No cayó muy bien en la opinión pública la solicitud del Viceministerio de Asuntos Multilaterales de Colombia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que levante las medidas cautelares que impuso en noviembre del año pasado para obligar a las autoridades a atender la crisis que vive la infancia en La Guajira.
El procurador colombiano Alejandro Ordóñez parece unirse a esas voces de protesta.
El jefe del Ministerio Público criticó al Gobierno de Juan Manuel Santos por hacer expresa esa intención. Dijo que no le parece prudente estar exigiendo que se revoquen determinaciones de ese tipo, cuando se hace evidente la enorme responsabilidad de las instituciones en las muertes por desnutrición de los niños de ese departamento del Caribe, especialmente las acaecidas dentro de la comunidad wayúu.
Explicó que si no fuera por tanta omisión y por la falta de políticas públicas realmente eficaces, la Procuraduría no habría tenido que reunir a las autoridades de la región para poder hacer frente a la dramática situación.
Agregó que la falta de previsión de algunas entidades ha sido tan evidente que no se descartan medidas disciplinarias contra los responsables. De hecho, recordó que, a la fecha, se vienen adelantando 11 investigaciones contra servidores de distintos estamentos responsables de la ejecución de políticas públicas a favor de la niñez.
Para él, las muertes dolorosas de niños wayúu frente a las cuales el país se ha venido sensibilizando en los últimos días, por desgracia, son solo una pequeña parte de la historia. Agregó que los problemas de nutrición que han provocado estos decesos también están a la orden del día en otras etnias guajiras y en distintas zonas de la región Caribe.
Además, dijo que hay departamentos de otras regiones, como Vaupés, en los que la niñez sigue siendo víctima de la irresponsabilidad y falta de eficacia de las entidades. Las cifras son escalofriantes. Según Ordóñez Maldonado, en los últimos ocho años han fallecido 4.770 niños en todo el país por desnutrición. En su criterio, es una situación vergonzosa e indignante, que exige medidas inmediatas y urgentes.
Por ello, precisó, la Procuraduría seguirá vigilando la ejecución de los distintos programas de atención y seguirá acompañando a los entes territoriales y entidades del orden nacional como el ICBF para que sus actuaciones sean lo suficientemente efectivas para frenar esta ola de muertes.
Terminó su intervención señalando que ya es momento de abandonar esa actitud de resignación y vincular a las propias comunidades afectadas en la concreción de los planes frente a los que se tiene la esperanza de encontrar soluciones.
El jefe del Ministerio Público presidió una audiencia en la que las autoridades de los departamentos del Caribe discutieron con el Ministerio Público los problemas de deficiente alimentación que vienen sufriendo los niños en el norte del país. A la reunión, de la que también hizo parte la procuradora delegada de Infancia y Adolescencia, Ilva Myriam Hoyos, fueron invitados gobernadores de varios departamentos.