El juzgado de los municipios Libertador y Francisco Linares Alcántara de la Circunscripción Judicial del estado Aragua admitió el recurso de amparo introducido por estudiantes de la Universidad de Carabobo, núcleo La Morita, y ordenó una medida cautelar para que se reinicien las actividades académicas en esa casa de estudios.
Jhon Montesinos, coordinador del Movimiento Estudiantil Expresión 200 en la Universidad de Carabobo, núcleo La Morita, informó que las autoridades de la Carabobo tienen un lapso de 72 horas para acatar la medida del tribunal, por lo cual este viernes deberán pronunciarse sobre el llamado a clases.
De lo contrario, las autoridades y docentes de la Universidad de Carabobo estarían desacatando la medida de amparo emitida por el tribunal de los municipios Libertador y Linares Alcántara, con sede en Palo Negro, a cargo de la jueza Rossani Amelia Manamá Infante.
Esta acción de amparo fue introducida el pasado 1º de julio por un grupo de estudiantes que acudió a los órganos jurisdiccionales para solicitar legalmente el reinicio de las clases que se encuentran suspendidas desde hace más de un mes por el paro indefinido promovido por la Asociación de Profesores de Universitarios de la Carabobo (Apuc).
Esta situación afecta a más de 10.000 estudiantes que conforman la población del núcleo La Morita en las facultades de Ciencias de la Salud y Ciencias Económicas y Sociales, quienes han perdido más de 16 semanas de clase durante el paro.
Montesinos consideró injusto que los estudiantes tengan que perder el semestre y el año académico por la irresponsabilidad de profesores como Jesús Villarroel y Winston Guédez, de la Apuc, que han instado la paralización de las clases.
«Casi 60% de los profesores en el núcleo La Morita es contratado y estaba dispuestos a dar clases, sin embargo, los dirigentes políticos de la Apuc obligaron a los docentes a sumarse al paro», apuntó.
El paro indefinido fue convocado por la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) desde el 29 de mayo por estar en desacuerdo con la normativa laboral que se discutió en las mesas de negociación del contrato colectivo.
En estas mesas, instaladas de acuerdo con la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, el Ejecutivo y los trabajadores universitarios acordaron un aumento salarial de 135% y transfirió los recursos a las universidades para comenzar a pagar el aumento.
Montesinos se pregunta quién pagará por la pérdida del semestre y el retraso de los estudiantes que están por graduarse. «Alguien tiene que pagar por el daño que nos han causado con este paro ilegal».