El Tribunal Constitucional de Portugal vetó este jueves la propuesta del Gobierno que buscaba recortar en 10% las pensiones de los funcionarios públicos del país para poder generar ahorros que le permitan cancelar la ayuda económica recibida por la Troika, conformada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Unión Europea (UE) y Banco Central Europeo (BCE).
Los doce jueces del Alto Tribunal, que analizaron la ley a instancias del presidente portugués, Aníbal Cavaco Silva, coincidieron por unanimidad que el recorte previsto para el próximo año es contrario a la Carta Magna, por lo que la consideran de ilegal, reseñaron medios internacionales.
De acuerdo con la sentencia, el Gobierno deberá buscar otra forma de generar ahorros para cancelar la ayuda económica que la Troika le ha ofrecido a la nación, y por la cual ha mantenido un riguroso programa de austeridad y reformas, que provocó numerosas huelgas y protestas.
Con esta norma se pretendía ahorrar 400 millones de euros (546 millones 320 mil dólares), considerados fundamentales para cumplir con las metas de déficit del país para 2013 y 2014.
En mayo de 2011, Portugal acordó un paquete de rescate de 78 mil millones de euros (107 mil 439 millones de dólares) con la Troika para poder seguir financiándose.
El Gobierno de Portugal presentó un proyecto presupuestario marcado por recortes drásticos en los salarios y en las pensiones de los funcionarios.
Entre las medidas más polémicas están las reducciones de los salarios de los funcionarios entre un 2,5% y un 12%, así como los recortes de casi el 10% en las jubilaciones de los extrabajadores del sector público.
Frente a las medidas de austeridad tomadas por Portugal, el movimiento ciudadano «Que se lixe a troika» (Que se fastidie la Troika), procedente del grupo de los indignados, ha dicho que estas medidas tienen como único objetivo recortar los salarios y las pensiones, empobrecer a la población y desmantelar a los servicios públicos para alcanzar los objetivos fijados por los acreedores y llevar el déficit público al 4% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2014.