El canciller venezolano, Jorge Arreaza, precisó que la semana pasada Caracas envió a la Fiscalía de la CPI el informe preliminar de la relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Alena Douhan, que confirma el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales, y el informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) de EE.UU., que reconoce que las sanciones buscan limitar las fuentes de ingreso del país suramericano.
“Esta información se entregó para actualizar la fundamentación de la Remisión que presentó Venezuela ante la Corte Penal Internacional en febrero de 2020”, escribió el martes el ministro de Asuntos Exteriores venezolano en su cuenta de Twitter.
En ese mes, Venezuela denunció a Estados Unidos ante la CPI por las sanciones contra su economía y reclamó a la fiscal jefe del tribunal, Fatou Bensouda, que abra una investigación contra Washington por “crímenes de lesa humanidad”, dado que sus medidas apuntaban fundamentalmente a “población civil venezolana que ha muerto, que ha sufrido enfermedad y obstáculos para su alimentación”.
Informe de ONU: sanciones tienen “efectos devastadores” sobre la vida de venezolanos
El 12 de febrero de 2021, la relatora especial de Naciones Unidas sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, difundió un informe preliminar tras diez días de trabajo en Venezuela que constata las consecuencias devastadoras de las medidas impuestas por el Gobierno estadounidense y sus países aliados sobre la vida y otros derechos humanos de la población civil venezolana.
“Insto al Gobierno de Estados Unidos a terminar la emergencia relativa a Venezuela, revisar y levantar las sanciones a terceros, abstenerse de imponer sanciones para el diésel”, solicitó Douhan.
Informe de GAO: sanciones dañan economía de Venezuela
El 8 de febrero de 2021, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés), agencia del poder legislativo que fiscaliza al Gobierno federal de Estados Unidos, admitió en un informe los elementos subjetivos del crimen de lesa humanidad y reconoce el impacto negativo generado por las medidas coercitivas unilaterales sobre la economía de Venezuela y los derechos humanos de su pueblo.
La Administración del expresidente estadounidense Donald Trump, desde que reconoció en 2019 al líder opositor Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela, dedicó muchos esfuerzos para derrocar al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, a través de sanciones, intentos de asesinato, incluso de magnicidio, y amenazas de invasión.
Y, al parecer, el Gobierno de Joe Biden sigue la política antichavista de los anteriores presidentes estadounidenses. De hecho, prorrogó la vigencia del decreto que declara a Venezuela “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior” de EEUU, que incluyen las sanciones.