El miércoles pasado, 16 de noviembre, celebramos el que es según dictamen de las Naciones Unidas el Día Internacional de la Tolerancia. Con este recordatorio desde el seno universal resuena el deber de todos de aceptar las diferencias y la ilegitimidad de atacar a una persona, sea cual sea, por su pertenencia o adhesión a aquello con lo que nosotros no compaginamos. Ahora bien, si la tolerancia es un elemento indispensable para la paz no es un estadio suficiente, pues para una comunidad, nacional o local, es necesario además de coexistir, convivir.
Por ello que ciertas sean preguntas necesarias. ¿Es compatible con los derechos humanos una política internacional de intolerancia? O ¿qué consecuencia tiene una política de Estado intolerante? El caso de Estados Unidos al respecto es particularmente ilustrativo incluso sin considerar la victoria de Donald Trump y sus promesas a los sectores anti-inmigrantes.
Así las cosas, en los datos mas recientes aparece como evidencia el ascenso de las deportaciones de extranjeros desde el gobierno de Bill Clinton, quien repatrió aproximadamente a 807 mil personas para llegar a la cifra de Barack Obama, cuyo mandato aún no termina, pero que ha despachado 2.571.860 personas. Lo cual, vale observar es casi la cifra de la que promete encargarse Donald Trump durante su mandato.
El asunto ha conocido del interés de las instancias internacionales, en especial de la Corte Interamericana que produjo la Opinión Consultiva OC-18/03 a solicitud del Estado mexicano que concluía que “la calidad migratoria de una persona no puede constituir una justificación para privarla del goce y ejercicio de sus derechos humanos”. La cual si gozara de alguna fuerza de ley prohibiría a los Estados Unidos encarcelar indiscriminadamente a quienes tan sólo se encuentran en una situación administrativa no idónea, como son los migrantes irregulares. Idea que sería complementada en el 2014 por la misma instancia cuando en específico se referiría a los niños, niñas y adolescentes diciendo “su protección y desarrollo integral, deben primar por sobre cualquier consideración de la nacionalidad o el estatus migratorio”
Con estos documentos, consultivos por no tener la Corte competencia para juzgar a los Estados Unidos podríamos pensar que existe alguna manera de detener estas acciones lo cual contrasta como ya vimos con la realidad, la cual se ha caracterizado por el aumento de estas políticas.
Con pobres mecanismos internacionales y gobiernos cada vez más reaccionarios, la realidad de las comunidades jurídicamente más débiles no deja de complicarse. A esta ahora públicamente declarada política norteamericana se le suman las acciones oficiales del gobierno argentino que diseña una estrategia claramente contraria a los intereses y derechos de las minorías étnicas.