La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual había sido blanco de una acción judicial del Grupo «Clarín». La normativa, aprobada por una abrumadora mayoría, en 2009, no podía implementarse por completo, puesto que el Grupo Clarín interpuso un recurso judicial que reclamaba contra algunos artículos de la Constitución.
La norma, basada en el espíritu del informe del Premio Nobel de la Paz Sean Mc Brady para la Unesco, ‘Voces múltiples, Un solo mundo’, establece la redistribución de las licencias en tres tercios a cada sector: privado, público y sociedad civil.
Por eso es que los medios privados, hasta ahora mayoritarios, deberán empezar a desprenderse de algunas emisoras traspasándolas a quien pudiera interesarse.
Según los diarios ‘Clarín’ y ‘La Nación’, en la situación actual de los medios argentinos nadie puede comprar si antes no ha amarrado con el Gobierno de Fernández una buena cuota de propaganda oficial, para lo cual debe alinearse políticamente con la Casa Rosada.
El gobierno de la presidenta Cristina Fernández ha dado a las filiales de Prisa y Telefónica la posibilidad de adecuar sus inversiones en medios de comunicación audiovisuales de Argentina a la nueva ley del sector, que establece límites y prohibiciones para las licencias de emisora de televisión y de radio.
Telefónica es adjudicataria de Telefé en la capital porteña y de ocho canales más de televisión abierta en provincias. Las autoridades cuestionan, además del número, que se trate de capital extranjero en su totalidad -la norma sólo permite hasta 30%- y que el propietario preste a la vez un servicio público, algo prohibido por la ley.
Prisa cuenta con las licencias de radio Continental en Buenos Aires –la quinta AM más oída, que compró a Telefónica- y otras cuatro emisoras aquí y en otras ciudades. En su caso, los cuestionamientos de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) se refieren a la duplicidad de frecuencias y la mayoría de capital extranjero.