Venezuela presenta este martes su 5º Informe en el 139° Período de Sesiones del Comité de Derechos Humanos (DDHH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mostrando sus logros, avances y retos en esta área, a pesar de las 931 sanciones que golpean a la población, así lo informó el canciller Yván Gil durante su intervención.
«Venezuela asiste ante este comité con un espíritu constructivo, venimos a exhibir nuestros logros y avances en la implementación de los postulados consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a exponer los retos que aún persisten en este ámbito», dijo el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores.
Afirmó que la presentación de este quinto informe se realiza en un momento crucial para la humanidad marcado por el impacto de la pandemia del Covid-19; la imposición de recetas neocolonialistas de dominación contra países del Sur global, el incremento desproporcionado del uso de la fuerza por países hegemónicos, entre otras grandes amenazas, siguen poniendo en vilo la paz y la estabilidad regional y mundial.
Diplomacia Bolivariana de Paz, pese a las agresiones
Aseguró que en un mundo complejo y conflictivo Venezuela mantiene su Diplomacia Bolivariana de Paz, «rechazando de plano culaquier vía injerencista que vulnere los principios del respeto a la soberanía, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la integridad territorial y la no injerencia en asuntos internos de los Estados consagrado en la Carta de las Naciones Unidas».
Dijo que en Venezuela existe un Estado promotor y garante de los DDHH, en especial de los derechos civiles y políticos, sin embargo, en el lapso que es analizado el país bolivariano ha sido objeto de una estrategia de cambio de régimen promovida por Estados Unidos y la ultraderecha internacional.
Detalló que esa estrategia de cambio de régimen ha incluido constantes agresiones como intentos de golpes de Estado, magnicidio, sabotaje a la industria petrolera y servicios públicos, violencia, terrorismo, imposición de ilegales medidas coercitivas unilaterales que han generado un impacto negativo en el disfrute de los DDHH del pueblo.
«Podemos afirmar con orgullo que tenemos un Estado firme y defensor de los principios democráticos consagrados en la Constitución, y un pueblo que ha resistido firmemente los embates del fascismo y de la imposición de ilegales, arbitrarias e ilegítimas medidas coercitivas unilaterales», aseguró.
Aseguró que esta embestida contra Venezuela ha incluido la adopción de un conjunto de medidas coercitivas unilaterales, cuyo impacto ha sido documentado y condenado por el Consejo de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y varios Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.
«La Oficina de Control de Activos (OFAC) de los Estados Unidos, y otras agencias de distintos países, han adoptado más de 930 medidas restrictivas o punitivas relacionadas con Venezuela, reduciendo drásticamente las capacidades del Estado para obtener recursos financieros, así como bienes y servicios necesarios para satisfacer plenamente las principales necesidades de sus habitantes», recalcó.
El canciller está acompañado por una delegación de alto nivel conformada por el fiscal general de la República, Tarek William Saab; el segundo vicepresidente del TSJ, Henry Timaure; el viceministro para Temas Multilaterales del Mppre, Rubén Darío Molina; la viceministra de Política y Seguridad Jurídica del Mpprijp, Alana Zuloaga, el embajador de Venezuela ante la ONU, Héctor Constant, entre otras personalidades.
Violencia de actores políticos nacionales
Recordó que con la complicidad de gobiernos extranjeros, actores políticos nacionales ejecutaron diversas acciones para atentar contra la institucionalidad democrática del país, desconociendo al Estado venezolano y a sus legítimas autoridades.
Mencionó que desde el año 2013, sectores radicales de la ultraderecha venezolana, con apoyo internacional, han promovido y financiado recurrentemente manifestaciones violentas en el país, dando como resultado la lamentable pérdida de vidas, personas lesionadas y graves daños a la propiedad pública y privada.
En el año 2017, prosiguió Gil, Venezuela estuvo sometida a manifestaciones violentas con fines políticos donde -con evidencia testimonial, documental y audiovisual- se corroboró que los manifestantes radicales recurrieron de manera sistemática al uso de armas de fuego, uso de armas de fabricación casera, y de explosivos tipo mortero y así como otros medios cargados de un alto nivel de letalidad.
«Los manifestantes violentos dirigieron ataques en contra de hospitales, escuelas, centros de acopio y distribución de alimentos, zonas residenciales, comercios privados, instalaciones de servicios básicos, bases militares y policiales y sedes de ONG, entre otros. En el contexto de las protestas, se observó la utilización de niños, niñas y adolescentes para preparar bombas incendiarias, custodiar barricadas y agredir a los funcionarios y funcionarias de los cuerpos de seguridad», subrayó.
El Ministro señaló que la estrategia de cambio de regimen también incluyó intentos de invasión mercenaria y fallidos golpes de estado. «Incluso se atentó contra la vida del Primer mandatario nacional, el Alto Mando Político y Militar y representantes diplomáticos en nuestro país, el 4 de agosto de 2018. Sin embargo, Venezuela continua invicta su camino hacia la paz y la protección de los derechos de su pueblo», agregó.
Diálogo
Enfatizó que la figura del diálogo nacional ha sido una política sostenida del Ejecutivo Nacional, promoviendo la solución de las controversias en el contexto del Estado de Derecho, logrando satisfactorios acuerdos para el bienestar de la población. «Debemos recordar que el presidente Nicolás Maduro Moros ha realizado más de 500 llamados públicos al diálogo entre venezolanos», añadió.
Aseveró, en ese sentido, que como parte de esta política para el reencuentro y la reconciliación nacional, en 2020 el Jefe de Estado otorgó un indulto a cientos de personas procesadas penalmente por su participación en hechos contra la estabilidad democrática del país.
DDHH sin politización
Finalmente, resaltó que Venezuela otorga vital importancia para que el tema de los DDHH sea tratado de manera objetiva e imparcial sin selectividad, dobles raseros, ni politización, en un espíritu de diálogo genuino y cooperación.
«Esperamos sostener un diálogo fructífero que permita al Estado venezolano, contar con las orientaciones de sus miembros sobre la base del respeto mutuo y ajustado al principio del derecho internacional», manifestó.
El canciller está acompañado por una delegación de alto nivel conformada por el fiscal general de la República, Tarek William Saab; el segundo vicepresidente del TSJ, Henry Timaure; el viceministro para Temas Multilaterales del Mppre, Rubén Darío Molina; la viceministra de Política y Seguridad Jurídica del Mpprijp, Alana Zuloaga, el embajador de Venezuela ante la ONU, Héctor Constant, entre otras personalidades.