Con la intención de finiquitar los detalles de un cronograma de actividades que permita reactivar la construcción del Complejo Habitacional San José del Ávila, en Caracas, una comisión integrada por representantes del Estado y del sector privado realizó ayer un recorrido por las obras de este proyecto que se encuentran paralizadas.
La urbanización es una de las que muchas con las que algunas inmobiliarias estafaron a miles de familias en el país.
La comitiva la integraron funcionarias y funcionarios del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, el presidente del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih), Rafael Contreras; el director nacional de Regiones del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), Edgar Cortés; emisarias y emisarios del Banco Provincial, e ingenieros de tres constructuras sumadas al proyecto por parte de la referida entidad financiera privada.
A su llegada al lugar, fueron abordados por un numeroso grupo de trabajadores que les exigió una aclaratoria inmediata acerca de su situación. El obrero Luis Hernán Quintana les instó: “Nosotros necesitamos que ustedes nos den la cara. Queremos saber qué va a pasar con las personas que trabajábamos acá. Se nos deben algunos pagos de salarios al igual que nuestras prestaciones”.
De esta manera, consiguieron una declaración de Edgar Cortés, quien les pidió que permitieran a la comisión hacer su recorrido para después reunirse y así poder darles una respuesta adecuada. Todos consintieron y las tensiones bajaron.
Atención del problema
Edgar Cortés explicó que después de la instalación de una mesa de trabajo ordenada por el comandante Chávez, el presidente del Banco Provincial accedió a concluir las obras del Complejo Habitacional San José del Ávila. El banco es corresponsable de la situación paleteada en este urbanismo, porque era quien financiaba a las empresas que estafaron a quienes compraron apartamentos allí, a saber: Promotora SJDA 2002, C.A. y la Constructora Ávila 737.
Cortés dijo que a partir de ese momento el Banco Provincial asignó tres empresas para que terminen las obras y que éstas están siendo revisadas por Indepabis para que tengan todo el aval de la sala situacional política.
“Uno de los temas pendientes es cómo se terminará la obra, por dónde se empezará y cuál va a ser el cronograma. Esto se debe debe presentar el miércoles (mañana) a más tardar”, indicó.
Y añadió: “Otro punto pendiente es el de los pasivos laborales que involucran a 78 obreros. A ellos se le debía desde octubre de 2010, pero en diciembre se les pudo pagar algunos pasivos. No obstante, sobre la base del artículo 41 de la Ley de Contrato Colectivo de la Construcción, ahora se les debe más porque todos siguen cobrando como si estuvieran trabajando porque la paralización de las obras fue por culpa del patrón”.
De acuerdo con cálculos revisados por Indepabis, el Ministerio de Vivienda y Hábitat y el Banco Provincial, los recursos que se requieren para cancelar deudas y terminar las obras ascienden a 66.082.000 bolívares fuertes, aproximadamente.
Reclamos obreros
Los obreros del Complejo Habitacional San José del Ávila demandan el pago de todo lo que se les adeuda, entre ello: la cancelación de sueldos y salarios pendientes, así como de bonos de alimentación y asistencia. Del mismo modo, exigen la entrega de varias dotaciones de uniformes que no les fue dada en su debido momento.
Carlos Paiva mostró preocupación porque no se les ha dado la cara durante lo que va de 2011: “Vinimos hoy porque nos dieron el pitazo de que ellos (la comisión) venían y nos lanzamos”, expresó.
Con respecto a sus derechos laborales, los obreros proponen ser liquidados y recontratados. “Si no es así, acudiremos a otras instancias del Estado como el Ministerio del Poder Popular par el Trabajo”, indicó Edinson Almeida, uno de los trabajadores que lideraba y aupaba al grupo.
Almeida especificó que se les adeuda fideicomiso, tres semanas de sueldos y salarios con sus respectivos bonos de alimentación y asistencia, así como dos dotaciones de uniformes, y la respectiva liquidación.
Asimismo, explicó que durante la cancelación de pasivos que se les hizo en diciembre quedó pendiente saldar deudas con 12 obreros.
César Rondón, uno de los 12 obreros a los que más se les acumulan pasivos, dijo: “Me deben cuatro bonos de asistencia, cuatro bonos de alimentación, un bono de útiles escolares, tres dotaciones de uniformes y 14 semanas de sueldos y salarios”.
El resto de los trabajadores se quejó de que apenas cuentan con unas cinco cotizaciones en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) a pesar de tener más de dos años trabajando en la construcción.
Edgar Cortés asomó que el Banco Provincial propondrá a los obreros reactivar las obras pagándoles las semanas pendientes y dejando la cancelación de prestaciones para cuando se termine la relación laboral. Para iniciar la conciliación ayer se iba a establecer una nueva mesa de trabajo.