La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decretó este jueves prohibición de salida del país y bloqueo de cuentas, entre otras medidas cautelares, contra las personas que se prestaron a ser designadas por la Asamblea Nacional (AN) actualmente en desacato constitucional, para la conformación de una supuesta junta directiva de la empresa Citgo, al determinar que se evidencia el intento de pretender asaltar a Pdvsa y sus filiales en el exterior.
La sentencia de la Sala Constitucional exhorta al Ministerio Público a investigar penalmente las conductas delictivas de los sujetos prenombrados.
Igualmente, solicitó a la Sala de Casación Penal iniciar los trámites correspondientes para el traslado a Venezuela de cualquiera de ellos que se encuentren fuera del territorio nacional.
El Magistrado Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional, al analizar el documento emanado de los diputados para designar sin ninguna facultad constitucional a directivos de la principal empresa petrolera venezolana, advirtió que la junta directiva del Parlamento sigue mostrando su desacato abierto, flagrante y contumaz. “Evidenciando intenciones golpistas”.
La decisión de la Sala Constitucional acusa tajantemente a que la Asamblea Nacional actual “pretende asaltar a Pdvsa y a sus empresas filiales bajo argumentos falaces e incongruentes, reñidos con el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia de la República Bolivariana”.
Este miércoles, Guaidó — usurpando las funciones del Ejecutivo Nacional —, nombró a Luisa Palacios, Ángel Olmeta, Édgar Rincón, Luis Urdaneta, Andrés Padilla y Rick Esser, como parte de una «nueva junta directiva» de CITGO, empresa sancionada de manera unilateral por la administración del presidente de los EEUU, Donald Trump; mientras que nombró a Simón Antúnez, David Smolansky, Carlos Balza, Ricardo Prada, Gustavo J. Velázquez, como miembros de una nueva Junta Administradora de Pdvsa.
La medida judicial ratifica que todas las actuaciones del Parlamento, habida cuenta de su contumaz y declarado desacato constitucional, son nulas absolutamente, sin valor legal alguno, por lo que cualquier actuación individual o colectiva de la junta directiva y sus integrantes carece de toda validez, sin menoscabo de las responsabilidades penales que haya lugar.
Finalmente, la resolución del máximo tribunal ordena tomar las medidas necesarias para la protección de la actividad petrolera y de las operaciones vinculadas, incluyendo la comercialización de sus productos y derivados.