El presidente de Uruguay, José Mujica, reconoció la responsabilidad del Estado en la desaparición forzada de María Claudia García Irureta durante la dictadura cívico-militar (1973-1985), al tiempo que reiteró el compromiso de su Gobierno para evitar que se repitan hechos similares.
En un discurso ante la Asamblea Nacional, Mujica apuntó que el Estado de Uruguay reconoce su responsabilidad institucional, internacional y ética por la desaparición forzada de García Irureta, ya que con ello se «violó sus derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad y al reconocimiento de la personalidad jurídica».
Según explicó que ha hecho este reconocimiento «en nombre de la República Oriental de Uruguay como entidad colectiva, y en el marco de los principios de continuidad y sucesión del Estado, independientemente del ámbito temporal y material en que ocurrieron los hechos».
En 1976, García de Irureta fue secuestrada en Buenos Aires cuando estaba embarazada y trasladada a Uruguay. Después de dar a luz a una niña fue asesinada en Montevideo. Su hija fue entregada ilegalmente a la familia de un policía uruguayo.
En el año 2000, María Macarena, hija de García Irureta, descubrió su origen y junto a su abuelo, Juan Gelman, interpuso una demanda contra el Estado de Uruguay ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la desaparición forzada de su madre.
Recientemente, la CIDH emitió una sentencia en la que condena al Estado de Uruguay a pedir perdón a la familia por la desaparición de García de Irureta, tal y como lo hizo este miércoles el presidente del país sudamericano.
«El Estado es responsable de la supresión y sustitución de la identidad de María Macarena y de la violación de los derechos a la integridad personal y a la protección de la familia de Juan Gelman, como consecuencia de los sufrimientos ocasionados por estos hechos», di jo Mujica.
Hace pocos días aparecieron unos restos humanos en el Batallón 14, que están siendo analizados para determinar si pertenecen a García Irureta, cuyo cuerpo no ha aparecido, según informa el diario uruguayo El País.
En relación a este caso, el juez Pedro Salazar ordenó a finales del año pasado procesar por un delito de homicidio muy especialmente agravado a José Nino Gavazzo, José Ricardo Arab Fernández, Gilberto Valentín Vázquez Bisio, Jorge Silveira Quesada y Ricardo José Medina Blanco y solicitó la extradición desde Argentina de Manuel Cordero.
COMPROMISO DE GOBIERNO
Por otro lado, Mujica reiteró el compromiso de su Gobierno con la Justicia para evitar que se repitan hechos similares, al tiempo que ha asegurado que «el Estado seguirá dando pasos firmes para reparar el daño».
Además, condenó el Plan Cóndor, por el que Uruguay, en coordinación con Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y Paraguay, persiguió por razones ideológicas a los habitantes de estos países para detenerlos y decidir su asesinato o desaparición.
Como consecuencia de ello, subrayó que «centenares de personas fueron víctimas de torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas de forma sistemática».
Fuente/Europa Press, El País
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