Entre los días 3 y 28 de noviembre el Comité Contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas llevará a cabo en la ciudad de Ginebra, Suiza, su Quincuagésimo Tercero (53°) Periodo de Sesiones, durante el que revisará el Informe presentado por el Estado venezolano sobre la implementación de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Esta Convención que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Resolución 39/46 del 10 de diciembre de 1984, fue suscrita y ratificada por Venezuela en 1991, con lo cual nuestro Estado se obligó a prevenir y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
El Comité Contra la Tortura está compuesto de 10 expertos de gran integridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos. Está encargado especialmente de vigilar y evaluar la aplicación de la Convención Contra la Tortura por parte de los Estados Partes. En este periodo de sesiones el Comité examinará no solo la situación de tortura en Venezuela sino también de países como Australia, Croacia, Ucrania y Estados Unidos.
La importancia de la presentación de este Informe por parte del Estado venezolano ante el Comité radica en la posibilidad de conocer los avances que se han dado en materia de prevención y sanción de la tortura en Venezuela. Pero también se constituye en una oportunidad para que el Comité Contra la Tortura pueda hacer observaciones y generar recomendaciones al Estado de cara a lo que aún falta por hacer para lograr la erradicación de la tortura en nuestro país.
AÚN SE APLICA
La práctica de la tortura y los malos tratos por parte de los cuerpos policiales y militares se ha instalado desde hace muchos años en Venezuela como un patrón de acción recurrente, ejercido generalmente contra los hombres jóvenes pobres, que criminalizados por su condición de pobreza son objeto de control, agresión e intimidación por parte de los uniformados.
La tortura permanece como un mecanismo represivo de acción por parte de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, un tipo de violencia que emerge de un antiguo modelo policial autoritario en la cual los medios de actuación policial asociados al castigo físico se encuentran legitimados.
De esto dan cuenta los relatos de más 300 personas que han sido víctimas y que han acudido entre los años 1995 y 2013 a la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización social de promoción y defensa de derechos humanos, buscando justicia, atención y reparación por los daños causados.
EL PAPEL DE LAS ONG
Las organizaciones sociales que acompañan y atienden a víctimas de tortura u otros malos tratos a menudo poseen una gran cantidad de información y conocimientos sobre la tortura en su país, a través de su contacto continuo y directo con las víctimas. Esta información puede ser muy útil como base para la promoción de cambios en la legislación, así como en las prácticas nacionales para garantizar la justicia, la rehabilitación, la reparación y la prevención de la tortura.
En ocasión de la revisión del Informe de Venezuela los días 6 y 7 de noviembre, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz elaboró y presentó ante el Comité un informe alternativo que ofrece información complementaria a la aportada por el Gobierno Nacional con el objeto de brindar propuestas y recomendaciones para erradicar y prevenir la práctica de la tortura en el país.
Este informe complementario constituye una sistematización a partir de casos específicos atendidos y acompañados por la Red de Apoyo. El informe pretende reunir las voces de las víctimas de tortura, que son las de las personas excluidas que viven en contextos de pobreza, presentándolo a consideración de las autoridades del Gobierno de Venezuela, del Comité Contra la Tortura y de la sociedad en general y de instituciones multilaterales de protección de los derechos humanos con el objeto de contribuir en la lucha por eliminar este flagelo mundial que avergüenza a toda la humanidad.
ALGUNOS AVANCES
La presentación de este informe representa un importante avance por parte del Gobierno Nacional, así como la aprobación de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, la constitución de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes y la elaboración de un Plan Nacional para la Prevención de la Tortura por parte de dicha Comisión.
RETOS PARA VENEZUELA
En Venezuela no existen programas o servicios de rehabilitación para las víctimas de tortura. Tampoco se han desarrollado políticas públicas para que se creen dichos servicios. Es por ello que se debe dar prioridad a los programas para la atención a todas las personas víctimas de tortura, incluyendo la reparación y el resarcimiento de los daños causados.
De igual forma resulta urgente promover una reforma judicial integral que evite la impunidad, los retardos judiciales y acelere las investigaciones, juicios y sanciones a los responsables de las torturas y otras graves violaciones de derechos humanos.
ACERCA DE LA RED DE APOYO POR LA JUSTICIA Y LA PAZ
La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que promueve y defiende los derechos humanos en Venezuela desde 1985. Con una perspectiva Inter y multidisciplinaria, la Red de Apoyo:
- Denuncia jurídica y comunitariamente los casos de violación del derecho a la vida, integridad personal, libertad y seguridad personal e inviolabilidad del hogar.
- Atiende médica, psicológica y sociopedagógicamente a las víctimas de tortura y a familiares de víctimas de abusos policiales o militares.
- Promueve políticas públicas en materia de derechos humanos.
- Realiza actividades de promoción y difusión, y genera procesos de educación en derechos humanos.
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