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Señalan analistas y dirigentes políticos

Hoja de Ruta anunciada por la MUD allana el camino para aplicación de Decreto Obama

9 marzo 2016 | Haga un comentario

Sumario: Cuando se cumple un año de la primera emisión de la Orden Ejecutiva de la Casa Blanca contra Venezuela, todo apunta a que la renovación el pasado 3 de marzo de esta medida, tiene como objetivo respaldar los planes desestabilizadores de la contrarrevolución

El 9 de marzo de 2015, el presidente de EEUU Barack Obama suscribió por primera vez una Orden Ejecutiva que calificaba a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad interna de EEUU.

El texto se sostiene jurídicamente, “en la Constitución y las leyes de EEUU, incluyendo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia (IEEPA), la Ley de Emergencias Nacionales (NEA), la Ley de Defensa de Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela de 2014 (la “Ley de Defensa de Derechos Humanos de Venezuela”), la sección 212 (f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 (INA), y la sección 301 del título 3 del Código de EEUU”.

El argumento político fue la supuesta “situación de erosión de garantías de Derechos Humanos por parte del gobierno de Venezuela, la persecución de oponentes políticos, la reducción de libertades de prensa, el uso de violencia y la violación de derechos humanos y abusos en respuesta a protestas antigubernamentales, los arrestos arbitrarios y detención de protestantes antigubernamentales, constituye una inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y política internacional de los EEUU”.

Un año después, y tras recibir el Gobierno Bolivariano el respaldo pleno de maś de 10 millones de ciudadanos y ciudadanas en todo el continente y en el mundo, y el repudio a la medida de organismos internacionales como la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestramérica (ALBA); la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC); la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y de toda la institucionalidad hemisférica presente en la VII Cumbre de las Américas realizada el año pasado en Panamá; el 3 de marzo, inesperadamente, Obama decidió prorrogar el decreto.

Días antes, el presidente Nicolás Maduro había solicitado al mandatario estadounidense la revisión de la orden ejecutiva, su derogación y la aceptación de las credenciales del embajador venezolano designado en Washington, a fin de normalizar por completo las relaciones. El Gobierno Bolivariano siempre ha impulsado una política de paz, que se sustente en el diálogo y la no confrontación para resolver cualquier diatriba entre naciones.

Obama señaló en mivisa enviada a la Cámara de Representantes y al Senado de su país, que “es necesario continuar con la emergencia nacional declarada en la orden ejecutiva 13692 -de marzo de 2015- con respecto a la situación en Venezuela”., y con ello prorrogó el Decreto por una ño más.

NO ES POR LOS DERECHOS HUMANOS

Para desmontar el argumento jurídico sobre el que se sustenta la emisión y renovación de esta orden ejecutiva, se consultó la opinión del Defensor del Pueblo Tareck Wiliam Saab, activista y especialista en materia de defensa de los Derechos Humanos, y al Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Lavoe.

El Defensor del pueblo, quien además fue constituyente de la República, destacó que “ EE.UU no tiene defensoría del pueblo, ni ninguna institución que defienda los derechos de la ciudadanía; ese país, apenas ha firmado el 25% de los convenios en materia de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas, mientras Venezuela ha aprobado un 85% de estos instrumentos. En EEUU, el tema de derechos humanos no tiene rango de política de Estado, en Venezuela sí. Sin embargo, ellos pretenden certificarnos en esa área”.

“El decreto Obama, es estructural y orgánicamente violatorio del derecho internacional pública. Apenas se han dado 8 documentos de este tipo, y los 7 anteriores fueron preámbulo de una ocupación militar. Es decir, EEUU, una superpotencia, ha tomado como excusa el tema de derechos humanos para criminalizar países y lo que hay detrás de eso es una intervención militar; la excusa para la expoliación y el saqueo de un territorio. Moralmente, EEUU tiene una deuda con Venezuela y con su pueblo, y es derogar ese absurdo decreto”, resaltó Saab.

Por su parte, Devoe denunció que la decisión del presidente Obama de renovar la Orden Ejecutiva, es un ejemplo del uso político del tema de los derechos humanos para adoptar una medida que en realidad es un chantaje a Venezuela.

“El gobierno de EEUU, no tiene moral para juzgara ningún pueblo en la materia y sólo utilizan los derechos humanos como excusa para agredir a aquellos países que no se pliegan a sus políticas y a sus intereses”, destacó.

Por tanto, la base jurídica que señala que la medida fue tomada en defensa de los derechos humanos, es ampliamente desmentida y descartada por los expertos. ¿Entonces que hay detrás?

UN ACTO CRIMINAL

Cuando conoció la decisión de Obama de extender el decreto por un año, el sociólogo estadounidense James Petras no dudó en calificar la medida como “un acto criminal”.

Y es que justamente, todo señala a que la intención es apoyar los planes de la contrarrevolución antidemocrática, aglutinada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), para inducir el derrocamiento del legítimo gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Pocos días después de la renovación del decreto, parlamentarios de la oposición emprendieron un periplo por varios países, buscando el respaldo de sus homólogos de la derecha continental para solicitar a la Organización de Estados Americanos (OEA), la aplicación de la Carta Democrática, que sería en cierto modo, el preludio de la ejecución de la Orden de Obama.

Ayer, la MUD presentó la Hoja de Ruta 2016, cuyo propósito es “la salida” por “la vía democrátoca” del actual gobierno. La oposición presentó una estrategia para “activar de manera simultánea las opciones de renuncia, enmienda y revocatorio”.

En la Hoja de Ruta está previsto, “presionar” nacional e internacionalmente al Ejecutivo, para la “renuncia” del presidente Maduro; la convocatoria a referéndum que permita la enmienda constitucional que reduzca el período presidencial y el revocatorio del mandatario. Todo esto valiéndose de una “movilización permanente” y de la “presión internacional”.

El artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana, que señala : “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”, pretende ser nuevamente evocado por la contrarrevolución para darle una falsa legitimidad a las guarimbas y al terrorismo urbano que se avizora se usará como arma para desestabilizar al Gobierno Bolivariano, tal y como se hizo en la operación golpista “La Salida”.

No por casualidad, el slogam de la MUD en esta oportunidad es “con el pueblo y la constitución, vamos con todo”. Tratarán de encubrir acciones de terrorismo y vandalismo, amparándose en el 350.

Ante esta situación, gobernadores de la Patria, ya se han pronunciado. Tareck El Aissami, en nombre de los 20 mandatarios regionales revolucionarios, alertó a la población ante el intento y pretensiones de volver a encender focos de violencia en diversos estados y municipios, que la Hoja de Ruta de la de la contrarrevolución es un golpe de Estado amparado en el decreto de Obama. “La MUD es la operadora que va intentar, aunque no podrá, implementar en Venezuela las sanciones de Obama”, aseveró.

“Ellos (la contrarrevolución) que sigan con su agenda al vacío, su agenda desestabilizadora, violenta y golpista. A nosotros nadie nos podrá sacar de nuestro propósito que es la paz nacional y la activación de la economía productiva”, enfatizó.

También los abogados constitucionalistas Enrique Tineo Suquet y María Alejandra Díaz, señalaron en declaraciones a Telesur ,que presionar la renuncia de un presidente, sin ninguna justificación objetiva, no es una opción prevista en nuestra Carta Magna.

Tineo en tal sentido destacó que la dimisión de un mandatario se convierte en un problema de principio democrático. “¿Por qué va a renunciar si el pueblo de forma democrática, libre y soberana lo eligió? (…) renunciar implica un problema de índole moral (…) El problema de la renuncia es que se está partiendo de una premisa falsa. El país políticamente, socialmente y económicamente y culturalmente hablando, no requiere en este momento de un cambio de presidente. Con eso no se va a arreglar”, dijo.

Mientras, la jurista María Alejandra Díaz, aclaró que la renuncia es un acto volitivo y la coerción es ilegal.

Sobre la enmienda para reducir el mandato presidencial y lograr elecciones este año, Díaz mencionó que aún si se aprobara, sería imposible llamara a elecciones presidenciales sin antes convocar a un referéndum revocatorio.

“Es llamar a revocatorio, ganarlo y a los 30 días tener elecciones. Es la única forma y no creo que tengan tiempo este año, porque para eso se requiere de ciertos plazos y de cumplir con una serie de normas. Se requiere de buscar firmas y que estas cumplan con todas las características legales”, advirtió Díaz.

Por tanto, la premisa de la contrarrevolución según la cual se aferran a lo previsto en al Constitución para el logro de su objetivo político de “cambiar al gobierno”, también resulta clara y se sustenta en una interpretación cuestionable de la legislación venezolana.

Por su parte, el diputado del bloque de la Patria Pedro Carreño, expresó en una entrevista que la medida se debía a la imposibilidad de la oposición fascista de dar un golpe de Estado, “ no los hemos dejado y por eso prorrogaron un año más”.

El Ministro del Poder Popular para la Defensa Vladimir Padrino López, resaltó la necesidad de fortalecer la unidad cívico militar ante esta nueva amenaza contar la Patria.

Todo apunta a que para la contrarrevolución, la culminación de la Hoja de Ruta que han trazado es la aplicación del Decreto de Obama y por tanto, la ocupación del país.

T/Modaira Rubio
I/Loayza

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