«Se debe hablar en una perspectiva de cómo en aquella época, a través de una acción represiva llevo a su máxima expresión el terrorismo de Estado», enfatizó el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, quien fue el ponente principal en la Jornada de Derechos Humanos en conmemoración del 27 F, que se realizó en el Fuerte Tiuna de Caracas.
Esta fue una iniciativa de la Inspectoria General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Defensa. El acto contó con la presencia del General Marcelino Federico Pérez Díaz, Inspector de la GNB; el General de División Josué Antonio Pernia Méndez; y el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe.
El representante de los derechos humanos disertó sobre un tema histórico que conmovió a América Latina, como lo fue el 27 de febrero de 1989: «La actuación que emprendieron las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales de aquel tiempo, fueron actos de terrorismo, con el objetivo de reprimir una población desarmada humilde y vulnerable, donde 5 mil funcionarios pertenecientes a la Policía Metropolitana y con el apoyo de la plataforma institucional, tanto militar como policial, activaron un plan de aniquilamiento que no se usaba desde los años sesenta, conocido como el Plan Ávila».
CRIMINALES
Profundizó en el punto: «Utilizaron fusiles automáticos, pistolas 9mm, carros de guerra y todo ese movimiento de terrorismo y represión que ocasionó pérdidas humanas en una de las acciones criminales más terribles que conoció el siglo XX. Una acción como aquella no tuvo la condena de los jefes de Estados del mundo, del Papa, de la Organización de Estados Americanos o de la ONU, sino que hubo un silencio cómplice tanto a nivel internacional como nacional».
Para William Saab «una de las causas más terribles que se dieron en esa época fueron los hechos ocurridos el 3 de marzo de 1989, catalogado como el día más violento. Según el parte militar participaron 3 oficiales generales, 139 oficiales superiores, 334 oficiales subalternos, 122 sub oficiales profesionales, 180 tropas profesionales y 6.625 alistados, con una sola orden: ‘lo que se mueva hay que matarlo’. Atacaron a una población desarmada».
El defensor del Pueblo recomendó a los asistentes al evento «a que mantengan en alto esas banderas de un ejército heredero de gloria libertaria, diferente a aquello que ocurrió el 27 de febrero de 1989».