El Tribunal Electoral Mexicano rechazó este viernes el recuento de votos solicitado por la coalición Movimiento Progresista que postuló a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que buscaba evaluar la mitad de las casillas instaladas en la elección presidencial del 1 de julio. No obstante, permitió un conteo mucho menor.
En una decisión aprobada por unanimidad, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobaron no dar procedencia al recuento en la mayoría de los 287 juicios que solicitaban la apertura de más de 70 mil casillas.
Sin embargo, el ente judicial concedió la razón a la coalición para proceder a un nuevo escrutinio y cómputo de los votos contenidos en mil 109 paquetes electorales.
La magistrada María del Carmen Alanís destacó que de acuerdo con el código electoral y la ley de medios de impugnación, la solicitud del recuento inicial no procede.
En tanto, el magistrado presidente, Alejandro Luna Ramos explicó que se ordenó esta medida incidental únicamente porque “en las actas se observó diferencia en los rubros fundamentales como discrepancia en el número de ciudadanos que votaron conforme a lista nominal”.
El nuevo cómputo que ha ordenado este viernes corresponde a mesas electorales no incluidas en el recuento que ordenó el Instituto Federal Electoral (IFE) después de los comicios presidenciales y que abarcó el 55,4 por ciento de las 143 mil mesas instaladas.
Los magistrados dejaron en claro que la sentencia atañe a un tema accesorio a la sustancia principal del juicio de inconformidad promovido por la coalición de izquierda Movimiento Progresista, cuyo propósito es que se invalide la elección presidencial porque durante los comicios hubo muchas irregularidades.
Se espera que a más tardar el 6 de septiembre el Tribunal se pronuncie sobre la validez de la elección presidencial. De acuerdo con el escrutinio inicial el ganador de los comicios fue Peña Nieto con 38,21 por ciento de los votos, mientras que AMLO obtuvo el 31,59 por ciento de apoyo.
Desde inicios de julio, el movimiento progresista y diversas organizaciones están denunciando miles de anomalías durante las votaciones, que apuntan hacia una posible compra y coacción del voto, uso de recursos públicos con fines proselitistas y abuso del tiempo permitido en medios de comunicación.