De las leyes firmadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la que mejor refleja su decisión de frenar el ingreso de inmigrantes es la Orden Ejecutiva 13769 del 20 de enero, que restringe drásticamente los programas de emisión de visas, las Admisiones de Refugiados de Estados Unidos (USRAP). Entre los 11 millones de ilegales que viven en Estados Unidos, dos millones son menores de edad. Llegaron siendo niños y ya adultos fueron incorporados al mercado laboral y tendrán que renovar su permiso antes del 5 de octubre. La gran mayoría tiene hijos y familias socialmente consolidadas, aunque se habían mantenido hasta ahora parcialmente legalizados, pues no disfrutan de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Desde 2014 estuvieron protegidos contra la deportación por una Orden Ejecutiva de Obama que el presidente Donald Trump dejó sin efecto y ahora podrán ser detenidos y expulsados.
Entre los amenazados se encuentran 150 mil ciudadanos cuya permisología vence el próximo mes. Las mafias laborales cobran 495 dólares para renovar la documentación, pero no garantizan el derecho a la legalización definitiva, según reportaron medios locales y ONG de derechos humanos, entre ellas la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). “Son simplemente (medidas) antiestadounidenses y obstinadas, son ilegales e inconstitucionales; violan la primera, cuarta, quinta, octava y 14ª enmiendas», aseguró Anthony D. Romero, director ejecutivo de ACLU. Los amenazados más directamente forman parte del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), conocidos como “dreamers”, que se han adaptado a la cultura norteamericana y hablan perfectamente inglés.
PLAZOS IMPLACABLES
“Si no renuevan la protección de DACA en las fechas determinadas por el Gobierno, perderá la protección el mismo día que vence su permiso de trabajo”, advirtió Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix (Arizona). Funcionarios gubernamentales explicaron cómo estarán reglamentadas las instrucciones presidenciales.
Bajo la lupa del presidente Trump, los datos del sistema de visado y el Usrap son vitales para combatir la inmigración ilegal. “Desempeñan un papel crucial en la detección de extranjeros que pueden cometer, ayudar o apoyar actos de terrorismo e impedir que estas personas entren a los Estados Unidos”. La orden 13769 está fundamentada en el antecedente de que “desde 2001 (ataque a las Torres Gemelas) cientos de personas nacidas en el extranjero han sido condenadas por crímenes relacionados con el terrorismo en los Estados Unidos”.
Por tal razón, “el Presidente podrá, por proclamación y durante el tiempo que estime necesario, suspender la entrada de todos los extranjeros o cualquier clase de extranjeros como inmigrantes o no inmigrantes, o imponer a los extranjeros la entrada de las restricciones que considere apropiadas”, según el texto presidencial. Desde 2001 se han presentado cinco versiones diferentes de la propuesta para los “dreamers” y siempre han sido rechazadas. Sin embargo, en 2012 el presidente Barack Obama anunció la acción ejecutiva DACA, que les da protección temporal, pero no les da residencia permanente y puede ser anulada con otra acción ejecutiva del presidente de turno, como acaba de ocurrir con su actual sucesor Donad Trump, quien decidió suspender el programa.
POLÍTICA ANTIMIGRATORIA
Desde comienzos de 2017, el New York Times denunció que las políticas del presidente Donald Trump no tienen por finalidad resolver el problema migratorio sino agravarlo, para justificar la represión contra los indocumentados. En un informe titulado Las nuevas políticas de deportación de Trump permiten más expulsiones, el diario aseguró que el Mandatario ordenó a su administración que aplique de manera más agresiva las leyes de inmigración, desatando la fuerza del gobierno federal para encontrar, detener y deportar a los que viven en el país de manera ilegal, independientemente de si han cometido crímenes graves o no. En los documentos de orientación oficial se ordena la creación de una oficina dentro del Servicio de Inmigración y Aduanas que ayude a las familias de los asesinados por inmigrantes indocumentados. Trump hizo que algunos de esos familiares hablaran en sus mítines durante la campaña y varios estuvieron presentes cuando firmó la orden ejecutiva. El texto presidencial no deja dudas de que el freno migratorio ya tiene techo: “Por la presente declaro que la entrada de más de 50.000 refugiados en el año fiscal 2017 sería perjudicial para los intereses de los Estados Unidos y, por lo tanto, suspendería cualquier entrada que supere ese número hasta el momento en que determine”.