Ante la campaña de desinformación de la prensa burguesa en la que se asegura que el Ejecutivo Nacional actúa de manera arbitraria al no presentar ante la Asamblea Nacional (AN) el presupuesto de la República, la verdad sale a relucir. En todos los países existe la posibilidad de que el Poder Legislativo rechace la propuesta del Gobierno sobre los recursos asignados para el gasto público en el próximo año, por tanto cada nación ha generado un mecanismo para evitar que la administración se paralice por la confrontación política.
Es el caso venezolano, donde al existir la seguridad de la no aprobación del Presupuesto 2017 por parte de la AN de mayoría opositora, el Ejecutivo consultó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre los pasos a seguir ante esta circunstancia.
En ese sentido, el TSJ informó que el Presupuesto Nacional del año 2017 deberá ser presentado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, ante la Sala Constitucional, bajo la normativa de Decreto que tendrá rango y fuerza de ley.
La medida se tomó ante el desacato constitucional que mantiene la mayoría opositora de la AN, tal y como informó el máximo ente judicial. Por tanto, el presidente Maduro, al consignar el Presupuesto ante el TSJ, actuó apegado a la Constitución y a las leyes.
“Frente a la imperiosa necesidad de cumplir una fase del proceso de formación jurídica del presupuesto nacional, ante el deber de honrar los postulados de separación y equilibrio entre los poderes que conforman el Poder Público y con el propósito de mantener el funcionamiento del Estado, la garantía de los derechos fundamentales y el orden constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró que el presupuesto nacional deberá ser presentado por el Presidente de la República ante la Sala Constitucional, bajo la forma normativa de Decreto que tendrá Rango y Fuerza de Ley”, señala el comunicado.
Sin embargo, una feroz campaña de desinformación ha llevado a las transnacionales de los medios a asegurar que el Gobierno Bolivariano atenta contra la institucionalidad democrática al asumir esta posición.
LA LEGISLACIÓN EN CLARA EN AMÉRICA LATINA
¿Pero es solo en Venezuela donde ha ocurrido este caso? Por supuesto que no. En la República de Chile, también por razones de confrontación política, hace dos años se vivió una gran expectativa por la posibilidad de la no aprobación del Presupuesto nacional por parte del Parlamento.
La respuesta la dio también la Carta Magna chilena. En caso de que el Congreso Nacional de Chile no apruebe el Proyecto de Ley de Presupuestos al 30 de noviembre, la Constitución define que el Presidente de la República debe promulgar como ley de presupuesto para el próximo año el proyecto original enviado por el Ejecutivo al Congreso, que rige a partir del 1 de enero. Es decir, se excluye todas las indicaciones y modificaciones surgidas durante la tramitación del Proyecto en el Parlamento, pero en ningún momento se permite que la nación se paralice por la diatriba política.
En Argentina, la expresidenta Cristina Fernández gobernó a lo largo de 2011 con la prórroga del presupuesto 2010, debido a la falta de acuerdos legislativos que permitieran la sanción de la Ley presupuestaria para 2011.
En esa nación austral, la Ley de Administración financiera (13.767) contempla la posibilidad de que la Legislatura no apruebe el proyecto de Presupuesto que proponga el Poder Ejecutivo. En su artículo 26 prescribe que “si al comenzar el ejercicio no hubiera sancionado el Presupuesto General, regirá el que estaba en vigencia al cierre del ejercicio anterior, con los ajustes que determine el Poder Ejecutivo”.
En Colombia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 348 de la Constitución neogranadina: «Si es el Congreso el que no expide oportunamente el presupuesto dentro de los tres primeros meses de cada legislatura, regirá el presentado por el Gobierno, perdiendo el legislativo la posibilidad de introducirle enmiendas al proyecto correspondiente. En cambio, si es el Gobierno el que no presenta el presupuesto a consideración del Congreso, dentro de los primeros diez días de cada legislatura, regirá el presupuesto del año anterior, hipótesis en la cual se presenta la repetición del presupuesto». Estos mecanismos buscan garantizar la vigencia del principio de legalidad presupuestal, que se erige como instrumento idóneo para el ejercicio efectivo de la actividad financiera del Estado.
Es decir, en casi ningún país se permite el cierre técnico de los gobiernos.
Seguir la Constitución y las leyes que en Venezuela exponen claramente los pasos a seguir ante esta eventualidad ha supuesto un “escándalo” mediático, pero el hecho de que en España el presupuesto debió prorrogarse hasta la formación de un nuevo Gobierno parece no sobresaltar a nadie.
CAOS EN EEUU
En Estados Unidos, en 2013, el presidente Barack Obama se vio en la obligación de decretar el “cierre del Gobierno” porque el Congreso, de mayoría republicana, no le aprobó el presupuesto.
Ante tal situación, la administración Obama tuvo que clausurar gran parte de su sector público.
Como el Congreso no logró un acuerdo para aprobar la nueva ley presupuestaria, el gobierno federal no pudo pagar sus cuentas y se encontró súbitamente paralizado. Todo ello se debió al saboteo de la reforma sanitaria promulgada por el presidente Obama en 2010.
Los congresistas republicanos estaban haciendo todo lo posible para forzar a Obama a retrasar su implementación e intentaron impedir su financiamiento.
¿CUÁLES FUERON LAS CONSECUENCIAS?
Las agencias del gobierno federal estadounidense seleccionaron a los trabajadores considerados esenciales. Hasta un 35% de sus más de 2,1 millones de empleados dejaron de trabajar. Y no tuvieron garantías de regresar a sus empleos cuando el estancamiento se resolvió, por tanto miles quedaron en la calle y fuera del mercado laboral.
Entre los organismos oficiales clausurados estuvieron gran cantidad de parques nacionales y museos. Los cheques de beneficios para veteranos y las pensiones se retrasaron y no se podía presentar solicitudes para visas y pasaportes.
El Departamento de Defensa de EEUU indicó entonces a sus empleados que los miembros uniformados de la milicia continuarán en un «estatus de deberes normal», pero agregó que «grandes números» de trabajadores civiles recibieron instrucciones de permanecer en sus casas. También se vio afectado el personal de la Casa Blanca.
Una situación similar se hubiese presentando en Venezuela si el Gobierno Bolivariano no toma la iniciativa de consultar al TSJ sobre cómo evitar la tragedia que se avizoraba, al permitir provocar la oposición en el Parlamento que la nación se quedara sin recursos.
En EEUU, a diferencia de otras naciones desarrolladas, es el Poder Legislativo, no el Ejecutivo, el que establece cuánto puede pedir prestado el Gobierno. El presidente Obama declaró en ese momento que una cesación de los pagos de la deuda tendría un «efecto profundamente desestabilizador» en la economía global.
Es claro que el sistema norteamericano, que deja la decisión del presupuesto en manos del Congreso, no es el más saludable para el funcionamiento del Estado, y por ello, en la mayoría de los países, en materia de potestad presupuestaria el Ejecutivo tendrá la última palabra a fin de evitar la paralización de la administración pública.
EL NEOLIBERALISMO REDUCE LA INVERSIÓN SOCIAL
Como lo ha indicado el Ejecutivo Bolivariano, más del 70% del presupuesto estará destinado a la inversión social a fin de garantizar el bienestar y la protección del pueblo, y en especial de los sectores populares.
Pero en el mundo, en la mayoría de los países donde se produce la restauración neoliberal o se afianza el modelo capitalista sin otra alternativa, decrece la cantidad de recursos destinados a la salud, educación, cultura y deporte.
Así, en Brasil, durante el ilegal juicio político contra la presidenta progresista Dilma Rousseff que condujo a su separación del poder, el Gobierno ultraderechista de Michel Temer presentó un presupuesto que fue aprobado por el Parlamento golpista y donde claramente se notó la reducción del gasto público.
En sesión conjunta entre diputados y senadores, el Congreso brasileño aprobó la Ley de Directrices de Presupuesto para 2017, que prevé un déficit consolidado de 143,100 millones de reales (unos 39,128 millones de euros) para el sector público.
Según analistas, en los próximos nueve años cerca de un millón de familias brasileñas volverán a las denominadas clases D y E, con lo que para 2025 el número de pobres en el gigante del Sur crecerá hasta 41 millones. Estas serán las consecuencias de la “desinversión” social, el retroceso de las conquistas del pueblo trabajador durante los gobiernos progresistas de Lula y Rousseff.
En Europa las cosas no van mejor. La Unión Europea (UE) enfrenta serios problemas presupuestarios tras la aprobación del Brexit. La salida del Reino Unido priva a la UE de las contribuciones financieras que aportaba al presupuesto, lo que obliga a los estados miembros a adoptar medidas para ajustar las cuentas, especialmente en lo que se refiere a los subsidios agrícolas y los fondos de desarrollo.
Una opción, según apunta la agencia Stratfor, sería pedir al resto de países de la Unión Europea que eleven sus contribuciones para compensar la salida de RU. Pero esta medida no es bien vista por muchos.
Una segunda opción pasaría por reducir el presupuesto de la UE, rebajando el número de subsidios y programas de ayudas, así como reducir el gasto en burocracia, que se traduce en más desempleo ya que muchos trabajadores del sector público serían despedidos de sus puestos. Hay quienes además proponen la creación de nuevos impuestos. Todas estas posibilidades afectarían finalmente al ciudadano de a pie, alejándose cada vez más el modelo europeo del tan añorado estado de bienestar del que disfrutaron sus ciudadanos en el pasado.
