Un grupo de 29 legisladores tucumanos presentó un proyecto que contradice al Código Penal porque pretende prohibir la interrupción legal del embarazo (ILE) en casos de violación, uno de los causales contemplados por la ley. La iniciativa, presentada el 1 de noviembre, también niega a las mujeres el derecho a ser informadas sobre la accesibilidad a abortos no punibles y habilita a los médicos a denunciar a la mujer en caso de “sospechas de la inexistencia de delito contra la integridad sexual”.
El proyecto, presentado por 29 legisladores –sobre un total de 49–, fue impulsado por el peronista Marcelo Caponio. La iniciativa considera una forma de “violencia contra la mujer” toda “interferencia externa, sea estatal o particular, que tenga por objeto inducir o convencer a la mujer embarazada a la práctica de un aborto”. Además, establece en su artículo 4 que queda “absolutamente prohibida la discriminación al niño por nacer gestado por causa de violación.
En el ámbito de la provincia, no se reconoce la categoría discriminatoria de ‘niños deseados’ y ‘niños no deseados’ por ser contraria a la garantía constitucional de igualdad, y a los tratados de Derechos Humanos incorporados a la Constitución Nacional”. El proyecto prohíbe el aborto en casos de abuso sexual, con lo que desconoce una de las causales contempladas en el artículo 86 del Código Penal y ratificadas por el fallo F.A.L. Además, en caso de “sospecha de la inexistencia de delito contra la integridad sexual”, quien atienda a la mujer que solicite una ILE podrá denunciarla ante la fiscalía de turno y pedir la intervención del Defensor de Menores.
“Técnicamente la provincia no puede modificar los estándares de acceso a la ILE”, afirmó Soledad Deza, abogada especialista en derechos de las mujeres e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir y Mujeres x Mujeres. “Es un mensaje político para debilitar la construcción de derechos y de ciudadanía”, advirtió Deza, quien subrayó, además, que la norma promueve “la alteración del orden democrático” en cuanto a confidencialidad y secreto profesional en la relación médico-paciente y en cuanto a la obligatoriedad de brindar información sobre la posibilidad de un aborto no punible en caso de violación.
Católicas por el Derecho a Decidir, Amnistía Internacional, CELS, ELA, Redaas, Cedes, Espacio Intercátedra de la Facultad de Derecho de la UNT y Mujeres X Mujeres, repudiaron la iniciativa. “Si bien este tipo de Proyectos de Ley carecen de valor jurídico, denunciamos que forman parte de estrategias políticas destinadas exclusivamente a confundir a la ciudadanía e imponer un mensaje acorde con una moral sexual restrictiva”, expresaron en un comunicado.
Con este proyecto, Tucumán –única provincia que no adhirió nunca a la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable– sigue sumando hechos a su historial antiderechos. El 2 de agosto, la Legislatura tucumana sancionó una resolución que declaró “pro-vida” a la provincia, con 39 votos a favor y 4 en contra. Además, a fines de octubre –también por mayoría– los legisladores provinciales aprobaron el nombramiento como ministro público de la Defensa de Washington Navarro Dávila, el fiscal que había pedido el encarcelamiento de Belén, la joven condenada a 8 años de prisión –y luego absuelta– por un aborto espontáneo.
En los últimos meses, grupos antiderechos irrumpieron en distintos hospitales para evitar prácticas de ILE. En agosto, por ejemplo, dos activistas del grupo Provida San Juan intentaron frenar una ILE y luego denunciaron a los profesionales que lo realizaron. Se hicieron pasar por médicos del hospital y se acercaron con un ecógrafo portátil a una mamá desesperada, quien había decidido que a su hija de 14 años le practiquen un aborto porque tiene retraso madurativo y estaba embarazada, producto de una violación. La intentaron convencer –sin éxito– para que de en adopción a su “futuro nieto”. Ese mismo día, otros activistas se interpusieron en el camino de la camilla que transportaba a la adolescente, para intentar que no se realizara la intervención. Pese a ello, la joven pudo acceder al aborto no punible. Algo similar sucedió en el hospital Rivadavia, en Recoleta, donde un grupo de personas realizó una vigilia para impedir una ILE por motivos de salud.
Por estas prácticas, diputados de diferentes bloques presentaron en el Congreso nacional un proyecto para sancionar con prisión de tres meses a un año a “quien por cualquier medio ejerciere violencia física o moral sobre autoridades de establecimientos de salud, integrantes o trabajadores de los mismos, o profesionales de la salud, a efectos de obstaculizar sus tareas o impedir el cumplimiento de las obligaciones a su cargo”. Esa pena también será aplicable a quienes organicen, convoquen o publiciten acciones de ese tipo. Además, el proyecto establece que la pena se elevará de uno a tres años “si las acciones tipificadas tuvieran como objetivo obstaculizar o impedir la práctica de una interrupción legal de un embarazo”.
“Creo que este sector ha tomado una virulencia impresionante a partir del debate en el Senado. En un primer momento hablaron de educación sexual integral y acceso a los anticonceptivos, pero usaron esto como un señuelo hipócrita para suavizar su posición retrógrada y fundamentalista, porque ahora sostienen lo contrario”, dijo a PáginaI12 Martha Rosenberg, médica psicoanalista, militante feminista y pionera de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. “No hay que dejar pasar o disimular todo lo que este sector viene haciendo. Hay que hacerlo visible. Porque es criminal, cuesta vidas”, concluyó la histórica militante.