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En la mira del imperio reservas y activos de la nación

El decreto de Obama: Amenaza financiera sobre Venezuela

11 marzo 2016 | Haga un comentario

El pasado jueves 3 de marzo, el presidente estadounidense Barack Husseim Obama, emitió una misiva al senado de su país para solicitar la continuidad por un año más de la Orden Ejecutiva con la cual se declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos (EEUU)

Esta acción se justifica debido a la supuesta “ erosión de garantías de Derechos Humanos por parte del gobierno de Venezuela, la persecución de oponentes políticos, la reducción de libertades de prensa, el uso de violencia y la violación de derechos humanos y abusos en respuesta a protestas antigubernamentales”.

Por este motivo, según Obama, fue preciso declarar una Emergencia Nacional en EEUU, por lo que la Orden Ejecutiva tiene repercusión directa sobre la legislación interna estadounidensel; es decir, lo que allí se dictamina debe acatarse. Es una orden presidencial.

La Ley de Emergencia Internacional de Poderes Económicos y la Ley de Emergencia Nacional, ambas invocadas en la orden ejecutiva, permiten establecer restricciones y prohibiciones financieras y comerciales no a una persona, como quieren hacer ver quienes defienden este absurdo decreto, sino a una nación que se considere ha atacado a EE.UU o es hostil a su seguridad interna.

Si leemos acusiosamente su contenido, sin mencionar las interpretaciones a las que se preste por la generalidad de algunos planteamientos, no es descartable por ejemplo la confiscación de activos bajo jurisdicción estadounidense. Es decir, instituciones del Estado y empresas como Petróleos de Venezuela ( PDVSA) y sus filiales; el Banco Central de Venezuela, las embajadas, estarían en riesgo.

LAS MENTIRAS DEL IMPERIO Y EL CONTRAATAQUE FASCISTA EN AMÉRICA LATINA

Las “pruebas” sobre las que se sustentó la primera emisión del Decreto, que Obama decidió extender, para decir que la situación en Venezuela amenaza la seguridad interna de EEUU, son artículos de la prensa amarillista basados en hechos no comprobables.

Uno de los principales “expositores” de los argumentos sobre los cuales se consideró justificada la medida, fue el pseudoperiodista Douglas Farah, presidente de una “consultora”, especializada en temas de seguridad.

En la “presentación” de “pruebas” ante el subcomité de Relaciones Exteriores del senado estadounidense para Asuntos del Hemisferio Occidental, Farah “aseguró”, basándose entre otras “fuentes” en un “serio reportaje de investigación” publicado por la Revista Brasileña Veja”, que Venezuela, con la ayuda de Argentina, “intentó contribuir con el programa nuclear iraní”, además de sostener vínculos con grupos irregulares como las FARC y Hezbollah. “El nexo es de ideología y narcotráfico”, sostuvo Farah en la audiencia. Y le creyeron,

Entre otros disparates, Farah aseveró que “las reuniones en Caracas entre Cristina Kirchner y Hugo Chávez” cambiaron la política del anterior gobierno argentino hacia Irán, “que finalmente desembocó en la muerte de Alberto Nisman”.

Por estas “razones”, Farah llegó a la conclusión que era muy necesario declarar a Venezuela una amenza. “Gracias por la invitación del día de hoy para hablar sobre la crisis actual y su aceleración en Venezuela, así como de sus implicaciones en asuntos de seguridad, tanto para los Estados Unidos como para la región”, dijo en la audiencia el “consultor”.

No debe ser considerado casualidad, que también aparezca mencionada la Revista Veja, en el caso contra el ex mandatario brasileño Lula Da Silva.

"Las sanciones del mayor socio comercial de Venezuela van a afectar la economía del país", aseguran analistas financieros

NO SON NADA MÁS SIETE

Los 7 funcionarios hasta ahora señalados en la medida son, por supuestamente contribuir a la violación de los derechos humanos son: El Comandante de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI) de la región central de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y exdirector de operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela.Antonio José Benavides Torres; el ex Director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y presidente del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), ahora Ministro del poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Gustavo Enrique González López; el residente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), una entidad propiedad del estado, y excomandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela, Justo José Noguera Pietri, Fiscal de nivel nacional de la 20ª oficina de distrito del ministro público de Venezuela, Katherine Nayarith Haringhton Padrón; al Director de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela, Manuel Eduardo Pérez Urdaneta; al efe de la 31ª Brigada Blindada de Caracas de la Armada Bolivariana de Venezuela y exdirector general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de Venezuela, Manuel Gregorio Bernal Martínez y al Inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela y ex comandante de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI) de la región de los Andes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, Miguel Alcides Vivas Landino.

Con la prórroga del Decreto, la contrarrevolución “vaticina” que la lista se ampliará con integrantes del Alto Mando Político Militar de la Revolución en una clara actitud de tratar de amedentrar políticamente a dirigentes bolivarianos.

En su momento, juristas especializados en la materia, indicaron que no es usual que se identifiquen funcionarios en este tipo de decreto. Sin embargo, mencionar algunos nombres fue una suerte de cortina de humo, para aparentar que las sanciones son contra individuos, cuando en realidad, si se revisa con detenimiento el contenido, son contra el Gobierno y más allá, contra el Estado venezolano.

Analistas financieros advirtieron el año pasado cuando se emitió por primera vez la Orden Ejecutiva, que a mediano plazo “ las sanciones del mayor socio comercial de Venezuela van a afectar la economía del país latinoamericano, al reducir importaciones y poner en riesgo negocios, particularmente los petroleros”. La intención es generar desconfianza a inversores y acreedores.

No hay duda posible. Las medidas del Departamento del Tesoro, tienen suficiente alcance para bloquear actividades o transacciones del Gobierno Bolivariano y del Estado venezolano en todo el Sistema Bancario y Financiero Internacional.

Las sanciones congelan los bienes de los afectados, ya sean personas o empresas o instituciones, en EEUU; prohíben que se hagan negocios con ciudadanos o socios estadounidenses o se viaje a territorio estadounidense.

De allí la importancia de continuar la lucha incansable de todo el pueblo, independientemente de su tendencia política, como lo ha señalado el presidente obrero Nicolás Maduro, para derogar y anular la prórroga de ese documento que es en sí, una declaración de guerra económica contra nuestra Patria.

¿QUÉ DICE LA ORDEN EJECUTIVA?

A continuación presentamos un resumen de la traducción de la Orden Ejecutiva contra Venezuela firmada por Obama, donde se demuestra que este documento es un aval no para sancionar a 7 funcionarios, sino a cualquier ciudadano o ciudadana, incluyendo al presidente de la República Bolivariana, y a las instituciones del Gobierno Bolivariano. Pero va más allá, en la sección 6 se determina que puede ser una “persona” o una “entidad”, entendiéndose esta figura como cualquier sociedad, asociación, fideicomiso, corporación, grupo, subgrupo u otra organización.

¿Se imaginan lo que sucedería si el presidente Nicolás Maduro entrara en la lista de sancionados o bloquearan los activos del Banco Central de Venezuela o de PDVSA por consideración del Secretario del Tesoro y del Secretario de Estado de Estados Unidos?

“Por la autoridad investido en mí como Presidente por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, incluyendo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia (IEEPA), la Ley de Emergencias Nacionales (NEA), la Ley de Defensa de Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela de 2014 (la “Ley de Defensa de Derechos Humanos de Venezuela”), la sección 212 (f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 (INA), y la sección 301 del título 3 del Código de los Estados Unidos,

Yo, Barack Obama, Presidente de los Estados Unidos de América, encuentro que la situación en Venezuela, incluyendo la erosión de garantías de Derechos Humanos por parte del gobierno de Venezuela, la persecución de oponentes políticos, la reducción de libertades de prensa, el uso de violencia y la violación de derechos humanos y abusos en respuesta a protestas antigubernamentales, los arrestos arbitrarios y detención de protestantes antigubernamentales, constituye una inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y política internacional de los Estados Unidos de América, y por ende declaro una emergencia nacional para tratar con esta amenaza. Por este medio, ordeno:

Sección 1. (a) Todas las propiedades e intereses en propiedades que están en los Estados Unidos, que de aquí en adelante vengan a los Estados Unidos, o que de aquí en adelante pasen a posesión o control de cualquier persona en los Estados Unidos de las siguientes personas están bloqueadas y no podrán ser transferidas, pagadas, exportadas, extraídas, o de otra forma usadas para tratos:

(I) Las personas listadas en el anexo de esta orden; y

(II) Cualquier persona determinada por el Secretario del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado:

Sección 6. Para el propósito de esta orden:

(a) el término “persona” significa un individuo o entidad;

(b) el término “entidad” significa sociedad, asociación, fideicomiso, corporación, grupo, subgrupo, u otra organización;

(c) el término “Persona de Estados Unidos” significa cualquier ciudadano de los Estados Unidos, extranjero con residencia permanente, entidad organizada bajo las leyes de los Estados Unidos o cualquier jurisdicción dentro de los Estados Unidos (incluyendo ramas extranjeras), o cualquier persona dentro de los Estados Unidos;

(d) el término “Gobierno de Venezuela” significa el gobierno de Venezuela, cualquier subdivisión política, agencia, o mediación del mismo, incluyendo el Banco Central de Venezuela, y cualquierpersona propiedad o controlada por, o actuando en nombre de, el gobierno de Venezuela.

La Casa Blanca”.

T/Modaira Rubio
I/Loayza

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