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La jurista Olga Álvarez indicó que ese perdón aplica solo en casos políticos

Ley de Amnistía pretende absolver delitos comunes y económicos

4 marzo 2016 | Haga un comentario

Lo que está detrás del instrumento legal es un acuerdo de las élites partidistas opositoras y económicas, en el reacomodo institucional de la nueva Asamblea Nacional, indicó la abogada constitucionalismo

La normativa pretende beneficiar a los victimarios y no a las víctimas

La Ley de Amnistía que pretende aprobar la bancada opositora en la Asamblea Nacional no tiene como objetivo mejorar la aplicación del tema de los derechos humanos, sino que van en contra de los preceptos constitucionales y el avance democrático, manifestó Olga Álvarez, abogada constitucionalista.

“Esta competencia que la Constitución le da a la Asamblea Nacional es una figura excepcional para casos de delitos políticos y la propuesta de los diputados opositores se refiere a delitos socioeconómicos. Aunque estuvieran vinculados a un móvil político, exceden este ámbito”, manifestó la abogada en el foro Amnistía y reconciliación o ¿impunidad criminal?, efectuado en la Escuela de la Defensa Pública.

En caso de aprobarse se absolverá a personas que están juzgadas, con sentencias o que esperan dictámines de los tribunales por delitos comunes, tipificados en el código penal. Incluso hay casos que lesionaron los derechos humanos, expresó Álvarez.

PRESCRIPCIÓN DE CASOS

Pretenden dar amnistía a personas con causas desde el año 1999, incluso uno de los artículos de ese instrumento legal establece que no se puede reabrir investigaciones por delitos cometidos en casos como los de Yumare o Cantaura que son anteriores a 1999, comentó la jurista.

Por eso el presidente Nicolás Maduro ha creado el Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2016 que busca reabrir caso, como los mencionados por la abogada, en los que se beneficie a las víctimas y no a los victimarios como pretende el proyecto de ley de la oposición.

“Queda abierta la posibilidad de amnistiar a delitos por cometer en materia de narcotráfico, terrorismo, daños a la propiedad, acaparamiento, entre otros hasta que entre en vigencia la ley. Me parece que detrás de este instrumento legal se esconden acuerdos políticos y económicos de las élites que vulneran los preceptos constitucionales”, alertó Álvarez

ARRASTRA VICIOS

Ratificó que fue elaborado por una ONG denominada Foro Penal y este grupo de abogados, al que se le hizo la consulta, no representa 0,1% del registro electoral que es a los que le corresponde la iniciativa legislativa, no a un bufete de abogados.

“Este vicio que arrastra la iniciativa legislativa desde su presentación puede ser declarada inconstitucional desde el momento que lo reciba el Presidente de la República. El Tribunal Supremo Justicia (TSJ) dispone de 10 días para dictaminar”, precisó.

Desestimó que este instrumento legal pueda ser sometido a una consulta popular, porque es un “perdón excepcional que da el Estado por delitos políticos”. La otorga la Asamblea Nacional porque es el órgano de representación política a diferencia del indulto que lo otorga el Presidente, agregó.

Actos vandálicos quedarán sin castigo con esta ley

HAY VÍCTIMAS

En la Ley de Amnistía no se nombran personas, a diferencia del indulto. En este caso se mencionan hechos en los que se pasa por alto cerca de 50 delitos. En la ley de amnistía no están los nombres, pero están los hechos y se conocen las personas involucradas.

“Esos hechos tienen nombres y apellidos, fueron reseñados en los medios de comunicación. No aplica el perdón político porque no se trata de delitos políticos”, aseveró y agregó que lo correcto sería constituir una comisión de la verdad para que se establezca si aplican los involucrados.

“El gran problema es que hay víctimas y se está vulnerando el derecho de las víctimas en los casos de muchos hechos que en esa ley se señalan. Han pedido ser escuchados pero hasta ahora la Asamblea Nacional no le ha dado la palabra, ni la respuesta”, argumentó.

ACCIÓN INTERNACIONAL

La Ley de Amnistía ha generado reacciones no solo entre abogados y medios académicos, sino que el Poder Ejecutivo se ha opuesto a este instrumento. Para explicar el exabrupto legal, la canciller Delcy Rodríguez denunció en la 31° sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que la derecha venezolana pretender aprobar una ley de amnistía “que perdona delitos como el narcotráfico, el terrorismo, el fraude inmobiliario y todo tipo de delitos cometidos desde el primero de enero de 1999”.

La Ministra de Relaciones Exteriores solicitó al Alto Comisionado de los Derechos Humanos “un estudio para que se evidencie el carácter anticonstitucional y que violenta los derechos humanos” y que pretende la impunidad en condiciones que no corresponden. Indicó que tal legislación viola la doctrina internacional en materia de amnistía.

La “ley de amnistía”, ha sido denominada también “ley de impunidad”, y es cuestionada por organizaciones de derechos y víctimas de la violencia política de la derecha venezolana, quién en su afán por derrocar a los presidentes Chávez y Maduro, han recurrido a vías extra-constitucionales, que han dejado muertes, heridos, y lesionados.

T/Manuel López
F/Roberto Gil

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