La Superintendencia de Precios Justos fiscalizó este viernes las bodegas y pequeños expendios de los sectores populares Simón Bolívar y Pueblo Nuevo, parroquia Spinetti Dini del municipio Libertador de Mérida, en Los Andes venezolanos.
Este operativo es una acción del comando cívico, popular y militar de la entidad para combatir la especulación y el acaparamiento en las comunidades más vulnerables a los flagelos de la guerra económica.
José Alberto Sánchez, director estadal de la Superintendencia de Precios Justos, dirigió la jornada simultánea de fiscalización en ocho establecimientos, donde se detectó mercancía sin facturación por parte de mayoristas y sobreprecio en productos que se dispusieron de inmediato para la venta supervisada al pueblo.
«Estamos garantizando que estos comercios no vulneren los derechos del pueblo. Somos una institución responsable, bajo una visión orientadora, humanista. Estamos sacando a la venta los productos regulados al precio justo para una población aproximada de 10 mil habitantes», recalcó.
Sánchez llamó a los pequeños comerciantes a no hacerse cómplices de intermediarios especuladores que acaparan productos y pretenden comercializar a precios de usura y en detrimento de la economía familiar.
«Nosotros también estamos recibiendo sus denuncias para garantizar que adquieran los productos al precio justo. Sabemos que son negocios de familias y estamos garantizando sus derechos, tomando denuncias y las acciones necesarias», resaltó sobre la especulación por parte de mayoristas.
Más de 60 personas, entre servidores de la Superintendencia de Precios, funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y fiscales populares, participan en el despliegue coordinado con consejos comunales y Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCh).
ALERTAN SOBRE ESPECULACIÓN EN LA CADENA COMERCIAL
Miembros de las dos populosas comunidades merideñas y comerciantes coinciden al denunciar la especulación en la cadena de comercialización, plagada de intermediarios.
Yusely del Carmen Méndez, habitante de Pueblo Nuevo, resaltó que todos los productos a la venta en el sector, provienen de la reventa entre varios intermediarios, alcanzando hasta el doble del precio justo una vez que se ponen a disposición de la familia.
«El azúcar la hemos tenido que comprar en Bs 50, el aceite en Bs 100, en un almuerzo como mínimo se gastan mil bolívares. Me parece bien la jornada que están haciendo, es bueno que revisen, porque no es justo que tengamos que comprar por más de lo que cuesta el producto», resaltó.
Neptaly Romero, habitante de Simón Bolívar, aseguró que el precio para el consumidor incluso se triplica por los intermediarios, razón por la que se debe hacer cumplir con el margen de ganancia máximo establecido de 30%.
«Me parecería bien que les dictaran talleres a ellos (los comerciantes) para que se ajusten a las normas», aportó.
El comerciante Denis Rangel denunció que los mayoristas venden con sobre precio, forzando la inflación de los mismos, por lo que considera necesario que el Estado asuma y supervise la cadena de distribución de rubros.