresas se verificó exhaustivamente la capacidad de almacenamiento, así como la cantidad de materia prima en existencia de rubros claves como: maíz, arroz, café, azúcar, trigo y leguminosas.
En cuanto al cono monetario, el ente rector de precios abordó diferentes comercios de los municipios, Tubores, García y Díaz del estado Nueva Esparta, así como a transportistas y colectividad en general de la entidad insular, donde exhortaron a la ciudadanía a la aceptación de los billetes del cono monetario vigente en todas sus denominaciones.
MÁS DE 4 MIL KILOS DE ALIMENTOS COMISADOS
La Sundde también reporta que fueron comisados más de 4 mil kilogramos de alimentos de la cesta básica, luego de inspeccionar el local comercial número 4 del Centro Comercial Océano, ubicado en el estado La Guaira, en procedimiento realizado tras recibir denuncias de los usuarios, quienes informaron que en el lugar vendían productos a precios exorbitantes.
Por otro lado, más de 9 mil kilogramos de proteínas fueron comisadas en la Avícola Guacara, ubicada en el estado Carabobo, por incurrir presuntamente en los delitos de alteración de bienes y servicios, así como contrabando de extracción.
Asimismo, en defensa de los derechos del pueblo, la Sundde notificó sobre el cumplimiento de la respectiva normativa a 1.602 colegios privados en todo el país, con el fin de dar cumplimiento a las Resoluciones 0027 y 114.
La normativa expresa la obligatoriedad de realizar asambleas de padres y representantes, a fin de establecer el monto de matrículas y mensualidades, para evitar con esto que se cometan delitos de especulación y condicionamiento, tipificados en la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ), en los artículos 49 y 56.