El 15 de noviembre de 2011 el presidente Hugo Chávez puso el ejecútese a la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Periodo 1958-1998, mejor conocida como la “Ley contra el silencio y el olvido”, un mes después de recibirla. Mucha agua ha corrido debajo el puente de la historia luego de que en 2013 el presidente Nicolás Maduro juramentó a las y los integrantes de la Comisión por la Justicia y la Verdad, encargada de hacer realidad los postulados de la Ley.
Batallando contra un Estado paquidérmico ciertamente se ha logrado alcanzar algunos frutos que dan cuenta de acciones significativas más allá de la simbología de hacer justicia en un país que se acostumbró a la impunidad.
De ello pueden dar cuenta los familiares y amigos de las víctimas del terrorismo de Estado que durante cuatro décadas persiguió, asesinó, secuestro, torturó y desapareció a miles de opositores, trabajadores, estudiantes, mujeres y familias enteras, incluyendo menores de edad.
La fiscal general Luisa Ortega Díaz, como presidenta de esa Comisión ha asumido la responsabilidad vertical de hacer justicia y que la verdad de los hechos sea revelada, igual que lo ha hecho la Defensoría del Pueblo, los ministerios para la Defensa, para la Cultura, para Interior, Justicia y Paz y otros entes oficiales.
Se trata de una Comisión de Estado que a poco de alcanzar el Informe Final tendrá que acelerar los procesos para cumplir con las metas de los centenares de casos pendientes de justicia.
Ahora bien, el Estado venezolano y sus funcionarios a todos los niveles están en la obligación por Ley de prestar todo el apoyo a esta Comisión de Estado no solo por la acción de justicia que implica su alta investidura, sino porque con ello se compromete al Estado mismo ante el mundo y ante el cumplimiento de lo instituido en la legislación internacional sobre el tema de la lucha contra las violaciones de los DDHH.