El anuncio del Ministerio del Trabajo de Chile de no renovar la suma urgencia en la discusión del proyecto que reforma el sistema previsional reabrió el debate sobre las promesas incumplidas del Gobierno de Gabriel Boric, las que suman varios pilares de su programa de Gobierno y que Sputnik revisa junto a especialistas y dirigentes sociales.
El 24 de julio de 2016, miles de personas salieron a las calles a lo largo del país sudamericano a exigir el fin de las aseguradoras de fondos de pensiones (AFP) en reclamo a las míseras jubilaciones que el sistema, impuesto durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), entregaba a los pensionados.
Siete años después, nuevamente el movimiento NO+AFP salió a las calles reiterando su compromiso de luchar por restituir la seguridad social y acabar con el actual sistema de capitalización individual instaurado en 1981 y que, sostienen, ha resultado ser un total fracaso para el mundo del trabajo.
«Los datos que dan cuenta que el sistema de ahorro forzoso ha fracasado completamente son irrefutables. Por ejemplo quienes cotizaron entre 35 y 40 años, es decir, toda una vida de trabajo, la mitad de ellos pudieron financiar una pensión que está por debajo de los 309.000 pesos [380 dólares]. Ese monto representa el 70% del salario mínimo», explica a Sputnik Luis Medina, vocero histórico de la Coordinadora de No+AFP.
«El promedio actual de las pensiones está por debajo de los 230.000 pesos [285 dólares]. Más del 60% de las actuales pensiones se hallan por debajo del ingreso mínimo que está hoy en 410.000 pesos [508 dólares] y un 40% no alcanza a cubrir la línea de la pobreza», añade el dirigente.
Medina afirma que el sistema es abiertamente discriminatorio hacia las mujeres y una clara muestra de ello es que «en los últimos 15 años, 670.000 mujeres se han pensionado. La mitad de ellas solamente han podido autofinanciar una pensión por debajo de los 35.000 pesos [43 dólares] y tener que esperar hasta los 65 años para acceder a la pensión del Pilar Solidario» que el Estado entrega al 60% más vulnerable de la población.
En noviembre de 2006, el Gobierno de Gabriel Boric presentó ante el Congreso un proyecto para reformar el actual sistema de pensiones privado y sustituirlo con un sistema mixto con participación del Estado. En este nuevo sistema los empleadores aportarían un 6% del salario de los empleadores para constituir un «seguro social» y brindar mejores pensiones.
Para el vocero de No+AFP, la antedicha propuesta del Ejecutivo «se ha derrumbado completamente». Considera asimismo que a pesar de ser insuficiente, el proyecto tenía como positivo «que construía un seguro social, chico, pero lo construía. Y un seguro social tiene la característica de que es solidario, permite que ese ahorro de todos vaya en beneficio de quienes más lo necesitan».
El pasado 29 de julio se realizó la cuarta sesión de la mesa técnica integrada por el Gobierno y representantes de los partidos políticos con el objetivo de viabilizar la reforma al sistema de pensiones.
En dicha instancia el Ejecutivo mostró a los técnicos su propuesta de distribución del 6% de cotización adicional: un 4% se destinará a seguros sociales y el restante 2% a cuenta individual de los afiliados.
Según lo decida el afiliado, el proyecto del Gobierno establece que ese 2% lo manejarían los Inversores de Pensiones Privados (IPP), que sustituirían a las AFP, o bien el organismo inversor de carácter público y autónomo.
El dirigente social recuerda que la gente «votó confiando» en Boric ante su promesa de «eliminar las AFP» y reemplazarlo con un nuevo sistema de seguridad social como señalaba su plan de Gobierno. «Sería una transgresión al mandato que el pueblo le dio que Gabriel Boric no solamente no terminara con las AFP, sino que además las fortaleciera entregándole uno, dos o tres puntos más a las AFP».
«El Gobierno tiene que hacerse responsable», sentencia el vocero.
Condonación de créditos universitarios y reconstruir la educación pública
El 25 de julio, la comisión de educación de la Cámara de Diputados rechazó el proyecto del diputado Gastón Rivas que buscaba condonar las deudas del Crédito con Aval de Estado (CAE), y no así derogar el mecanismo de financiamiento.
Mediante el CAE los bancos financian la instrucción universitaria a estudiantes de pocos recursos. Según un informe de Fundación Sol, a de diciembre de 2022, había 777.171 personas pagando el crédito universitario y un récord de 464.652 morosos.
La derogación del CAE estaba contemplada en el programa de Gobierno de Boric, en el que se afirmaba: «Pondremos fin al CAE y crearemos un nuevo sistema único de créditos que será transitorio hasta alcanzar la gratuidad universal. Será público, solidario, sin interés, sin participación de los bancos y no reproducirá los abusos del CAE».
A casi un año y medio de gestión el compromiso no se ha cumplido, a pesar de que el propio el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, lo anunció a solo dos meses de asumir el Gobierno.
Para Diego Parra, integrante del Foro por el Derecho a la Educación Pública e Investigador del Observatorio de Políticas Educativas de la Universidad de Chile, aún hay tiempo para que el Gobierno presente un proyecto.
«Desde el Ministerio de Educación se entregó un plazo hasta este 2023 para presentar una propuesta que modifique el CAE, y pasar a un sistema gradual con énfasis en el cambio a un sistema de financiamiento, principalmente sin la presencia la banca. Le quedan cinco meses para hacer esta entrega de propuesta», indicó Parra a Sputnik.
«No sabemos cuál es en definitiva la propuesta y cómo operará efectivamente la condonación, cómo será el nuevo sistema de financiamiento, y si efectivamente este tiene una connotación solidaria. Y cómo van a sacar a la banca dentro de este, como actor intermediario que ha sido justamente el más favorecido desde la presencia del CAE, desde el 2005 en adelante», señala el investigador.
«Hay bastante ambigüedad por parte del Gobierno, ya que en general, en todas sus propuestas y salidas mediáticas ha dado luces de fortalecer más bien un sistema mixto en todos los sistemas, en particular en el educativo», añade.
Es a partir de este análisis que el investigador aborda el tema de la educación pública, donde el programa de Gobierno proponía la «reconstrucción y expansión de la educación pública gratuita y de calidad», frente a lo que Parra considera un «sistema educativo mercantil».
De acuerdo con Parra, el Gobierno de Boric no ha buscado frenar el avance de este modelo educativo que «promueve lógicas de gerenciamiento privado en el sistema público y conserva también el rol subsidiario el Estado».
«No hay señales concretas y claras de fortalecer el sistema de educación pública (…) Es muy bajo el aporte del Estado chileno a los planteles universitarios, no superan necesariamente el 20%, en general, como promedio, como aporte estatal a la universidad públicas», añade el investigador de la Universidad de Chile.
«Por lo tanto a las universidades no les queda otra que funcionar como universidades privadas (…) y no se han entregado luces claras, políticas y también propuestas concretas hacia el fortalecimiento de la educación superior pública», concluye.
Deuda histórica de los profesores
El pasado 25 de julio, representantes del Colegio de Profesores llegaron hasta La Moneda (sede del Poder Ejecutivo) para entregar una carta en la que exigen, entre varios puntos, la reparación de la denominada «deuda histórica» con los educadores.
Esta hace referencia al perjuicio salarial que sufrieron miles de docentes de escuelas públicas durante la dictadura, cuando la administración de los establecimientos fue traspasada desde el Estado a las municipalidades, lo que impidió que los profesionales recibieran el reajuste salarial que estaba contemplado por ley.
Los gremios docentes han cuestionado que el Ejecutivo se haya comprometido a enviar este año una ley para dar solución a esta demanda, algo que aún no ha sucedido. Más aun cuando en marzo el propio Boric en una entrevista televisiva dejó entrever que el tema, al igual que la condonación del CAE, no era la primera prioridad en materia educativa.
En ese contexto, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, habló ante la prensa chilena de un «doble incumplimiento» por parte del Gobierno, ya que en la primera cuenta pública de Boric, el 1 de junio de 2022, «se comprometió a enviar un proyecto de ley para reparar la deuda histórica en diciembre del año pasado. Eso no lo cumplió»
«Este año, el primero de junio, explica por qué no mandó el proyecto, pero se compromete a (…) avanzar en reparar la deuda histórica de los casos más urgentes. De eso han pasado casi dos meses y tampoco hemos tenido ninguna noticia», afirmó el colegiado.
Sobre las promesas de Boric, «hay mucha tela que cortar», afirma ante Sputnik Luis Fuentes Urra, fundador y encargado de Relaciones Públicas del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE).
«Respecto del punto relativo a la deuda histórica que me mantiene con los trabajadores docentes, no es diferente que otras promesas que hizo en campaña. (…) La lista es larga, pero, yendo al punto, el señor Boric (…) olvida que miles de los afectados han muerto esperando dicha reparación», indica el representante sindical.
«Pero siendo claros, esa deuda no se cancelará por la ‘buena onda’ de los Gobiernos de turno. La única forma que vemos nosotros como SUTE es que se logrará a través de la organización del conjunto de los trabajadores de la educación y, con ellos, el conjunto de los postergados de nuestro pueblo», sostiene Fuentes.
Reparación a las víctimas de represión policial
En el punto 26 de los llamados Cambios Concretos del programa de Gobierno de Boric se señala que habrá «reparación integral» a las víctimas de violación de derechos humanos en el curso del estallido social que comenzó el 18 de octubre de 2019, «con énfasis en víctimas con daños físicos irreversibles, lesiones oculares y violencia sexual, incluyendo a las y los familiares de víctimas de homicidios».
Sin embargo, desde la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular acusan que tampoco se ha cumplido esta promesa.
«El mismo Gobierno fue el que nos hirió, el Estado fue el que nos mutiló y es el mismo Estado el que quiere repararnos, pero no nos repara, nos revictimiza cada vez y sufrimos muchas negligencias en cuanto a la atención oftalmológica. Eso nos lleva a tener una deserción de asistir a este programa», denunció a Sputnik César Galloso, miembro de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular.
El 11 de noviembre de 2019, el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció la creación del Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO), institución a cargo del Hospital Salvador, tras el ataque con una escopeta antidisturbios del teniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, que cegó a Gustavo Gatica.
Con el objetivo de brindar atención gratuita a víctimas de daño ocular, el PIRO inicialmente fue constituido por una psicóloga, un terapeuta ocupacional, trabajadora social, dos tecnólogos médicos, un protesista y un cirujano odontólogo.
El programa, tras la llegada de Boric al poder, se conoce como Plan de Acompañamiento y Cuidado a Personas Víctimas de Trauma Ocular (PACTO). Y, al igual que el anterior, ha sido criticado por sus pacientes debido a la falta de personal, revictimización, discriminaciones, maltratos y el aplazamiento de consultas y operaciones.
Desde la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular señalan que fue como consecuencia de la frustración y el abandono del Estado, que el 28 de junio de 2023 se quitó la vida Jorge Salvo Alarcón, un joven que perdió la visión de su ojo izquierdo y parte de su cráneo luego de recibir el impacto de una bomba lacrimógena en medio de las manifestaciones de la revuelta social.
Salvo fue la cuarta víctima de trauma ocular que optó por el suicidio, «producto de una enorme carga de frustración y depresión ante el abandono del Estado», afirmó la coordinadora en un comunicado.