Las instituciones públicas, en la forma que las conocemos, son producto de una historia enraizada en los modelos que de Europa se forjaron de lo moderno. Nacen de la afirmación que se necesita ese todo poderoso terrenal que es el Estado que determina la vida y la muerte, la riqueza y la pobreza, de modo que justa o injustamente nos da seguridad, porque tiene un ámbito de actuación que nos deja saber por dónde y a qué va. Al menos ese es el resumen del pensamiento liberal.
Para llegar a la modernidad de estas instituciones políticas tenemos que recordar una revuelta inglesa, la Revolución Gloriosa, que logra eliminar aquellas reuniones que esporádicamente por orden del Rey se daban entre los sectores sociales para fundar las Asambleas o Congresos del modo que hoy los conocemos: como entidades de legislación y control de la función ejecutiva.
Son entonces, un freno del posible absolutismo, así como un Poder que no estaba controlado hasta que en la postrimería de la II Guerra Mundial se observara que los legisladores pueden, con acciones y omisiones, comprometer la responsabilidad del Estado e incluso violar Derechos Humanos. Para evitarlo, se le dio la última palabra a un juzgado superior, creado y amparado, en la Constitución.
Esa es la función de la Justicia Constitucional que es distinta al rol del Poder Legislativo que tiene, como ya dijimos, que legislar y controlar. Cuando controla su fuerza es similar a la de lo penal pero en una esfera superior, por eso, requiere hacerlo para exigir conceptos incumplidos o mal acatados pero que estén consagrados en la Constitución y en su reglamentación interna; por lo tanto, no pueden inventarse modos, instituciones ni justificaciones. Tienen que haber sido previstos constitucionalmente.
Es este el contexto en el que vivimos: entre la aspiración del Poder Legislativo de aplicar en Venezuela una figura que no existe, en la que ni la analogía ni el derecho comparado se permiten, y una reticencia de aceptar un Poder existente, conformado, legitimado y que se ha pronunciado en mas de tres ocasiones solicitando claramente que reconozca y se someta al Estado de Derecho y, una aspiración de juzgamiento que sería plenamente viable, por ejemplo, en Brasil donde la Constitución así lo determina.
La situación es compleja: por no aceptar el Poder que lo controla, la Asamblea Nacional se ha negado a controlar, como parte de su deber de colaboración y garantía de buen gobierno, a través de los mecanismos constitucionales y ha hecho del Primer Poder de la República una triste comedia de poco ranking, al cual los venezolanos de cualquier ideología cada vez le prestan menos atención y le tienen menos fe.