La monja Luisa Toledo, ex priora del convento de carmelitas descalzas de Nogoyá, fue condenada a tres años de prisión efectiva por la justicia de Entre Ríos, que la halló culpable de dos casos de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia y amenaza.
La decisión del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay. Para el fiscal Jorge Gamal Taleb, que representó a las dos víctimas, las ex religiosas Silvia Albarenque y Roxana Peña, fue “un gran fallo” en el que “la Justicia se mimetizó con el dolor de las víctimas”.
Albarenque y Peña, “están reconfortadas con el juicio en sí. El hecho de que haya habido juicio fue liberador para ellas y se sentían reparadas” por eso, declaró Gamal Taleb luego de conocido el veredicto, que fue decidido de manera “unánime”, según señalaron en el texto los jueces Darío Crespo, Javier Cadenas y Alejandra Gómez.
En el fallo, los magistrados recordaron que, por los tratos dispensados en el convento, Albarenque llegó a intentar “maniobras de autoeliminación”, mientras que Peña resolvió “jugar a suerte y verdad el albur de un cinematográfico escape” del que no sabía si saldría viva.
El tribunal dejó en claro reiteradamente que los relatos de las dos víctimas, ambas ex monjas del convento de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, resultaron creíbles y sus acusaciones, acreditadas. Detallaron los jueces, además, que obraban en su poder “los elementos de rigor con los que se llevaban adelante esos flagelos, a saber, disciplinas (látigos encerados), cilicios (coronas de alambre con púas que se colocaban en piernas) y mordazas (tabiques de madera y piola) que se colocaban en la boca”.
El fiscal Gamal Taleb subrayó «la dimensión expresivo simbólica de la pena» dictada por el tribunal, que «dijo a las víctimas que aquello que vivieron no debían haberlo vivido y que lo que les pasó fue por la conducta defectuosa y delictiva de una tercera persona».
En un sentido similar, el fallo advirtió que las imputaciones “en modo alguno implican enjuiciar a la Iglesia Católica, ni enfrentar a la fe con la razón, sino lisa y llanamente juzgar criminalmente a quien aparece de modo indubitable ya a esta altura como única y exclusiva responsable de conductas que tipifica y reprime nuestro Código Penal, las cuales de ninguna manera pueden confundirse o quedar desplazadas por la normativa canónica invocada por la Defensa” de Toledo.
Las pruebas que condenaron a la priora
Los fundamentos serán dados a conocer el 29 de julio por la mañana, pero los jueces dieron a conocer un adelanto durante la lectura de su decisión, que encontró sustento no sólo en el “profuso cuadro probatorio colectado” sino también en las declaraciones “elocuentes, sentidas y convincentes” de las víctimas.
Las mujeres, señalaron los jueces, relataron “de un modo catártico los pesares vividos con suficientes detalles” y de manera coherente con los testimonios de sus familiares, religiosos que conocían el convento y ex compañeras de encierro, la actual priora entre ellas. Otra religiosa, inclusive, “hasta hubo de disculparse con una de las víctimas por los tratos” que le dio al obedecer a Toledo.
Durante los alegatos, realizados el viernes de la semana pasada, la fiscalía había solicitado seis años y medio de prisión efectiva mientras que la defensa pidió la absolución.
El tribunal consideró “suficientemente acreditados” los crímenes cometidos por la monja Toledo, y también que fueron realizados con conciencia del daño. Añadió entre sus consideraciones los aspectos edilicios del convento, en el que a pedido de la defensa realizaron una inspección ocular, en la que observaron fuertes dispositivos de seguridad, que incluían cámaras y la electrificación de parte de los muros perimetrales.
Sin embargo, determinó que por razones de edad y salud la monja la pena debía ser “una suma menor a la solicitada por el Ministerio Público Fiscal”, por lo que la religiosa deberá cumplir tres años de prisión efectiva. La privación de libertad, de todos modos, recién se hará efectiva una vez que la condena quede firme.
«El convento era el mismo infierno»
En una audiencia anterior, Roxana Peña, una de las monjas que denunció a Toledo, dijo que la vida en el convento “era el mismo infierno”. Durante la audiencia de hoy declararán al menos otros dos testigos; están previstas otras tres jornadas, y se espera que el debate oral culmine el 28 de junio.
En su declaración ante el tribunal, Peña contó que Toledo encerraba a las monjas “más de una semana con pan y agua” y que no las dejaba salir del convento. La madre superiora también las obligaba a golpearse con látigos, usar cilicios –correas con púas que se atan a brazos o piernas para autoinflingirse dolor– y mordazas.
La denuncia se realizó en 2016, luego de que la revista entrerriana Análisis publicara una investigación detallando los maltratos físicos y psicológicos que padecían las monjas del convento por parte de Toledo, a quien puertas adentro todas se referían como “hermana María Isabel”. La difusión de las acusaciones motivó un allanamiento que fue duramente criticado por la jerarquía eclesiástica, mientras que las monjas ensayaron defensas a través de videos y posteos compartidos en un perfil de Facebook abierto con esos fines.
«Según las víctimas la imputada quería volver al siglo XV, con autoflagelos por más tiempos y en situaciones prohibidas hasta en la constitución más rígida», aseguró el fiscal de la causa, Jorge Gamal Taleb, y agregó que “la posibilidad de mortificación corporal, que aparece en la constitución del siglo XV” fue eliminada por el Concilio Vaticano II realizado en la década del ‘60.
Peña logró escapar del Carmelo de Nogoyá en 2016 gracias a la ayuda de un jardinero que le dejó la puerta abierta. Previamente, la ex monja había pedido un traslado a otro convento, pero su pedido fue denegado. “En 2015 intentó irse pero le pedían hacer una nota formal, que realizó, pero tras un mes la imputada le dijo que no la iba a enviar», detalló Gamal Taleb.
La semana pasada también declaró Silvia Albarenque, la otra excarmelita que denunció a Toledo. Afirmó estar «destruida psicológicamente por los maltratos» que vivió en el convento.
“Nosotros llevamos al Carmelo de Nogoyá un sol, una persona vivaz y alegre y nos devolvieron un espectro que estaba al borde de la muerte”, dijo Marcelo Albarenque, hermano de la víctima.
La exmonja logró salir del convento en 2013 y “tenía úlceras cicatrizadas en el estómago”, “una enfermedad crónica de tiroides sin tratar”, “la piel extremadamente blanca”, estaba demasiado flaca y padecía daños psicológicos.
Toledo obligaba a las religiosas a cumplir el voto de silencio, que es optativo en todas las congregaciones. Cuando un familiar iba de visita al Carmelo, siempre había alguien escuchando las conversaciones para que no se hablaran de temas “vulgares” y, si lo hacían, eran castigadas. También se revisaba la correspondencia que llegaba al convento y las que escribían las monjas. A veces eran obligadas a reescribir las cartas.
“Nosotros como familia no teníamos conocimiento de lo que pasaba, y el poco contacto formal que tenían con el mundo exterior era con sus familias –sostuvo Albarenque–. Nunca me imaginé, ni en mis fantasías más alocadas, que podían pasar estas atrocidades dentro de un convento de carmelitas descalzas. En el poco contacto que había, mi hermana era acompañada por otra monja superior de modo tal que no se podía hablar con libertad y ni siquiera se podía hablar, generalmente la que hablaba era la que la acompaña a la visita”.
Albarenque denunció que su hermana “no fue la única” víctima de Toledo. “Hay otras similares, tan o igual de graves, y hay otras monjas que expresaron su disenso con la comunidad y su deseo de salir del convento”, aseguró. También señaló que los honorarios de Guillermo Vartorelli y Miguel Cullen, abogados defensores de Toledo, son abonados por la diócesis. “Cuando los feligreses ponen dinero en la canasta los domingos están financiando los honorarios de una persona acusada de privación ilegítima de la libertad en por lo menos dos casos”, aseguró.
La investigación periodística había señalado que las monjas que vivían en el convento “nunca pudieron abrazar a un familiar”. “Tampoco darle la mano. Una de ellas no pudo ver a su padre por diez años, porque se había divorciado de su madre y por ende era ‘un pecador público’. Nunca se pueden mirar a un espejo porque es símbolo de ‘vanidad’ y si alguna de ellas intenta ver su reflejo en el vidrio de alguna ventana, habrá un inmediato castigo. Hubo veces que solamente se podían bañar una vez cada siete días. Las carmelitas descalzas del convento de Nogoyá vienen sufriendo torturas psicológicas y físicas, todo a la vista de las autoridades de la Iglesia que una vez más, han decidido no intervenir”, relataba el artículo.
FyF/Pagina12