
La aprobación de la II Convención Colectiva Única (CCU) del sector universitario, cuya discusión se prolongó por 14 semanas de trabajo intenso, vuelve a generar polémica entre las distintas organizaciones gremiales de profesores, empleados y obreros, así como en la población estudiantil, debido a la diferencia de criterios y opiniones que los involucrados en el área mantienen al respecto.
De acuerdo con el ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, las 124 cláusulas contenidas en el programa, garantizan a las trabajadoras y los trabajadores universitarios mejores reivindicaciones y contraprestaciones sociales y económicas de las que tenían cuando culminó la primera convención.
Dijo que el Gobierno “siempre estuvo dispuesto a conversar con todos los sectores”, incluso con aquellos que le adversan de la manera más radical. De hecho, recalcó que representantes de nueve organizaciones sindicales de distintas corrientes avalaron la propuesta con sus firmas.
Por si fuera poco, el debate contó con la participación de dos invitadas; las profesoras Gladys Baraja, que acudió en representación de las jubiladas y los jubilados y firmó las 124 cláusulas, y Lourdes de Viloria, por la Federación de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), quien firmó 105 cláusulas del total que fueron propuestas. Pero para algunos gremios esto no es suficiente.
IRRESPETO A LA CONSTITUCIÓN
Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), considera que la convención colectiva recién aprobada “irrespeta el texto constitucional y no llena las expectativas” de quienes hacen vida en el sector. Asegura que, pese a no apoyar tal decisión, las y los docentes de esta casa de estudios no tienen intenciones de paralizar las actividades.
“Nosotros hemos apostado permanentemente al diálogo, y más bien nos hemos quejado de manera reiterada porque no se nos convoca a dialogar”, refutó. Sin embargo, refiere que la situación es tan delicada que, si no se canalizan soluciones rápidamente, puede conducir a un conflicto generalizado.
Esgrime que para las agremiadas y los agremiados en la Apucv “el problema se resuelve simplemente si el ministro reconoce que se equivocaron, que están violentando derechos constitucionales, que hay una propuesta de carácter recesivo y, en ese sentido, hacen las correcciones correspondientes”.

NO OMITIR ESCALAFONES
Márquez indica que existen unos escalafones vinculados con la capacitación académica que, a su parecer, no pueden ser omitidos. “Una persona entra como instructor, de instructor pasa a asistente, de asistente a agregado, de agregado a asociado y de asociado a titular”, describió. Para pasar de una categoría a otra, acota, hay que seguir un proceso y superar los límites temporales que establece la Ley de Universidades.
El ascenso de un escalafón a otro implica una mejora de sueldo, “porque la persona ya tiene una categoría distinta”. Además señala que entre un escalafón y otro hay unos porcentajes de diferencia “para estimular a que se haga carrera docente”. Se trata de derechos adquiridos que, en su criterio, no pueden ser modificados, “y si se modifican tienen que mejorarse las condiciones”.
Pero aduce que en la tabla salarial establecida recientemente “el profesor instructor perdió 3,75% de su pase de instructor a asistente”. En el caso del profesor titular, esgrime que la situación es peor, “porque le quitan el 7,50% de lo que le corresponde por haber ascendido en el escalafón universitario”. Según el docente, “eso demuestra que hay una violación a la progresividad de derecho que está establecida en la Constitución”.
SALARIOS NO DIGNOS
El presidente de la Apucv afirma que el salario propuesto en la segunda contratación colectiva “no es digno”, y que esta no es una apreciación personal, sino que responde los parámetros establecidos en la Constitución, la cual establece que el salario mínimo tiene que equipararse al costo de la canasta básica, “pero con el mejor incremento salarial, no hay un solo profesor que llegue al precio de la canasta básica, que hoy está en más de 60 mil bolívares”.
Lo que se está llevando a cabo en este momento, alega, es un incremento en el salario nominal. “Si yo comparo mi talón de pago de ahora con el del mes que viene lo voy a ver aumentado, pero si comparo cuantas cosas adquiría antes de ese aumento con lo que me permite adquirir el nuevo incremento salarial, me voy a encontrar con que mi condición de vida no mejoró, sino que va en franco retroceso”, ejemplificó.
Sostiene quem como presidente del Instituto de Previsión de las y los profesores de la UCV, recibe todas las inquietudes de las y los docentes, quienes plantean que el salario que cobran mensualmente no les alcanza para comprar comida, cubrir gastos de medicamentos, ni siniestros, “porque la cobertura que ellos mismos se pagan, que es de 800 mil bolívares, no alcanza para nada”.
FUGA DE RECURSOS HUMANOS
Adicional a la garantía de las condiciones de vida, el vocero sostiene que la principal preocupación dentro del gremio es la fuga de profesionales. “Nosotros formamos parte de un mercado de trabajo que dejo de ser nacional para convertirse en internacional; cuando el salario que se ofrece en un país es muy bajo, otros países que ofrecen un salario más alto absorben ese recurso humano”.
Los incrementos salariales planteados en la actualidad, según Márquez, son equivalentes a unos 60 dólares -calculado con base en el mercado paralelo de divisas, donde un dólar se cotiza en 600 bolívares aproximadamente- pero asegura que en Colombia, por poner un ejemplo, el salario de un docente alcanza los 4 mil dólares. “Un país que acaba con la intelectualidad, que acaba con los encargados de formar a los profesionales que el país necesita, está destruyendo el futuro de la nación”, fustigó.
La obligación que tienen como gremio, alega, no es nada más luchar por el salario, sino también por una educación de calidad en el país, “pero producto de este deterioro estamos constando que los profesores están renunciando para irse a otros países a trabajar. Acaba de ocurrir en la USB, donde más de nueve profesores del departamento de física y matemática, con posgrado y doctorado, se fueron”.
DAR EL EJEMPLO
El dirigente gremial admite que el país atraviesa una difícil situación económica, pero estima que si se trata de administrar mejor los recursos, el Gobierno debe dar el ejemplo. “Si uno viera que ellos se están apretando el cinturón, que se bajaron los salarios y los beneficios, pero lo que uno observa es que siguen dándose beneficios, algunos ocultos, y otros que los conocemos por diferentes vías, que no tienen nada que ver con la masa trabajadora”, criticó.
Además, señala que la situación también obligaría a dejar de conceder recursos a otros países. “En un momento dado, cuando hubo mucho dinero aquí, se decidió regalar a diestra y siniestra, a los nuestros y a los externos, pero ya no estamos en esa situación, entonces se debe parar la regaladera. Si el argumento es que no hay dinero, entonces no debe haber dinero para República Dominicana, ni para Ecuador, ni para Nicaragua, ni para Bolivia, sino para los venezolanos”, reiteró.
En criterio del docente, las y los integrantes del sector educativo ya no están peleando por el salario, sino porque se cansaron de ser maltratados. “Llegamos al límite de la subsistencia. Aquí nos empobrecimos todos de un solo golpe. Estamos en un drama que no es exclusivo de los profesores, es un drama general”, denunció. En tal sentido, determinó que si las autoridades “no enfrentan ese drama, el conflicto se va a mantener”.

PANORAMA FAVORABLE
Una posición distinta manifiesta Carlos López, dirigente de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (Fetrauve), para quien el panorama esbozado en esta contratación colectiva es favorable puesto que, a pesar de las dificultades que enfrenta el país, la oferta económica presentada por el Ejecutivo permitió alcanzar un aumento salarial “bastante sustancial” con relación a los sueldos anteriores.
“Es bien sabido que los salarios de profesores, empleados y obreros estaban bastante deprimidos. De hecho, desde el 1 de enero de 2014 hasta la fecha no había habido ningún aumento de salario y eso, sumado a la situación especulativa que se ha dado, hizo que hubiese una pérdida importante de la capacidad adquisitiva de los profesores, empleados y obreros”, comentó.
Las negociaciones, acotó, “se demoraron varios meses” debido a que el Ministerio de Educación Universitaria tardó en presentar una oferta económica por causa de la coyuntura económica en la que se encuentra el país. Aduce que “todos estos esfuerzos se hacen en medio de una situación donde el barril de petróleo está muy por debajo de los precios presupuestados para el año 2015”. Sin embargo, acota que “el Gobierno no solo continúa con la discusión de la convención colectiva, sino que destinó más de 25 mil millones de bolívares para soportar las necesidades económicas ahí expresadas”.
AUMENTOS SUSTANCIALES
Los aumentos para este año, según lo acordado en la nueva convención colectiva, oscilan entre 120% y 150%, y para el año 2016 pueden llegar hasta 200%, explicó el dirigente gremial. “Por ejemplo, un profesor titular a dedicación exclusiva, que estaba en 15 mil bolívares mensuales para enero de este año, con el adelanto que hizo el presidente Nicolás Maduro subió en mayo a 19 mil y ahora con la convención colectiva queda en 36 mil”, detalló.
A eso suma otros beneficios como las primas salariales por hijo y por hogar, así como la prima exclusiva de titularidad, en el caso del profesor titular, más los cinco mil bolívares por concepto del tique alimentario, lo cual hace que este pueda obtener un ingreso monetario de entre 36 y 50 mil bolívares mensuales.
En cuanto al profesor instructor a tiempo completo, especificó que en las tablas que se establecieron a través de la nueva convención colectiva su salario queda en 19 mil bolívares, pero con las primas puede llegar hasta 25 mil, “e incluso, dependiendo de la cantidad de hijos y los beneficios salariales paralelos que tenga, estaría rondando los 30 mil bolívares mensuales”.
Negó que en algún momento se le esté rebajando el sueldo a las y los docentes: “Los profesores a tiempo convencional -que son el instructor y el asistente- venían ganando más que el de medio tiempo, y lo que se hizo fue ajustar la fórmula, de manera que el de a tiempo convencional no solapara al de medio tiempo. A todos se les aumentó, solo que a los de tiempo convencional se les aumentó un poco menos para que no siguieran ganando más que el de medio tiempo”.
Por otra parte, refirió que el salario de un obrero de primer grado quedó en 11 mil bolívares mensuales, “y con las primas y el bono de alimentación su ingreso total puede alcanzar los 20 mil bolívares”, mientras que salario del personal administrativo queda en 14 mil el más bajo y 23 mil bolívares el más alto, “pero con las primas por hijos y por hogar, más el tique de alimentación, el administrativo más bajo puede llegar a cerca de 20 mil bolívares y el más alto a 35 mil bolívares”.
MÁS BENEFICIOS
Subrayó que, como parte de la nueva convención colectiva, también se llevó a cabo la unificación de las escalas en un tabulador único para los empleados administrativos, “que no existía”, y se va a implementar el sistema de desarrollo de carrera que recupera la carrera administrativa universitaria, “que tampoco existía”.
Son unos 60 mil trabajadores que se benefician con este nuevo sistema de desarrollo, “pero en total, el universo que estamos cubriendo son 211 mil trabajadores y trabajadoras, docentes, administrativos y obreros de todas las instituciones de educación superior”, apuntó.
Otra mejora lograda, mencionó el coordinador de la Fetuv, es el incremento de la cobertura para el servicio de hospitalización, cirugía y maternidad (HCM). “De 40 mil bolívares que estaba antes se aumentó a 150 mil para lo que resta de este año y a 200 mil para el año 2016, por siniestro, maternidad pasó a 120 mil por lo que resta del año y a 150 mil para el 2016”, dilucidó.
Asimismo, destacó que el nuevo contrato incluye el suministro de alimentos y de bienes a precios justos, para todo el sistema universitario, mediante operativos quincenales o mensuales. “Estos operativos ya se están acordando y se van a comenzar en el transcurso del mes de octubre, noviembre y diciembre y después todo el año que viene”.
Todos los beneficios aprobados en la nueva convención colectiva, resaltó, se extienden en igualdad de condiciones plenas para las jubiladas y los jubilados: “Si hay jubilados que por cualquier causa quedaron en un momento dado en condiciones inferiores al activo equivalente de su mismo tabulador, se le pagará el ajuste inmediatamente, pero el jubilado va a ganar el mismo salario o más que el trabajador activo equivalente a su mismo tabulador”.
DISCUSIÓN LEGITIMADA
La Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela -que se formó por la unidad de tres federaciones; una de obreros, una de profesores y otra de empleados administrativos- fue la que introdujo este proyecto de contrato colectivo, y según López, es la única organización legitimada para discutirlo.
Las otras federaciones, en su criterio, “están en condiciones de ilegitimidad”. La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), acotó, “nunca dio el paso para convertirse en sindicato”, por tanto, considera que esta es una asociación civil sin fines de lucro. Sin embargo, asegura que cuando introdujeron el proyecto de contratación colectiva y se establecieron las mesas negociadoras, “se decidió darle participación a todos esos factores”.
Para el dirigente gremial, “es un paso importante” que Fapuv haya aceptado la invitación de sentarse a discutir las condiciones laborales de profesores, empleados y obreros de las universidades del país. “Ellos hasta hace poco estaban anclados en la propuesta de las normas de homologación, que fue un instrumento que se implementó en la Cuarta República”, enfatizó. En esta oportunidad, el organismo “firmó casi todas las actas, menos la del aumento de salario y la de los jubilados, pero participó en todas las conversaciones”.

AUMENTOS SIGNIFICATIVOS
Leonardo Carballo, representante del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la USB, asume con optimismo el nuevo contrato colectivo del sector por considerar que ofrece muchos beneficios, aun cuando “su aprobación no se da en medio de un país boyante de dinero, sino con dificultades económicas, con el barril de petróleo a 35 dólares”.
No obstante, reseña que después de su discusión, y de haber acordado las condiciones, se consultaron a las bases durante una asamblea efectuada esta semana en la sede de Sartanejas, y estas manifestaron su desacuerdo con el aumento planteado.
“Ellos consideran que el aumento porcentual salarial obtenido no es suficiente para las necesidades que se tienen”, dice, “pero esa es la opinión de un sindicato, de manera que hay que esperar la de los demás, porque lo que diga la mayoría es lo que se aplica”.
A su parecer, los aumentos salariales -que según la información que maneja van desde 126% a 190%- han sido “muy importantes y significativos”, sobre todo en un momento como este en el que el país atraviesa una coyuntura económica. Pero no todos los gremios lo entienden así.
NOVEDOSO SALARIO SOCIAL
Otro de los grandes logros alcanzados en la discusión de este año, precisa, fue haber podido aumentar el valor de la unidad tributaria con relación al tique de alimentación, “que por ley es de 0,25 a 0,50, y para la administración pública es hasta 0,75, quedando establecida para el sector universitario en 1,3”.
También celebró el aumento en la cobertura de la póliza de seguro HCM, que estaba en 40 mil bolívares y que llegará a 200 mil bolívares, así como el incremento de las distintas primas salariales. “Eso es un aumento significativo”, puntualizó.
Además resalta la aprobación de un elemento que resulta novedoso para la USB, como lo es el salario social, que a su parecer, todavía no se ha podido cuantificar precisamente por lo reciente de su implementación. “El salario social es vivienda para los que no tienen, garantizar alimentos de la cesta básica, cuestiones para el hogar y turismo”, describió.

RECHAZO AL PARO
Jonathan Sayago, dirigente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), asegura que como movimiento estudiantil universitario de Caracas están rechazando el llamado a paro que ha sido convocado por algunas federaciones, cuando ni siquiera han comenzado las clases en las universidades del país.
“Nosotros como estudiantes universitarios conscientes, estamos llamando a tomar las casas de estudios; si las universidades están cerradas, las abriremos, si están vacías, las tomaremos con congresos, con actividades deportivas y culturales, nosotros vamos a seguir en pie de lucha, vamos a seguir avanzando en lo que sería la construcción de la nueva Patria”, apuntaló.
Asimismo, criticó la posición de algunos líderes estudiantiles quienes, según afirma, “en vez de velar por los intereses de los estudiantes, están velando por los intereses de los profesores”. No es posible, en su criterio, que en un país donde necesitamos trabajar para producir y salir adelante, las universidades, que son las formadoras de los nuevos profesionales, estén llamando a paro.
Recordó que por cada mes que se retrasan las clases, se retrasa un semestre: “Eso lo vimos reflejado el año pasado y el año antepasado, porque solamente en los paros universitarios los únicos que se vieron afectados fueron los estudiantes, porque cuando al profesor universitario se le dio el aumento salarial, ellos simplemente siguieron trabajando y toda la carga académica que no se le dio al estudiante se omitió, y por ende eso repercute directamente en la formación del estudiante”.
DISCUSIÓN PARTICIPATIVA
El joven dirigente recordó que durante el periodo vacacional representantes del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología se estuvieron reuniendo con las diferentes federaciones y sindicatos que hacen vida en el sector, para discutir el nuevo contrato colectivo.
En su opinión, el proceso de discusiones fue “totalmente participativo”, puesto que allí también tuvieron voz organizaciones como la Fapuv, que no es un sindicato. “Ellos hicieron sus aportes, ofrecieron sus exposiciones sobre cómo debería ser el contrato colectivo”, reiteró.
A partir de esos encuentros, prosiguió, se llega a un consenso, razón por la que no concibe que luego de que se les reconoce y se les invita a participar, “ahora quieran desconocer todos los avances que se lograron para que iniciaran las clases sin problemas”.
RESPONSABILIDAD PRESUPUESTARIA
Con relación al presupuesto universitario, Sayago reiteró la invitación a las distintas organizaciones sindicales del sector universitario para que se incorporen a las mesas de discusión y de esta manera se pueda llegar a un acuerdo favorable para todas las partes.
“Sabemos perfectamente que estamos en una guerra económica, donde hay una inflación que está causando malestar en el bolsillo de los venezolanos, pero las autoridades universitarias tienen que ser muy responsables y si van a decir que el presupuesto no les alcanza, tienen que demostrarlo”, puntualizó.
Las autoridades de las universidades autónomas, subraya el dirigente estudiantil, no rinden cuenta a las y los estudiantes, ni al Estado venezolano, que es quien les da el presupuesto, acerca de la forma como administran esos recursos. Dice que “si una universidad es realmente autónoma debería autosustentarse”, pero esas universidades, a su juicio, “solamente son autónomas para lo que les conviene”.
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