El Gobierno de la República Bolivariana Venezuela calificó de «robo descarado» el secuestro de la aeronave de Emtrasur, propiedad de Venezuela, que fue confiscada en Argentina y enviada este lunes a EE.UU.
En un comunicado publicado este lunes por la Cancillería venezolana, se denuncia ante la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), la salida de la aeronave de territorio argentino —donde se mantenía retenida desde junio de 2022 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires— «luego de la confabulación entre los gobiernos de EE.UU. y Argentina».
Frente a esta decisión, el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano afirma que ese país dará «una respuesta contundente, directa y proporcionada» ante el «ataque», a través de «todos los recursos disponibles en el marco de la Constitución, la diplomacia y el derecho internacional».
El avión venezolano partió la madrugada de este lunes con destino a EE.UU., tras la autorización que dio el gobierno derechista de Javier Milei, tras haber sido represado en Ezeiza desde hace un año y ocho meses.
El Gobierno estadounidense le pidió a Buenos Aires que le entregara la aeronave bajo el argumento de que, antes de ser adquirida por Caracas, pertenecía a la iraní Mahan Air, a la que vincula con los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán-Fuerza Qods, organización catalogada como terrorista por el Departamento de Estado del país norteamericano.
«Situación grave sin precedentes»
Caracas considera que esta decisión pone en riesgo «la seguridad aeronáutica en la región» y viola «todas las normas que regulan la aeronáutica civil» y «los derechos comerciales, civiles y políticos» que asisten a Emtrasur, filial de la aerolínea estatal venezolana Conviasa. Ambas compañías están sancionadas por el Departamento de Estado de EE.UU.
La nación suramericana considera que hubo una violación, por parte de los gobiernos de EE.UU. y Argentina, «de las regulaciones internacionales a las cuales están obligadas los Estados en materia de navegación aérea», lo que genera «una situación grave de inseguridad jurídica y operacional sin precedentes» en la región.
Entre los ilícitos que denuncia Venezuela se encuentra «el ocultamiento de información al momento de identificar el vuelo» y el «apagado del transpondedor en varios trayectos de la ruta».
Una «vergonzosa operación de rapacería»
En el escrito, el Gobierno venezolano cataloga de «vergonzosa operación de rapacería» la retención y salida del avión de Argentina, y afirma que esta acción se «inscribe en la lista de agresiones delictivas» en contra del país suramericano.
En el comunicado se mencionan otras sanciones que forman parte de las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra Caracas como la confiscación de Citgo Petroleum Corporation (Citgo), con sede central en la ciudad texana de Houston, y la «aplicación de más de 930 sanciones ilegales, en complicidad con la extrema derecha opositora que actúa como agentes directos del imperio norteamericano contra Venezuela».
La víspera, los países que integran la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA-TCP) repudiaron el secuestro de la aeronave del Emtrasur y catalogaron el hecho como una «agresión es otra de las consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el Gobierno de los EE.UU.».