La quinta jornada de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) que se realizó este miércoles en el estado Yaracuy, en el centro occidente del país, dejó un saldo de 26 personas detenidas y tres delincuentes abatidos al enfrentar a las comisiones policiales.
El comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) Yaracuy y coordinador estadal del plan, general Edgardo Rojas, informó la tarde de este miércoles, en rueda de prensa, que la jornada se efectuó a las cuatro de la madrugada en cuatro sectores de Yaritagua, municipio Peña: San José, Sabanita, La Bandera y Florida.
Refirió que el operativo se realizó gracias a las informaciones de inteligencia que suministraron las comunidades y que permitió detectar a individuos solicitados por los cuerpos policiales o involucrados con bandas o hechos delictivos.
En la jornada actuaron más de 300 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y Policía del Estado.
“Es una combinación de esfuerzos conjuntos de todos los organismos de seguridad involucrados, que actuamos con el poder popular en estos operativos que permiten darle seguridad a la ciudadanía y mantener nuestros barrios y sectores populares libres de violencia”, refirió Rojas.
Las personas que cayeron abatidas se enfrentaron a las comisiones policiales, las cuales al recibir el ataque tuvieron que repelerlo con sus armas de fuego. Los ciudadanos fallecidos respondían a los nombres Diego José Yánez Catarí, José Hernández Cordero y John Deni Franco Sánchez.
De las 26 personas detenidas, dos estaban solicitadas por la comisión de diversos delitos: los hermanos Eudomar Pastor y José Tomás Montilla Ávila.
También, se incautaron una escopeta recortada, calibre 12, sin marca y sin serial, un revolver calibre 38, una pistola 6.35 y dos 3.80, 26.000 bolívares, 15 teléfonos celulares, una tableta y dos motos y cuatro vehículos sin titulo de propiedad.
La OLP fue activada en julio de este año por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para combatir la delincuencia y, en especial, el paramilitarismo, una práctica colombiana que ha sido importada para vulnerar la tranquilidad en Venezuela y con ello dar traste con la Revolución Bolivariana y los logros sociales.