En la legislación de los últimos 15 años hay un texto que racionaliza la conducta de la Administración: es el Decreto de Simplificación de Trámites Administrativos. Su puesta en vigencia en 1999 constituyó una feliz novedad por obligar a “simplificar” las actuaciones ante la Administración Pública, (nacional, estadal y municipal), pero lamentablemente no se pensó en extender su eficacia al sector privado, para regular las relaciones de los usuarios con los prestadores de servicios (bancos, seguros, colegios, clínicas, etc.).
“Simplificar” es “racionalizar”, esto es, hacer sencillos los trámites y mejorar su eficiencia y celeridad, con la reducción de gastos y, el mejoramiento de las relaciones prestador-prestatario.
El objetivo de la norma fue suprimir lo innecesario, mejorar lo existente, o adaptarlo a formas más sencillas, limitándose a lo indispensable. Resaltan así los siguientes fines pro-eficiencia:
- No establecer requisitos adicionales a los contemplados en las normas vigentes;
- No exigir copias certificadas o fotocopias de los documentos presentados;
- Eliminar las autorizaciones innecesarias; las solicitudes de información excesivas y, lo que entorpezca los procesos.
- La supresión de todo lo que entrabe el ejercicio de la actividad económica o la iniciativa privada.
- La orden a la Administración de abstenerse de exigir copias certificadas actualizadas de partidas de nacimiento, matrimonio o defunción.
Una serie de normas garantísticas fueros establecidas, como lo son: la presunción de buena fe en todas las actuaciones que obliga a tomar como cierta la declaración de los interesados. Asimismo, la presunción de certeza, que prohíbe exigir pruebas por hechos que no hayan sido controvertidos.
Estos y otros muchos logros nos ofreció el Decreto comentado, de los cuales vale la pena hablar y nos prometemos hacerlo en el futuro.
Ahora bien, hay algo relacionado con la relación Administración-administrado, derivado del predominio de la Informática que -por ofrecer mayor celeridad y economía- ha sustituido a la escritura y a las audiencias verbales en múltiples casos.
El problema está en que el adulto formado en el siglo pasado no tuvo como herramienta fundamental de estudio y comunicación a las computadoras, siendo incluso para algunos objetos desconocidos.
Por su parte el Estado y, más específicamente, la Administración, están computarizando casi todas sus actividades, en especial las relativas a los impuestos y a las prestaciones de servicio y, asimismo, lo están haciendo algunos organismos privados, como los bancos.
Nos encontramos así a un personaje desasistido, por carecer de los conocimientos necesarios para realizar operaciones por vía Informática. La situación no es irrelevante ya que son muchos los adultos que no pueden efectuar una simple operación bancaria, sin tropezar con su falta de conocimiento sobre una materia que los niños de primaria manejan.
En algunos casos está la ayuda familiar, pero no siempre existe. Esto no es intrascendente, sino que es el centro de las preocupaciones de muchos y es aquí donde consideramos que al Estado le corresponde actuar, creando un organismo especializado en dar apoyo a quienes ignoren como realizar sus operaciones, cuando las mismas se efectúan digitalmente.
Se diría con horror que pretendemos que se creen nuevos organismos. ¡Pues sí! Estimamos que podrían eliminarse otros a cambio del propuesto, que tendría no solo una función educativa para adultos carentes de las bases relativas a la computación, sino también la de ayuda inmediata para quienes no pueden realizar sus operaciones básicas por una vía que desconocen.