Desde hace más de un año el Gobierno Nacional, liderado por el presidente Nicolás Maduro, ha enfilado toda sus baterías para hacer frente a la guerra económica planteada por “la contrarrevolución” interna con respaldo internacional, mediante el uso de estrategias no convencionales con las que intentan doblegar a la Revolución Bolivariana.
A la vanguardia de la ofensiva patriótica se han concentrado las acciones de la mayoría de los organismos del Estado, así como el esfuerzo de las instituciones vinculados al Ejecutivo Nacional. Es el caso de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), instancia que día a día realiza un trabajo para contrarrestar la estrategia desestabilizadora. Esta lucha fue definida por William Contreras, superintendente nacional del ente controlador como “de características inusuales”.
Uno de estos planes recientemente ejecutados desde la Sundde es el denominado Espacios Populares para la Inspección y la Investigación (EPII- Centros), el cual concibe la creación de “espacios populares destinados para la inspección y participación activa del Poder Popular organizado, con la supervisión de la Superintendencia, los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), teniendo como eje de funcionamiento los Infocentros”.
El programa hace uso de la función contralora del Poder Popular. Acciona progresivamente mediante un barrido desde el ámbito parroquial hasta el nacional, en una especie de espiral, en la que se sustituye la denuncia individual por una orden colectiva. La acción individual representa 52 por ciento de los métodos utilizados por la población para estimular la respuesta de la Sundde.
Con esta estrategia conjunta con el Poder Popular se asume el llamado del Presidente Nicolás Maduro a retomar el Golpe de Timón, “tal y como lo ordenó en su momento el Comandante Eterno Hugo Chávez. En este sentido, se trabaja articuladamente con el pueblo organizado para identificar los sujetos de aplicación que estén incursos en ilícitos contemplados en la Ley Orgánica de Precios Justos, y tomar la orden popular de inspección para abordarlos de manera inmediata y aplicar las sanciones correspondientes”. Así lo plantea un documento descriptivo de la nueva metodología de la Sundde.
SE ACTIVA EL PODER POPULAR
En principio será una asamblea la que determine la elaboración de una orden de fiscalización contra un local comercial en el que, según un proceso de investigación previo, se haya determinado que incurre en delitos de acaparamiento, desabastecimiento o inflación del precio de los productos, entre otros.
Un vocero seleccionado por el CLAP será el encargado de transmitir el mensaje vía Internet, desde la sede del infocentro que sirva de base al EPII-Centro, a la bandeja receptora de un fiscal de la Sundde. El documento estará identificado con la firma electrónica del superintendente, la cual garantizará su veracidad, ya que posteriormente servirá de respaldo al equipo contralor que se presente en el establecimiento denunciado por la comunidad.
Contreras aclaró que este método no sustituirá la denuncia individual sino que complementará los mecanismos utilizado por la Sundde para atender las necesidades de la población, con el incentivo de que el tiempo de respuesta será “muchos más rápido, inmediato”.
“Los actores que están involucrados tiene acceso al sistema para saber en que paso se encuentra el proceso. (…) Estamos delegando de alguna manera, progresivamente, la facultad para que el CLAP sancione en acompañamiento con el personal de la Sundde para que el proceso sea lo más transparente posible y los más acortado posible”, explicó Contreras.
La propuesta plantea la creación de 935 EPII-Centros, trincheras de lucha diseminadas en las 644 parroquias priorizadas en el todos el país, e involucrar a los 5.734 voceras y voceros de los 22.662 CLAP creados a la largo del territorio nacional.
Un paso en la evolución de la Sundde es la reestructuración de la organización, emulando el sistema defensivo territorial ideado por el Gobierno Nacional. En otras palabras, se trata de aplicar el principio de corresponsabilidad entre Estado y sociedad establecido en el artículo 326 de la Constitución Nacional relacionado con la defensa integral de la nación.
La Sundde en su organigrama cuenta con el superintendente seguido de tres intendencias a las que se subordinan las coordinaciones regionales. “¿Qué hicimos ahora?”, explicó Contreras, “le agregamos la conformación de 935 EPII-Centro para tener un vinculo más directo con las organizaciones del Poder Popular”.
En días recientes, en el contexto de la juramentación de los comités productivos de las y los trabajadores, el presidente Maduro anunció este plan especial, el cual conjuga el esfuerzo de la Sundde y los CLAP, lo cual forma parte de iniciativas promovidas dentro de la Gran Misión Abastecimiento Seguro y Soberano.
Según el superintendente, ya este mecanismo se ejecuta en 11 estados priorizados: Táchira, Mérida, Anzoátegui, (Puerto la Cruz, Barcelona), Delta Amacuro, Trujillo, Monagas, Bolívar, Miranda, Carabobo y Lara, Zulia, además de Distrito Capital.
SUNDDE GUERRILLERA
De acuerdo con Contreras, la Sundee, al igual que otras instituciones, se vio vulnerada en sus funciones a causa de los distintos mecanismos utilizados como parte de la guerra económica, por lo que uno de sus prioridades al tomar la batuta de la institución el mes de enero, fue dar cumplimiento a la orden de golpe de timón manifestada por el primer mandatario nacional. “Iniciamos un proceso de depuración y de reestructuración de los mecanismos de funcionamiento de la institución, el cual continúa actualmente, y que contempla hacer un estudio riguroso de cuáles son los mecanismos utilizados en la guerra económica”, explicó.
La investigación involucró al Poder Popular, asumido en algunos casos por trabajadoras y trabajadores de grandes empresas productoras como Alimentos Heinz y la empresa Colgate Palmolive, en las que como resultado de las averiguaciones se demostraron los procesos de simplificación y reducción de la producción desarrollados por ambas compañías.
DESCIFRAR LA GUERRA ECONÓMICA
Entre las conclusiones arrojadas por el estudio se destaca la creación de un decálogo con los principales mecanismos utilizados por los promotores de la guerra económica. En el manual, según Contreras, se explican métodos como el de la simplificación de la producción y de la distribución, así como el de la discriminación de la distribución de bienes regulados y no regulados. Esta medida implica la asignación de los productos más costosos a los centros ubicados en los sectores populares y la adjudicación de los más económicos para las grandes cadenas de tiendas.
El conjunto de diez principios o normas, también establece “el uso del dólar de guerra para generar la sensación de ganancias rápidas a corto plazo”. Uno de los ítems más importantes referidos por Contreras indica cómo las empresas transnacionales, productoras y de distribución “deciden, en gran medida, el destino de los productos terminados”, especialmente los que integran el listado de bienes esenciales. Por ultimó, explicó cómo el boicot en la prestación del servicio se suma a las tácticas anteriores, impactando en las grandes colas. Éstas son resultado, en la mayoría de los casos, de la poca habilitación de cajas para el pago dispuestas en los establecimientos comerciales.
El decálogo además expone otras causas, entre ellas los horarios de recepción de mercancía establecidos por los comercios, la dilación en la actualización de los inventarios y la promoción de disputas por el accesos a los productos, estimuladas por las y los encargados de los centros de distribución, destinadas a sublevar al personal y a las y los clientes.
Con la creación del decálogo, los métodos empleados “ya no son una cosa abstracta. Nos permitió mostrar al país de manera más concreta, con situaciones específicas, cuáles son los diferentes mecanismos de la guerra económica”, comentó Contreras.
“En función de esos mecanismos, empezamos a implementar un nuevo funcionamiento de la institución. Si es una guerra no convencional, debemos actuar de manera no convencional”, explicó Contreras, quien precisó algunas estrategias aplicadas para burlar los embates de esta guerra como por ejemplo, programar nuevos horarios de trabajo para las y los funcionarios de la institución.
Las acciones subversivas de la Sundde para hacer frente a la guerra económica necesitaron de un cambio “en el funcionamientos de la institución”, la cual en sus inicios esperaba la consumación de los hechos para actuar. Ahora la nueva filosofía pretende ser más proactiva.
Según Contreras, estos cambios circunstanciales responden al conocimiento que hay en los centros ideológicos de la guerra económica, sobre los procedimientos utilizados por la Sundde. “Tratamos de resolver el tema de la guerra económica mediante métodos convencionales ya conocidos. (…) Esta es una batalla multifactorial constituida por delitos económicos de diversos tipos como especulación, acaparamiento, boicot y el condicionamiento de la venta, y la alteración fraudulenta de los productos. Una de las cosas que debemos identificar es cómo van mutando los mecanismos de la guerra no convencional y poder actuar preventivamente”, informó el superintendente, quien dejó claro que aún falta mucho camino por recorrer y medidas que aplicar para vencer definitivamente a este flagelo que afecta a la población venezolana.
