“Estados Unidos no combate la droga, sino que la administra”.
Hugo Chávez
Un diputado opositor con nombre de inevitable reminiscencia mafiosa, Salvatore Lucchese, se toma el atrevimiento de instar al presidente de la República, Nicolás Maduro, a pronunciarse sobre el caso de los primos Flores secuestrados en Estados Unidos por la oficina antidrogas de ese país (DEA por sus siglas en inglés).
Un renombrado periodista, igualmente vocero de la oposición, hace a través de su columna semanal la misma exigencia al Primer Mandatario Nacional, también en tono retador.
Por su parte, un gobernador, líder fracasado de la oposición, se atreve al audaz exabrupto de presentar públicamente como “oficiales” documentos forjados por él, intentando obligar a los poderes del Estado a actuar contra el Presidente de la República con base en el mismo fraudulento expediente montado desde Estados Unidos que busca provocar una respuesta pública por parte del líder de la Revolución Bolivariana.
Ninguno de esos llamamientos procura el esclarecimiento de una trama que hoy desconcierta al país y al mundo, mas por lo inexplicable e inexacto de sus pormenores que por el carácter supuestamente criminal del mismo.
Lo que esas voces intentan, a todas luces, es generar un clima de predisposición masiva contra el Gobierno a través de una guerra mediática perfectamente orquestada, en la cual todos los flancos de las fuerzas de la derecha a nivel nacional e internacional están meticulosamente sincronizados para intentar hacerse del poder en nuestro país a como dé lugar.
Por supuesto que la saña morbosa y pestilente de un sector que sobrevive a duras penas en el lodazal de su propia incompetencia para hacer política es un factor determinante de ese inmoral empeño en buscarle la caída por cualquier parte a un Presidente al que no han podido derrotar ni en lo político ni mediante ninguno de los ardides de baja estofa que contra él han intentado usar.
Pretender una declaración improcedente por parte del ciudadano Presidente de la República en un asunto de esa naturaleza, es buscar declararlo “parte interesada” en un juicio en el que no tiene nada que ver, para así solicitar entonces su renuncia por conflicto de intereses con el cargo a su mando, y provocar incluso un asalto estadounidense a nuestro territorio con el fin de detener al mandatario, tal como lo hicieron en la operación “Causa Justa” en la que secuestraron en Panamá al entonces presidente Manuel Antonio Noriega aduciendo la lucha contra la droga.
Pero muy por encima de la desquiciada chapucería de la derecha criolla, hay un claro propósito supra-judicial en todo ese affaire.
¿Por qué el sistema judicial supuestamente mas perfecto e incorruptible del mundo, el de Estados Unidos de Norteamérica, se permite condenar a dos procesados contra los cuales no existe una sola prueba que los incrimine?
¿Por qué en el mas sonado caso de supuesto tráfico de estupefacientes de las últimas décadas, se puede dictar sentencia sin que haya sido presentado en el juicio ni un solo gramo de droga como evidencia, y por el contrario se asuma como elemento de convicción criminal la sola “intención” de traficar que los funcionarios de la DEA le atribuyen, de palabra, a los acusados?
En primer lugar porque es completamente falso que el sistema judicial estadounidense sea un poder independiente. El hecho de que sea el propio Presidente de esa nación quien designe a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, da fe de ello. Un doble rasero que condena a unos y exculpa a otros obedeciendo estrictamente a los intereses de las élites políticas y financieras es la constante que ha dejado desde siempre al descubierto el carácter putrefacto del derecho en ese país. La obscena lenidad hacia los policías blancos que asesinan a diario a ciudadanos negros en EEUU es solo una repugnante muestra de esa hipócrita y fraudulenta concepción de la ley.
Y luego porque el plan urdido por el Departamento de Estado de EEUU en todo esto no tiene como objetivo llevar a cabo ninguna acción real contra las drogas, sino permitirle a la poderosa maquinaria mediática al servicio de los intereses del imperio desatar una guerra intensiva de descrédito contra el Gobierno venezolano para provocar su derrocamiento.
A lo largo del último medio siglo, el medio de comunicación ha servido de pilar fundamental para el asentamiento y expansión del poderío de EEUU en el mundo. Los principios de cooperación establecidos en los acuerdos internacionales en diversas áreas, como la de estupefacientes, le han brindado la posibilidad a esa nación de venderse a través del cine, la radio y la televisión, como una potencia redentora que trabaja por el bien de la humanidad. En todos eso, la Drug Enforcement Administration (DEA) es pieza medular.
Con su fundación, en 1973, y dadas las funciones de alcance extraterritorial que Estados Unidos le otorgaba, fue obvio para el mundo entero que su intención fue siempre convertir a la DEA en una agencia para la ejecución de sus políticas intervencionistas en el extranjero, a través de una estructura operacional con la misma dimensión de un ejército de asalto; 21 Divisiones de Campo en 86 oficinas a lo largo de mas de 62 países; 10.800 empleados con mas de 5.500 Agentes Especiales (valga decir “espías”); una División Aérea con mas de 106 aparatos y 124 pilotos; y un presupuesto de mas de 2.450 millones de dólares al año.
La llamada “operación encubierta”, utilizada por la DEA como mecanismo para facilitar la persecución del narcotráfico, es una técnica de infiltración que faculta al funcionario policial en la instigación de las personas a delinquir para luego, una vez producido el delito, proceder a su captura e inflar así los récords de su actuación. Una suerte de “self service policial”, al mejor estilo de las fascistas operaciones de “falsos positivos” desarrolladas intensivamente por Álvaro Uribe en Colombia, que atenta contra el estamento legal de cualquier país del mundo.
La comunidad internacional ha reaccionado desde siempre en contra de tales prácticas, en particular la Comunidad Europea, precisamente porque ellas no solo violan los derechos humanos, las leyes y el principio de soberanía, sino porque se convierten en parte consustancial del delito que dicen perseguir, alimentándolo y protegiéndolo. Exactamente las razones por las cuales el Gobierno venezolano tomó en 2005 la determinación de suspender la cooperación con la DEA, que hasta el momento había resultado completamente improductiva e ineficaz en la represión del delito de narcotráfico.
Esa técnica de la “operación encubierta” fue la que la DEA pretendió llevar a cabo con los dos jóvenes venezolanos secuestrados en Haití por la fuerza policial estadounidense, solo que sin haberse consumado ninguna de las fases de la operación que constituyen el delito de narcotráfico; es decir: producción, recepción, trasego, transportación o entrega de la mercancía. Simplemente porque nunca hubo tal mercancía.
Dado que la intención era estrictamente la de generar una conmoción comunicacional, lo que hizo el Departamento de Estado fue utilizar la poderosa estructura de la DEA para armar un escenario de tráfico virtual asociándolo al Primer Mandatario venezolano, que le sirviera a la oposición venezolana para montar su show contrarrevolucionario, pero sin que apareciera ninguna droga en el procedimiento.
De haber aparecido tendría que haber salido de las oficinas de la DEA, ya que no hay ningún cártel del narcotráfico detrás de esa operación sino el propio Gobierno de Estados Unidos, con lo cual los funcionarios de ese organismo se habrían visto comprometidos en un grave delito federal. De ahí la imposibilidad para el Departamento de Justicia de presentar un elemento de convicción tan imprescindible en un juicio de tal naturaleza.
A los incautos jóvenes se les sedujo con tentadoras ofertas de dinero, como es la inmoral norma en la justicia estadounidense, para animarlos a montarse en un avión que no es propiedad ni del narcotráfico ni del Gobierno Bolivariano, y con unos sujetos que no tenían nada que ver ni con la droga ni con el Gobierno de nuestro país, pero que sí están muy interesados en hacerse del poder para asaltar nuestros inmensos recursos.
Fueron esos acompañantes (dejados de inmediato en libertad a la hora de la ilegal detención en inequívoca demostración de su papel como facilitadores) quienes le ofrecieron los muchachos a la DEA como trofeo político, en la esperanza de lograr con su miserable acción lo que no han podido lograr con los votos durante mas de tres lustros de fracasos opositores.
El desespero opositor se debe precisamente a lo precario de ese burdo y miserable tinglado mediático que les montó el imperio… con el mas leve soplido se les viene abajo.