La diputada del Parlatino, Marelis Pérez, espera que el periodista José Vicente Rangel presida el organismo, el cual debe estar instalado antes de que termine 2011. Al menos 3.000 personas fueron asesinadas, desaparecidas o torturadas durante la IV República

Para quienes emprendieron la lucha revolucionaria en los años 60, hoy es un día de tristeza e indignación. Hace 46 años, los cuerpos de seguridad del Estado capturaron al dirigente Alberto Lovera, y lo desaparecieron; su cuerpo apareció en las playas de Lechería (Anzoátegui). En su memoria, y en la de centenares de personas que sufrieron la represión, comienza hoy en la Asamblea Nacional la segunda discusión de la ley para investigar los crímenes de la Cuarta República (1958-1998).

“Se cumplen 46 años de la captura de Alberto Lovera. En homenaje a Lovera y a todas las víctimas de esos crímenes, propusimos comenzar mañana (hoy) la segunda discusión de la ley”, informó Marelis Pérez, diputada del Parlamento Latinoamericano por el Partido Socialista Unido de Venezuela.

Pérez recordó -en entrevista telefónica con el Correo del Orinoco- que la ley incluye la creación de la comisión por la justicia y la verdad, la cual estará constituida por representantes de los poderes públicos y del poder popular.

“A esa comisión le toca la tarea de abrir expedientes, solicitar comparecencias, acceder a a documentos. Se va a tener acceso a documentos (policiales y militares) que hasta ahora han tenido un carácter secreto”, destacó.

La dirigente socialista no quiso adelantar cuántas personas integrarían la comisión, pero sí adelantó el nombre de quien quiere que la presida: el periodista y exvicepresidente José Vicente Rangel, quien desafió el silencio impuesto por los Gobiernos de la época y denunció en el Congreso las masacres y asesinatos.

“Para nosotros sería un honor, una alegría y una fortaleza”, porque “siempre nos ha estado acompañando y nos ha alentado para seguir adelante. Él es una referencia ética y política”, aseveró Pérez.

Una vez aprobada la ley -lo que podría suceder esta semana- la comisión deberá instalarse en un lapso máximo de dos meses. El grupo de trabajo, adscrito al Poder Ciudadano, tendrá tres años para investigar los hechos y establecer las reparaciones pertinentes.

SALDAR UNA DEUDA

Con la normativa, de menos de 30 artículos, “se saldará una deuda histórica, política y ética con miles de familias de venezolanas y venezolanos que fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad, cometidos durante los gobiernos de Acción Democrática y Copei”, resaltó la diputada.

Pérez sostiene que, durante los años de mandato de ambas organizaciones políticas, se le ocultó al país el terrorismo de Estado que se practicaba. “Tuvimos una democracia restringida y represiva, aunque se le dijo al mundo que vivíamos en plena democracua después de la caída de la dictadura”, acusa. El rescate de la memoria histórica busca que Venezuela y el mundo conozcan los hechos.

Los números no dan fe cierta de lo sucedido, porque en esa época, recuerda la dirigente, no se podía denunciar. Pero con base en testimonios e investigaciones diversas, calcula que al menos 3 mil personas fueron asesinadas, desaparecidas o torturadas durante el llamado Puntofijismo (régimen que gobernó al país entre 1958 y 1998).

Como la ley incluye la creación de comisiones estadales, Pérez está convencida de que esa cifra de 3 mil mujeres y hombres se va a quedar corta.

Con las pesquisas, advierte, “se desenmascarará esa falsa democracia”, y se evidenciará que “los falsos demócratas, que pretenden acusar al Gobierno Bolivariano de violar los derechos humanos, no tienen moral para hacerlo”.

-¿Por qué no se incluyen, como lo pidieron factores de oposición, los crímenes de Pérez Jiménez (1952-1958)?

-La periodización de esta ley es una acusación muy clara sobre ese periodo en el cual AD y Copei gobernaron y le mintieron al país y a la comunidad internacional. La realidad es que no sólo violaron los derechos humanos, sino que aplicaron un programa neoliberal, desde los años 70, que excluyó a millones de familias. Esta es una ley especial, dedicada a un periodo especial de terrorismo de Estado que fue tomado como ejemplo para las posteriores dictaduras del Cono Sur.

CRÍMENES DIVERSOS

La mayor represión ocurrió en el contexto de la lucha armada contra el régimen de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni. Pero las revolucionarias y los revolucionarios que se alzaron afirman que se capturó y se asesinó a personas desarmadas (como el caso de Alberto Lovera), y no se mató a combatientes en acciones de guerra.

“Tenemos registro de crímenes terribles, de tratos realmente inhumanos y crueles, de desapariciones forzosas”, de espacios para la tortura como los Teatros de Operaciones (TO). Familias enteras, recuerda la parlamentaria, “pasaron más de 40 años tocando las puertas de las instituciones públicas, y nunca se les dio respuesta”.

Recuerda la consigna implementada por Betancourt: disparen primero y averiguen después. Con base en esa política, “se reprimieron movilizaciones, se inhabilitó políticamente a parlamentarios y se los encarceló sin fórmula de juicio, se suspendieron las libertades públicas”.

-¿Por qué no se investigó en la época?

-La investigación fue obstaculizada e impedida. Por ejemplo, con el caso de Alberto Lovera, no había interés en conocer la verdad. La institucionalidad del Estado estaba involucrada en la planificación de esos crímenes. El propio Estado participó y creó una institucionalidad para violar los derechos humanos. Por eso decimos que la ley permitirá saldar una deuda histórica.

La persecución contra miles de venezolanas y venezolanos ocurrió porque “levantaron las banderas del socialismo, y eso era como un pecado”, precisó Pérez. “El socialismo se le metió en el patio trasero al imperialismo gracias a Cuba, y eso era inadmisible”. Por ello, desde Estados Unidos se desarrolló una política de contrainsurgencia que tuvo a Venezuela como conejillo de Indias, denunció.

MEMORIAL Y REIVINDICACIÓN

Uno de los elementos que quieren poner en claro las revolucionarias y los revolucionarios es que, quienes lucharon en los años 60 y 70 “no eran bandoleros ni delincuentes”, sino personas “de gran calidad humana, y con un compromiso social y político”.

La reivindicación incluye la instalación de un memorial, en un lugar emblemático: el Cuartel San Carlos, “que forma parte de la historia viva”. Aun cuando el proyecto es algo que puede cambiar, “se ha pensado en una estructura que recoja los nombres”. Marelis Pérez señala que la Asociación Bolivariana de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, Asesinados y Torturados Contra el Silencio y el Olvido ya ha trabajado en esta dirección.

Pero además, el Centro Nacional de Historia y el Archivo General de la Nación se encargarían de sistematizar los testimonios y documentos a fin de que “esa memoria viva quede para las presentes y futuras generaciones”. Por otra parte, el Ministerio del Poder Popular para la Educación se encargarían de incorporar este tema a los planes de estudio.

-¿Está prevista la indemnización?

-Nosotros no queremos hablar de indemnización. Por eso le dimos a la ley un sentido humanista, de reivindicación del honor y la dignidad de las víctimas. Muchas personas, producto de sus ideas, fueron excluidas del campo laboral, o quedaron con enfermedades mentales o físicas. Ya comenzamos a hacer un sondeo de las víctimas directas o indirectas que requieren ayudas. Eso incluye la entrega de pensiones, la atención médica y la restitución de tierras, entre otras medidas.

LOS DESAPARECIDOS DEJARÁN DE ESTAR EN EL LIMBO LEGAL

La ley contra los crímenes del Puntofijismo pretende saldar deudas también con el estatus legal de las personas desaparecidas.

“La Cuarta República nunca reconoció las desapariciones forzosas, y quienes fueron desaparecidos quedaron como que no existieran”, denunció la diputada del Parlatino, Marelis Pérez.

La inclusión de un artículo de declaración legal de muerte por desaparición forzada permitirá que el Estado, luego de las investigaciones, “pueda oficialmente declarar a la persona como muerta-desaparecida, para hacer los trámites legales y la debida reivindicación a las familias venezolanas que han tenido esa herida abierta”, justificó. Aun cuando tal vez no se pueda determinar quiénes desaparecieron a su ser querido, o dónde se encuentran los restos, “las acciones establecidas en la ley son una respuesta para la familia”.

EL DATO

A la 1:00 pm de hoy, las y los familiares, amigas y amigos de los torturados, asesinados y desaparecidos durante la Cuarta República se concentrarán frente al Palacio Federal Legislativo, en Caracas, para apoyar el debate de la llamada “ley contra el silencio y el olvido”.

LA DESAPARICIÓN SE INSTITUCIONALIZÓ

* “La figura del desaparecido surge en Venezuela a finales de 1964. En realidad, el término quizás no es correcto, ya que de lo que se trata es del secuestro de ciudadanos por parte de organismos policiales y de seguridad del Estado. Ocurrida la detención, esta no es reconocida por las autoridades, provocando en consecuencia una intensa búsqueda del detenido por sus familiares, con la consiguiente desesperación a medida que las gestiones resultan negativas. Este método despiadado ni siquiera fue empleado por Rómulo Betancourt -justo es reconocerlo-, quien se prodigó en el ensayo de una gama de recursos represivos dirigidos a eliminar al adversario político, a segregar ideológicamente y a quebrantar la estructura de las organizaciones revolucionarias. La desaparición de personas detenidas por los organismos de seguridad corresponde, realmente, al gobierno del presidente Raúl Leoni”.

* Tomado del libro Expediente Negro, de José Vicente Rangel

ALGUNAS VÍCTIMAS DE LA IV REPÚBLICA

Un asesinado:

Alberto Lovera

Fue detenido por la Digepol, en Caracas, el 18 de octubre de 1965.

Murió a causa de las torturas recibidas.

Su cuerpo apareció flotando en las playas de Lechería; tenía una cadena amarrada en el cuello, de la cual pendía un pico.

Un torturado:

Efraín Labana Cordero

Fue detenido en diciembre de 1965 (gobierno de Raúl Leoni-Acción Democrática) y pasado al Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (SIFA).

Lo trasladaron a un campo antiguerrillero en el estado Lara, donde lo torturaron salvajemente.

Un desaparecido:

Víctor Soto Rojas

Sociólogo egresado de la UCV. Fue detenido y desaparecido en 1964 (gobierno de Raúl Leoni-Acción Democrática) por los cuerpos de seguridad del Estado. Los testimonios indican que habría sido lanzado desde un helicóptero.

T/ Vanessa Davies
F/ Luis Franco, Héctor Rattia y Archivo CO