La Revolución Bolivariana tiene para su preservación una carrera de dificultades que transar positivamente, entre las cuales destacan la conversión del proyecto nacional en uno de carácter sustentable y sostenible en el tiempo, así como el cuido de los elementos que como logros ha conquistado el pueblo venezolano para su propio beneficio.
Para ello no se puede caer en el juego de quienes tienen suficiente tiempo para trabajar en torno a lo que han denominado un “cambio de gobierno”, y que poseen suficiente respaldo popular, como el que obtuvieron el 6 de diciembre. Las diputadas y los diputados de la Asamblea Nacional (AN) de mayoría opositora pueden darse el lujo de despilfarrar el tiempo sin que ello les afecte en el mediano plazo.
El Gobierno Nacional, que acaba de ser objeto de un desgaste en su popularidad luego del 6-D, no tiene el mismo tiempo ni las mismas condiciones para transarse en un constante conflicto con el Poder Legislativo Nacional, más allá de quien lo origine, por el simple hecho de que la República Bolivariana de Venezuela no tiene como modelo político un esquema parlamentario: es una República presidencialista con división en cinco poderes públicos y un modelo democrático y participativo.
Siendo así, esto implica que, nos guste o no, las venezolanas y los venezolanos siempre van a dar mayor peso de responsabilidad por lo que se hace y lo que no se hace en determinada materia al Presidente de la República, como Jefe de Estado, de Gobierno y Administrador de la Hacienda Nacional, y su equipo de gobierno, más que a un Poder Legislativo que posee funciones bastante delimitadas con el modelo de pesos y contrapesos pensado por el Constituyente en la Carta Magna de 1999.
A todas estas, hasta la fecha el pueblo venezolano espera soluciones y no boxeos de sombra. Rechaza arbitrariedades y desenfrenos, pero a su vez reclama que la dirigencia política nacional, barajada por el mismo pueblo en votación popular, se involucre y trabaje en solucionar sus más sentidos problemas, de los cuales al parecer no padece la clase política venezolana.
El Ejecutivo Nacional debe tomar las decisiones que tenga que tomar y asumir ante el país lo que tenga que asumir ante la difícil situación económica que afecta al pueblo venezolano. Esto más allá de si la AN le acompaña o no en esta labor, cosa que no parece lógica cuando el propósito de la oposición es activar los mecanismos del cambio de Gobierno los venideros seis meses.
La Asamblea Nacional será juzgada popularmente en su momento, y también tendrá que asumir su cuota de responsabilidad ante el país, ya que no obtuvo la confianza de la votación popular para andar perdiendo el tiempo en procura del Palacio de MIraflores, cuestión que no interesa en estos momentos a la gente.
El país no puede pasarse una eternidad esperando que se diriman agendas políticas para saber qué se va a hacer en función de los problemas que le aquejan. El debate político actual está divorciado de la realidad cotidiana e implica acciones rápidas y enérgicas, involucrando por supuesto a todos quienes contribuyan de verdad y conscientemente ante el país a la construcción de alternativas serias para cabalgar satisfactoriamente esta tormenta, tal como lo mencionó el presidente Maduro en su Mensaje Anual ante el pleno del Legislativo.
El Consejo Nacional de Economía Productiva debe avanzar en resoluciones concretas, el país lo exige. El reloj sigue y seguirá su camino, nadie lo va a detener. El tiempo es valioso en estos momentos.