El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela admitió este miércoles una demanda de protección de derechos colectivos, interpuesta contra los alcaldes Gerardo Blyde (Baruta) y David Smolansky (El Hatillo), ambos de la oposición.
El TSJ ordenó a los funcionarios que dentro de los municipios en los cuales ejercen sus competencias, realicen acciones y utilicen los recursos materiales y humanos necesarios, a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de personas y vehículos.
De esa forma, la sentencia del organismo dispone «la inmediata remoción de tales obstáculos y se mantengan las vías y zonas adyacentes a éstas libres de residuos y escombros y de cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la vialidad urbana».
También la Sala Constitucional ordenó a los alcaldes Blyde y Smolansky cumplir con su labor de ordenación del tránsito de vehículos a fin de garantizar un adecuado y seguro desplazamiento por las vías públicas de sus municipios.
El fallo instruyó a ambos burgomaestres a que giren las instrucciones necesarias en sus respectivos cuerpos de policías municipales.
La acción judicial fue interpuesta por el abogado Juan Garantón, al alegar que los funcionarios permitieron que grupos de personas tranquen calles con barricadas, lo cual según alegó el jurista, vulnera derechos como el tránsito, al trabajo, a la educación, a la salud, a la familia y a la seguridad personal.