La vicepresidenta de la Comisión de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional (AN), Tania Díaz, aseveró este lunes que los parlamentarios socialistas no van a permitir que las 34 muertes registradas durante las guarimbas instaladas por grupos violentos en el país queden impunes.
“No podíamos permitir que esas muertes quedaran impunes, ni que se continuara el desarrollo de este plan para seguir asesinando gente en la calle”, expresó en el programa Mesa Informativa, transmitido por Venezolana de Televisión.
Por ello -dijo- tomaron acciones legales contra la diputada de la derecha María Corina Machado, por su constante incitación a la violencia.
Díaz recordó que el llamado a la violencia realizado el pasado 23 de enero por Machado fue parte de “un plan que condujo a la guarimba, en la que han sido asesinados 34 ciudadanos venezolanos”.
Recalcó que los diputados tienen la obligación de “actuar de acuerdo con nuestro deber y nuestra conciencia solicitando ante la Fiscalía que sustanciara un expediente y solicitara al Tribunal Supremo de Justicia establecer si hay o no méritos para enjuiciar a esta diputada”.
Asimismo, refirió que la conducta de Machado dista «de su deber de defender al pueblo» y se alejan de sus verdaderas funciones dentro la instancia legislativa del país.
«El año pasado, en una conversación con (Germán) Carrera Damas, ella admitía que iba a buscar asesoría y apoyo logístico del Gobierno de Estados Unidos para desarrollar acciones no pacíficas, no deliberantes, no democráticas en el país», ejemplificó la parlamentaria.
Más temprano, el presidente de la AN, Diosdado Cabello, informó que Machado dejó de ser diputada de la República al aceptar y ejercer el cargo como representante alterno del Gobierno de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, acción que viola el artículo 91 de la Constitución.
«Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva», establece el artículo de la Carta Magna.