El tribunal arbitral del Banco Mundial y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) rechazaron la impugnación que había solicitado Brandes Partners LP, empresa estadounidense de asesoría en materia de inversiones, con respecto a la nacionalización de la Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (Cantv) en 2007 por falta de jurisdicción.
Mediante un comunicado, el Gobierno Bolivariano dio a conocer la información por intermedio de los Ministerios del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología y para la Energía y Petróleo.
A continuación el texto íntegro del comunicado:
Comunicado
Caracas, 3 de agosto de 2011.- La República Bolivariana de Venezuela anuncia, por intermedio de los Ministerios del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología y del Poder Popular para la Energía y Petróleo, que el tribunal arbitral del Banco Mundial, el Centro de Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), ha rechazado la reclamación de Brandes Partners LP por falta de jurisdicción.
Brandes, compañía estadounidense de asesoría en materia de inversiones, había impugnado las medidas tomadas por la República Bolivariana de Venezuela en relación con la nacionalización de Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (CANTV) en 2007, argumentando que el Ciadi tenía jurisdicción con fundamento en el artículo 22 de la Ley de Promoción y Protección de Inversiones.
El tribunal estuvo de acuerdo con la posición de la República Bolivariana de Venezuela en cuanto a que el Artículo 22 no constituye un consentimiento abierto de la República a la jurisdicción del Ciadi. Con esta decisión se puso fin al juicio.
Esta es la tercera decisión de los tribunales internacionales que acepta la posición de la República Bolivariana de Venezuela sobre el tema de jurisdicción bajo el artículo 22 de la Ley de Promoción y Protección de Inversiones. Previamente los tribunales del Ciadi en los casos ExxonMobil y Cemex, también adoptaron la posición de la república respecto al artículo 22.
La nueva decisión muestra una vez más que la defensa del país en los procedimientos internacionales incoados en su contra esta siempre sustentada en fundamentos sólidos de derecho.