Desde abril pasado hasta la fecha, la Superintendencia de Precios Justos ha fiscalizado cerca de 500 empresas y establecimientos comerciales en diferentes localidades del estado Anzoátegui, como parte de la segunda fase de la ofensiva económica que ejecuta el Gobierno Bolivariano en todo el país, informó este viernes el coordinador regional del ente fiscalizador, Francisco Álvarez.
Del total de inspecciones realizadas en la entidad oriental en esta etapa se han aplicado diversas sanciones administrativas y penales, tras constatar irregularidades vinculadas con la especulación, el acaparamiento y otros delitos, indicó Álvarez.
Acotó que hasta los momentos nueve personas continúan detenidas en el estado por incumplir la Ley de Precios Justos.
“Exhortamos una vez más a los comerciantes a que realicen sus actividades respetando siempre la Ley de Precios Justos. Además, les recordamos que las fiscalizaciones se ejecutan con la finalidad de promover una cultura de comercialización justa en el país”, dijo.
Álvarez añadió que diariamente entre seis y ocho equipos, integrados cada uno por 12 fiscales, realizan labores de supervisiones en distintos comercios y empresas de la entidad, a fin de garantizarle a la población venezolana los derechos socioeconómicos.
Anunció que en las próximas semanas iniciarán jornadas de fiscalización en las papelerías y colegios privados de Anzoátegui, con la finalidad de verificar las estructuras de costos en estos establecimientos y, al mismo tiempo, evitar los aumentos no autorizados.
Detectan sobreprecio en zapatería
En otro punto, el coordinador estadal de la Superintendencia manifestó que este viernes detectaron márgenes especulativos entre 75% y 133% en la tienda Inversiones Rey del Calzado C.A, ubicada en el bulevar 5 de julio de Barcelona, zona metropolitana del estado Anzoátegui.
En la inspección realizada por la Superintendencia y otras instituciones del Estado, los fiscales constataron el incumplimiento del artículo 32 de la Ley de Precios Justos, el cual expone márgenes de ganancia superior al 30%, agregó Álvarez.
«Tras esta irregularidad ordenamos aplicar medida preventiva de ajuste inmediato de precios justos en este establecimiento comercial, a fin de que el pueblo pueda comprar calzados de damas, niños y caballeros a costos reales», dijo.
Álvarez también señaló que la zapatería dispone de un lote de calzados que no cuentan con la facturación respectiva para demostrar la procedencia de la mercancía.
“Esta situación negativa generó de manera inmediata una sanción administrativa, la cual será evaluada por la sala situacional de la Superintendencia, para luego determinar las sanciones respectivas”, expresó.
Para denunciar los delitos de usura y acaparamiento está a disposición del pueblo venezolano los números telefónicos: 0800Sabotaje (0800-72268253) y 0800-Reclama (0800-7325262) o a través del usuario Twitter @noalsabotaje.