Fue en una Asamblea que nació el sueño de esta República. Allí, a pocos metros de donde en estos días se vive el teatro de la infamia. Porque desde el 5 de abril de 1811 Venezuela quiso tener tres potencias libres de cualquier dominio extranjero capaces de determinar su destino. Poco después, en su mejor momento como estadista y acompañado por Juan Germán Roscio, el Libertador planteará que era necesario otro Poder, que lograra que la moral triunfara con luces sobre todas las pasiones y miserias. Aquella sociedad a la cual todas las críticas pueden hacérsele por su carácter burgués, por su cordón umbilical con Europa y su tolerancia hacia la esclavitud, conoció que la traición al sueño de la libertad y a la afirmación de la dignidad eran irrenunciables. Por ello, dar concesiones o aceptar los honores del extranjero se consideraron desde entonces problemas mayores, de relevancia penal y castigo público.
Con el paso de los años y las guerras, en Venezuela se fue dibujando tanto la prohibición de romper el lazo sagrado de la unión, frase propia del periodo federal, como de aceptar cualquier forma de humillación extranjera con brillantes recuerdos como la resistencia de Cipriano Castro.
Evidentemente, desde aquellas fechas no ha faltado quien ciego de ambiciones ha fallado a la hora. Algunos como José Antonio Páez se arrepintieron, otros pasaron a la historia con pena y sin gloria.
Son varios los ejemplos en los cuales los Poderes entraron en confrontaciones entre ellos: la resistencia del Congreso Nacional, amparado por la Corte Suprema de Justicia, a la Constituyente de 1999 y el antejuicio de mérito a Carlos Andrés Pérez serían buenos ejemplos. Sin embargo, al revisar la historia y la norma vemos el ruidoso contraste que hay con el presente en el que un Poder ha embestido contra el Estado.
El presente es entonces un tiempo que no pone en juego a un Gobierno, electo como ha sido por el pueblo sino la existencia misma del concepto irrenunciable para la historia venezolana: la Independencia. Así como la República que es el espacio donde todos están sometidos a una ley, incluso la autoridad pública.
Cuando observamos esta situación, tomando en cuenta que en la Constitución existen mecanismos de control y contrapeso que se activan para tomar decisiones históricas que ordenan vincular a distintos actores, motivar con base en una lista taxativa, probar de acuerdo a derecho y ejecutar con la autoridad y la fuerza pública, volvemos a evidenciar que hay quien se cree con derecho a renunciar a la Constitución. Cosa que ningún particular y, sobretodo, ningún Poder del Estado pueden, ni mediando una emergencia, hacer.