Hace 20 años, cuando las protestas estudiantiles eran una constante y la respuesta del Estado era sangre y fuego, las aceras del emblemático Liceo Fermín Toro de Caracas se bañaron con la vida arrancada a un joven estudiante, víctima de la acción policial desmedida. Se llamaba Germán Sotillo y era, como suele suceder en muchos casos, un hijo humilde de nuestro pueblo. Ese joven es símbolo de una época, en la cual los estudiantes liceístas asumían banderas de lucha reivindicativa con pasión pero sobre todo con una conciencia importante del valor y significación de su lucha.
Mucho tiempo ha transcurrido desde aquellos fatídicos días. La Revolución Bolivariana trajo consigo el reconocimiento y valoración de la juventud, atendiendo su educación como un derecho para todas y todos, y dando un salto cuantitativo y cualitativo en la materia, con la inclusión como bandera inclaudicable.
Sin embargo, en la complejidad que vivimos, hay distintas formas de violencia que hoy intentan nutrirse y usar esa fuerza estudiantil para fines deshonestos que nada tienen que ver con reivindicaciones educativas.
En 2014 el Gobierno Bolivariano realizó con determinación acciones tendientes a recuperar las condiciones de la Unidad Educativa Fermín Toro, escuchando las peticiones de su Comunidad Educativa y con la idea de responder a las necesidades planteadas de manera estructural que afectan a las niñas, los niños y adolescentes que estudian en él desde Preescolar hasta Bachillerato.
Pero el embellecimiento y dotación de sus instalaciones, la inversión en equipos tecnológicos, la alimentación garantizada, las alianzas con instituciones para recuperar sus rutinas formativas, el impulso de la cultura y el deporte como parte del Currículo, la contratación de profesores comprometidos, entre un sinfín de acciones que se adelantan allí han dado contra oscuros intereses que sin lugar a dudas son alimentados desde fuera de la institución y que el sistema de justicia deberá identificar y sancionar con contundencia.
No debe haber margen para quienes pretenden usar las instituciones educativas con el fin de alimentar el negocio del microtráfico de drogas, la prostitución, el uso de armas o el vandalismo, provocando daños en estudiantes, padres y profesores. Los violentos no podrán torcer el brazo a quienes tienen hoy el compromiso de mantener la gobernabilidad y la paz de esta y de todas las instituciones educativas de la Patria.