La medida dictada esta semana por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para la reubicación de 150 familias de la primera etapa del Conjunto Parque Residencial Terrazas de La Vega ha provocado opiniones encontradas entre los vecinos.
Hay quienes celebran el anuncio hecho por el máximo tribunal del país, pero hay quienes lamentan que la mayoría de las familias de la urbanización quedaran excluidas del beneficio.
En el urbanismo habitan 1.820 familias y los problemas de deslizamientos no son nuevos. A pesar que desde el año 2005 se han presentado derrumbes considerables, no fue sino hasta el mes de diciembre pasado cuando se prendió la alarma en la comunidad, especialmente en el sector 3 de la primera etapa, cuando ocurrieron deslizamientos de rocas y lodo que afectaron a los edificios 9, 10, 11, 12 y 13.
Rafael Moreno, habitante del sector 3, aplaudió la decisión del TSJ, que responde a una demanda presentada por la Defensoría del Pueblo, e hizo un llamado a los vecinos para que confíen en las autoridades.
“Se ha hecho justicia. La Defensoría del Pueblo fue enfática al señalar que se harán unos estudios y si los resultados determinan que toda la urbanización tiene riesgo, inmediatamente va a incorporar al resto de las familias a la demanda”, dijo.
Puntualizó que el Estado debe garantizar la vida de las personas y por lo tanto, “hemos dicho a los vecinos que deben realizar los mismos procesos que nosotros hemos emprendido para que los organismos se pronuncien”.
INQUIETUD
Al recorrer el conjunto residencial, se observan varios deslizamientos. Una de las zonas más críticas es el sector 4, donde se encuentran los edificios 16 y 17. Allí se observan unos camiones de la Promotora Parque La Vega que despejan la montaña, con la intención de construir un muro para estabilizar el talud.
Las y los habitantes cuentan que en diciembre se desprendieron del cerro grandes rocas, del tamaño de un vehículo. Pero no fue sino hasta el 10 de enero cuando la constructora comenzó los trabajos para estabilizar el talud. La incertidumbre reina en la comunidad porque desconocen si la obra es pertinente y si se garantizará su seguridad, y se quejan de que no fueron tomados en cuenta por el TSJ para ser reubicados.
En la segunda etapa también se escuchan quejas. La vecina Luisa Armas recordó que el pasado lunes se instaló una mesa técnica donde estuvieron presentes Indepabis, Ministerio del Ambiente, Control Urbano de la Alcaldía de Libertador y la Defensoría del Pueblo.
Indicó que en el encuentro se decidió que las autoridades contratarían los servicios de ingenieros y geólogos para hacer las evaluaciones y que la comunidad también haría sus estudios. Pero la decisión de reubicar a 150 familias tomó por sorpresa a los habitantes de este sector.
Armas señaló que el bloqueo o inmovilización preventiva de las cuentas bancarias de la Promotora Parque La Vega, ordenado por el TSJ, traerá consecuencias en los servicios de la comunidad.
“Con el congelamietno de los movimientos bancarios no van a poder continuar las obras de reparación.
El urbanismo todavía goza de la garantía de la constructora. “El agua que consumimos proviene de de pozos profundos y es enviada a través de un sistema de bombas. La luz que activa esas bombas la paga la constructora , así como su mantenimiento. La promotora también paga al señor que activa las bombas, la vigilancia del portón de la entrada, la luz de algunos edificios. Cuando se tapan las tuberías porque el agua viene con muchos minerales, la promotora manda plomeros para que las despapen”, indicó.
VÍA CRUCIS
Rafael Moreno recordó que los problemas comenzaron en Terrazas La Vega en 2002 “porque cuando llovía caía una cascada pequeña detrás de los edificios 12 y 13. En 2005, durante la vaguada, cayó una gran cantidad de lodo y los vecinos de la planta baja perdieron sus enseres. Fuimos a la promotora e hicieron unos trabajos de canalización”.
Como los deslizamientos continuaban cada vez que llovía, la promotora colocó una malla para contener las rocas que caían del cerro, “pero era una malla frágil, que parecía de gallinero, y a las dos semanas se cayó; después pusieron una armadura de vigas con concreto, pero no fue suficiente”.
Moreno indicó que en 2009 Control Urbano y el Instituto Municipal de Gestión de Riesgo y Administración de Desastres de la Alcaldía de Libertador (Imgra) recomendaron a la Promotora Parque La Vega que ejecutara trabajos puntuales para minimizar los riesgos, pero según Moreno, la empresa no acató las sugerencias.
TESTIMONIOS
Alí Loreto
“Nosotros, el resto de los habitantes de esta comunidad que no sufrimos daños, pedimos al TSJ que nos tome en cuenta para la toma de decisiones y que tenga presente a los casi 200 obreros que laboran en la Promotora Parque La vega y a las 140 familias que están por habitar la segunda etapa, ya que los créditos fueron aprobados por los bancos”.
Ligia Jiménez
“Queremos estudios de suelo en el edificio 16 y 17. Este problema no comenzó con las lluvias de diciembre, empezó en el 2002 cuando cayeron unas piedras del cerro. La promotora colocó unas barras de hierro pero en 2008 se desplomó la montaña que está detrás de estos edificios. Protección Civil y los bomberos me dijeron que me tenía que ir, pero para dónde me voy a ir”.
Dulbis Blanco
“Estamos contentos porque a través del Gobierno hemos logrado que la promotora nos responda, ya que desde el año 2004 hemos peleado con la promotora para que nos resolviera esta situación. Nos estafaron al vendernos algo que está prácticamente inhabitable y nuestras vidas corren riesgo”
“Vemos con asombro que con la decisión del TSJ se deja por fuera a 1.670 familias, no entendemos por qué se tomó una decisión con premura para sólo favorecer a 150 familias; sentimos que nuestros derechos han sido vulnerados. Consideramos que se mal informó a la Defensoría del Pueblo, organismo que interpuso una demanda de protección”.