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Activado el Plan Nacional de Derechos Humanos

En Tumeremo no habrá impunidad como sí hubo en la Cuarta República

10 marzo 2016 | Haga un comentario

El Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, señaló enfáticamente que en este caso, toda la institucionalidad del Estado se activó para conocer la verdad e imponer las sanciones correspondientes

Se lleva a cabo una investigación de alto nivel con la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz al frente

Tras los hechos aún no esclarecidos ocurridos en Tumeremo, estado Bolívar, algunos sectores de la oposición han querido hacer comparaciones con las denominadas masacres de El Amparo ( 1988) y de Yumare (1986) , perpetradas durante el gobierno adeco de el ex presidente Jaime Lusinchi, alegando que el Gobierno Bolivariano busca “ocultar” los acontecimientos.

La realidad demuestra lo contrario. Todos los poderes públicos se han trasladado al lugar para desplegar un operativo sin precedentes a fin de esclarecer la verdad, así lo señala el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos Larry Devoe.

“En el caso de Tumeremo, se presentó una denuncia y de inmediato toda la institucionalidad del Estado se activó para conocer la verdad de lo que sucedió, a través de las investigaciones pertinentes, y de ser el caso, imponer las sanciones necesarias”, subrayó Devoe.

“El mismo presidente Nicolás Maduro, al frente del Poder Ejecutivo, ha manifestado su compromiso para apoyar que se lleven a fondo las acciones necesarias para que se conozca qué sucedió realmente”, indica Devoe al tiempo que recuerda que “eso no ocurrió en el pasado”.

“Con los hechos de El Caracazo, por ejemplo, el aparato del Estado trabajó para generar impunidad; el sistema de justicia de la época, hubo complicidad para proteger a los responsables. Eso forma parte de la práctica que caracteriza a ese sector político que gobernó en el pasado, en la Cuarta República, y que ahora pretende volver a reeditar esa práctica con la supuesta Ley de Aminstía”, destacó.

NI YUMARE, NI EL AMPARO: HAY UN PLAN DE DERECHOS HUMANOS EN EJECUCIÓN

La diferencia de estos hechos, con los sucedidos en Yumare y El Amparo, es que hoy existe un “nuevo Estado que reacciona de manera expedita ante cualquier violación de los derechos humanos y para que se imponga la justicia y la verdad”, dice Devoe.

“Los mismos actores políticos que hoy buscan procurarse impunidad,son los que ayer colaboraron con el no esclarecimiento de diversos episodios de violencia que se dieron en la Cuarta República. Son los que ahora que tienen la mayoría circunstancial en la Asamblea Nacional, quieren dejar impunes asesinatos y daños a la propiedad pública y privada que se dieron durante las guarimbas. Quieren generar autoimpunidad para ellos y sus partidarios, como lo hicieron ayer, con los torturados, los desaparecidos del Puntofijismo”, prosiguió Devoe.

En la mayoría de esos casos ocurridos en el Puntofijismo, aún no se han establecido las responsabilidades. Mientras que en Tumeremo “se lleva a cabo una investigación del más alto nivel, con la Defensoría del pueblo, el Ministerio del Poder Popular para Interior y Justicia; un despliegue importante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los Cuerpos inteligencia y seguridad. Eso es un inmenso contraste con lo que sucedió en otras épocas donde se actuaba para que no se conociera la verdad”, resaltó Devoe.

“En la Cuarta República, se activaba la institucionalidad para proteger a los culpables, desaparecer evidencias y vulnerar los derechos de las víctimas y de sus familiares”, explicó el funcionario quien además resaltó que aún no se conoce qué ocurrió realmente pero se sabe que el Estado está haciendo todo el esfuerzo y la movilización para que se conozca la verdad y se castigue a los culpables.

Y es que lo que hace el Gobierno Bolivariano, es dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2015-2019, que es un instrumento elaborado para dar cumplimiento a lo que establece nuestra constitución y a todos los convenios internacionales suscritos por el país para garantizar por el cumplimiento de los mismos.

“El plan es vinculante para todos los órganos del Ejecutivo y todo los poderes públicos. También exhorta a las organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos, independientemente de su tendencia política a realizar el acompañamiento y el seguimiento para que se cumpla”, resaltó Devoe.

“En Venezuela nunca antes se había adoptado una medida de esta naturaleza, nunca se había compilado y se había hecho pública un política de Estado en materia de derechos humanos y este es el principal impacto que tiene este plan nacional, eso nos permite seguir avanzando para superar los desafíos que aún tenemos por delante. No todo está resuelto. Heredamos una inmensa deuda social de la Cuarta República, donde sí existió como lo demuestran las evidencias, la represión y la violación de los derechos humanos como una política sistemática para someter al pueblo”, explicó.

“Por instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro se tomó la decisión de presentar el Plan en las instancias internacionales, para que el mundo conozca cuál es la política del estado venezolano por la que se va a regir este tema hasta el 2019. eso ratifica la voluntad de nuestro país de cumplir y hacer cumplir los tratados internacionales y convenciones que hemos suscrito en materia de derechos humanos”, prosiguió.

La FANB ha realizado un importante despliegue para esclarecer los hechos

PAPEL DE LOS MEDIOS

La presentación de este pla en los organismos multilaterales, es además punta de lanza para romper la matriz negativa que se ha construido en la mediática internacional sobre Venezuela con ese punto, especifica Devoe.

“En el ámbito internacional, se ha utilizado el tema de los derechos humanos con fines políticos para atacar el proceso de transformación política y social que está en marcha en Venezuela desde 1999”, indica Devoe.

En este sentido, y con lo ocurrido no sólo en Tumeremo sino también a raíz de la matriz que quiere imponer la contrarrevolución según la cual el Estado venezolano vulnera los derechos humanos de su población, Devoe hace un llamado a la sindéresis.

“Los medios no pueden contribuir a erosionar la credibilidad de los organismos encargados de investigar y establecer responsabilidades e imponer sanciones, porque de esta manera privan a la ciudadanía de confiar en los mecanismos garantes de la tutela de sus derechos. La apuesta de todos debe ser consolidar ese sistema de protección que hemos construido y que está expresado en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2015-2019 que hemos aprobado”, resaltó.

En ese sentido, Devoe hizo un llamado a colocar de lado posiciones partidistas o de militancia política para tributar todos al robustecimiento de nuestro sistema de derechos humanos que cuenta con el aval de organismos internacionales especializados en la materia.

EL DECRETO DE OBAMA Y EL DECRETO DE CARMONA ESTANGA TIENEN EL MISMO ORIGEN

Para Devoe, la prórroga dictaminada por el presidente estadounidense Barack Obama, que declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para al nación más poderosa del mundo, es una burla a los gobiernos de los países que en la pasada Cumbre de las Américas rechazaron la orden ejecutiva y para los organismos multilaterales, como la Alianza para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Unión Suramericana de Naciones (Unasur), Mercosur, el Movimiento de los No Alineados, que desaprobaron esta medida.

“En las mismas Naciones Unidas, la elección y posterior reelección de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos y en el Consejo de Seguridad, es una demostración del rechazo a esta decisión unilateral de Obama. El decreto se basa en la supuesta violación de los derechos humanos por parte de Venezuela. EEUU está solo y aislado en su posición de querer atacar a Venezuela con ese punto”, recalcó Devoe.

“El Decreto Obama usa un tema sensible como el de los derechos humanos, que moviliza sectores internacionales, para agredir y atacar a países soberanos que no se plieguen a sus designios. La ratificación de la Orden Ejecutiva es una expresión de al soberbia imperial”, explicó el funcionario.

Devoe informa que EEUU sí tiene una situación delicada en materia de Derechos Humanos, ampliamente documentada en informes realizados por entes adscritos a las mismas Naciones Unidas. “Ellos están lejos de tener las políticas y la institucionalidad que nosotros tenemos para garantizar y velar por el pleno goce de los derechos humanos de la población. Por eso no tienen autoridad ética ni moral, para cuestionar ni a Venezuela ni a ningún otro país. Pero eso forma parte de su política exterior, utilizar la supuesta bandera de los derechos humanos para atacar y doblegar a otras naciones”, indicó.

Por ello, no es de extrañar que la tesis de la contrarrevolución para aplicar una Hoja de Ruta a fin de derrocar al gobierno legítimo y democrático de l presidente Nicolás Maduro, también se sustente en la supuesta vulneración de los derechos humanos por parte del ejecutivo Nacional. En eso se sustentan las declaraciones de “emergencia en salud” y “alimentaria”, impulsadas desde la Asamblea Nacional.

Sobre ese supuesto, se sustentó el Decreto inconstitucional del dictador Pedro Carmona Estanga, quien con una firma pretendió derogar todo el Estado de Derecho, recordó Devoe.

“El golpe de estado de 2002, eso está escrito en el documento que suscribió Carmona, se dice que actuaron de esa manera porque el presidente Hugo Chávez había violado los derechos humanos de la población civil al ordenar que le dispararan a los manifestantes”, reseñó Devoe.

La esencia de la contrarrevolución y de los enemigos de la Patria es la misma. Con su doble discurso, mientras propiciaron y propician la impunidad de los crímenes contra el pueblo, atacan a un Estado que por primera vez en su historia ha presentado ante el mundo, un Plan Nacional de Derechos Humanos producto no sólo de la elaboración de expertos sino de los aportes realizados por el poder popular organizado en un proceso de consulta abierto.

T/Modaira Rubio
F/Archivo CO

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