Tribunal Supremo de Guyana fallará sobre si tiene competencia en caso electoral

La presidenta del Tribunal Supremo de Guyana, Roxane George-Wiltshire, decidirá este domingo si la corte tiene jurisdicción para escuchar una solicitud destinada a bloquear la declaración de los resultados de las elecciones generales y regionales de 2020.

George-Wiltshire hizo el anuncio el sábado después de escuchar argumentos preliminares en el caso que fue presentado por el Partido Progresista Popular Civic (PPP).

Anteriormente, el partido había obtenido una orden judicial para impedir que la Comisión de Elecciones de Guyana (GECOM) declarara los resultados de los comicios debido a que los votos declarados para la Región Cuatro (Demerara-Mahaica) no se verificaron por completo.

El área de Demerara-Mahaica, conocida como la Región Cuatro, es la más grande de Guyana con 285.618 votantes registrados de un total de 660.998, una cifra que se considera inflada debido a que presuntamente no se han eliminado los migrantes y los fallecidos.

La gobernante Alianza para el Cambio (ANPU-AFC), partido que preside el actual mandatario David Granger, afirma que conservaba la ventaja en los resultados parciales de la votación publicados el jueves pasado en la mayor región de este país rico en petróleo.

Sin embargo, todo el proceso electoral en Guyana ha estado rodeado de quejas y denuncias de múltiples irregularidades desde el día de la votación, el pasado lunes 2 de marzo.

En caso de que la Corte decida que no tiene jurisdicción, el Gecom intentará declarar resultados finales cuanto antes.

El director de Elecciones, Keith Lowenfield, ha preparado el informe final de las elecciones generales y regionales de la semana pasada y ha invitado a la comisión a reunirse para discutirlo antes de hacer una declaración, reveló la prensa local.

El caso fue presentado contra el Supervisor Oficial de la Región Cuatro,  Clairmont Mingo, el director de Elecciones, Keith Lowenfield; y la Comisión Electoral de Guyana.

Mingo declaró los resultados de las elecciones sin verificación previa, contabilizando para la actual coalición APNU – AFC del presidente David Granger 136.458.000 votos y el partido PPP , habría recibido 77.329 mil votos.

El PPP, a través de la demanada presentada por Reeaz Holladar, representado por Anil Nandlall, está buscando una serie de recursos, incluida una orden del Tribunal Superior de que la declaración de los votos de la Región Cuatro viola las disposiciones de la Ley de Representación del Pueblo y como tal es inconstitucional.

Ademas una declaración de que GECOM no puede declarar legal o constitucionalmente los resultados de las elecciones hasta que el conteo de la Región Cuatro cumpla con el proceso establecido en la Sección 84 de la Representación de la Ley del Pueblo.

La presidenta de la Comunidad del Caribe (Caricom), la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, ha insistido en que el proceso de verificación de la Región Cuatro debe completarse en presencia de todos los partidos políticos, así como de los diversos observadores electorales.

Mottley reiteró los llamamientos a la GECOM para completar el proceso electoral que fue terminado por Mingo, quien se adelantó al dar a conocer los resultados de la región sin completar la verificación de los resultados.

Una persona murió anoche tras una protesta liderada por la oposición en Guyana, donde este sábado Caricom llamó a los funcionarios electorales en el país y a los partidos para que trabajen juntos para lograr un final pacífico y legal del proceso electoral del que sigue sin haber resultados.

Las elecciones ocurren después de que Granger convocara los comicios forzado tras la presentación con éxito de una moción de no confianza en su contra en diciembre de 2018 -con 33 votos a favor y 32 en contra- por parte del PPP con Irfaan Ali como alternativa.

La moción, la primera en salir adelante en la historia de Guyana, fue presentada por el PPP por una supuesta mala gestión de los recursos petroleros y los acuerdos alcanzados con Exxon Mobil.

Aunque Granger debía celebrar elecciones en el plazo de 90 días tras el éxito de moción, varias reclamaciones ante los tribunales retrasaron el proceso.

Texto/Telesur
Foto/Prensa Latina