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La propuesta opositora favorece la impunidad

Ley de amnistía violaría acuerdos internacionales en materia de derechos humanos

20 enero 2016 | Haga un comentario

Activistas llevarán su reclamo ante las instancias que sean necesarias. La Constitución establece el derecho a la vida como garantía fundamental. La oposición minimiza y no asume responsabilidad por los hechos de violencia que ha generado

Hechos violentos perpetrados por manifestantes de la oposición

Ante la propuesta de la derecha venezolana sobre una ley de amnistía, el presidente de la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado del 11 de abril de 2002 (Asovic), Edgar Márquez, alegó que para aprobar este instrumento jurídico “debe haberse producido en la sociedad venezolana una conmoción producto de una guerra, situación que no existe”.

Las instituciones del Estado, aseguró, no han estado expuestas porque no se ha presentado una conmoción beligerante: “Aquí lo que se ha presentado son actos de vandalismo, delincuenciales, y hoy, se pretende mediante este proyecto de ley darle libertad a los responsables sin haber sido sometidos a juicio”.

En ese sentido, afirmó que Asovic, el Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado y la Fundación de Familiares de Víctimas de Sicariato Campesino, acudieron a la Asamblea Nacional porque aspiran exponer a la Comisión de Derechos Humanos y en su momento a la Plenaria, los motivos del rechazo al citado proyecto de ley, propuesto por el bloque parlamentario de los partidos de la Mesa de la Unidad (MUD).

Márquez señaló que llevaran las denuncias que sean necesarias a todas las instancias defensoras de los derechos humanos, tanto de carácter nacional como internacional. Ya han acudido a la Asamblea Nacional y tienen previsto consignar una comunicación ante el TSJ. En el extranjero, a la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de Naciones Unidas (ONU), Mercosur y Unasur.

Explicó que entre estas instancias y Venezuela existe un conjunto de acuerdos en materia de derechos humanos, que “serían violados si se aprueba esa Ley de Amnistía, que está a favor de la impunidad”.

DESMOVILIZAR A LOS CAMPESINOS

La presidenta de la Fundación de Familiares de Víctimas de Sicariato Campesino, Mayte García enfatizó que la oposición venezolana ha creado en la zona fronteriza, sobre todo en los estados Zulia y Barinas, “una organización paramilitar, que hemos denunciado desde el 2002. La situación en estos dos estados ha sido terrible”.

Ratificó que han creado una “ramificación paramilitar, lo que llaman los narcouribistas, que sí existen y han asesinado a nuestros familiares. Han creado esa herramienta para asesinar a nuestros campesinos, para desmovilizarlos de la tierra”.

Toda esta situación se ha estado presentado desde que el Comandante Hugo Chávez arribó a la Presidencia de la República, “desde entonces, ellos (la oposición) han intentado hacer esta jugarreta, que evidentemente en este momento está en su máxima expresión”.

En su opinión, una eventual aprobación de esta ley, significa que “Van a quedar impunes todos los hechos violentos en los que han fallecidos nuestros familiares. De hecho, van a premiar a personas que se han dedicado a hacer política asesinando a quienes piensan o tienen un proyecto político diferente, que en este caso es el proyecto revolucionario”.

Presidente de Asovic, Edgar Márquez, y la presidenta de la Fundación Víctimas de Sicariato, Mayte García

EL CONTRASTE CON OTROS CASOS

El coordinador de la Red Nacional de Derechos Humanos, Asdrúbal González comentó que el año 1992 efectivamente “hubo una amnistía con el ciudadano Hugo Chávez, pero estamos ante dos casos diferentes”, entre la ocurrida en ese entonces y la situación presente.

Explicó que Chávez asumió la responsabilidad ante el país por los hechos ocurridos en el año 92, y fue juzgado por los mismos, “en esta oportunidad la mayoría de las personas que están solicitando amnistía, ni siquiera han sido juzgados, están todavía los procedimientos abiertos. Estas personas ni siquiera se retractan de los hechos violentos que ocurrieron en el año 2004”.

González ratificó que se trata dos situaciones diferentes, en una el presidente Chávez asume la responsabilidad política, pero en esta oportunidad, “tenemos personeros políticos que se niegan a aceptar una responsabilidad política ante la situación que está viviendo Venezuela. Unas acciones que generaron violencia e incertidumbre”.

La ley de amnistía, explicó, podría facilitar que Yonny Bolívar Jiménez, quien fue condenado a 17 años de prisión por el asesinato de Adriana Urquiola, “saliera en libertad, ya que sus abogados podrían alegar legítima defensa”.

Según el activista de los derechos humanos la posible aprobación del instrumento legal planteado por la oposición beneficiaría a unas cinco mil personas”. Estamos hablando de 17 años, porque también gozarían de este beneficio las personas que despidieron de PDVSA, los que protestaron por el tema de la Ley de Educación en el 2004, los responsables de los hechos de los años 2002, 2013 y 2014”.

Añadió que “la defensa podría alegar que la persona es un perseguido político por algunas causales que ellos puedan interpretar, gozarían de este beneficio de amnistía. Incluso los militares o personas que estén siendo investigados por traición a la patria, también gozarían el derecho de amnistía”.

En opinión de González, el proyecto de Ley de Amnistía “es tan impune que toda persona que se considere perseguido político podría gozar ese beneficio. Es una situación bastante grave, porque no solo abarca a los responsables de las guarimbas. Estamos hablando por ejemplo, la personas que han solicitado asilo como la periodista Patricia Poleo, los que estuvieron en los atentados de España y Colombia”.

“No podemos apoyar la amnistía en hechos tan abominables como el paro petrolero, que generó una pérdida a la nación, o de las guarimbas de los años 2013 y 2014, que dejó más de 52 fallecidos y 870 heridos. Hay una serie de situaciones relevantes en las que hay víctimas fatales y víctimas con lesiones psicológicas, morales. Eso no puede quedar impune”, argumentó.

Sobre la Comisión Nacional de Justicia, Verdad y Paz propuesta por el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante la presentación del mensaje anual a la Nación en la AN, estimó que como defensores de derechos humanos a finales del pasado mes de diciembre publicaron un comunicado, en el cual apoyan y solicitan la constitución de una comisión con ese mismo nombre, que estudie e investigue cada unos de esos hechos violentos.

El director general de la Organización Internacional Venezolana de Derechos Humanos, William Alcalá

ANTE UNA POSIBLE VIOLACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN

Por su parte, William Alcalá, director General de la Organización Internacional Venezolana de los Derechos Humanos, estimó que al nuevo Parlamento Nacional, “se le olvidó algo”, ya que el Artículo 29 de la Constitución Nacional, “es bien claro, esos señores no pueden gozar de esos beneficios, ni de indulto, ni amnistía”.

Por esa razón, enfatizó que la bancada parlamentaria de la oposición venezolana pretende aprobar una ley, que “va a pasar por encima de la Constitución”, lo cual “no puede ser, ya que hay que respetar el derecho a la vida”, al referirse a las 43 personas que murieron en las guarimbas impulsadas por la oposición en el 2014.

Informó que el proyecto de Ley de Amnistía tiene el rechazo de cerca de 150 organizaciones de derechos humanos, “no estamos de acuerdo”. Para referirse a las intenciones de la oposición señaló que “sus ansias de poder los tienen ciegos y no se dan cuenta que están violando derechos humanos, inclusive derechos laborales, porque si el Gobierno no toma acciones inmediatas, los trabajadores de ANTV, se hubiesen quedado en la calle”.

Esperarán por una respuesta de la directiva de la Asamblea Nacional, y dependiendo de la respuesta tomarán otras acciones, entre las cuales figura consignar un documento jurídico ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), órgano que también tiene competencia para pronunciarse sobre este proyecto de ley.

T/Leida Medina
F/Miguel Romero
José Luis Díaz

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