Venezuela suscribió declaración de apoyo a Corte Penal Internacional

El CPI es una pieza esencial de la arquitectura multilateral que defiende el Estado de derecho de las naciones

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Venezuela, junto a otros 66 países, suscribió una declaración de apoyo a la Corte Penal Internacional (CPI) tras las amenazas del Gobierno de Estados Unidos contra ese órgano judicial para intentar vulnerar su independencia e imparcialidad.

Los Estados que suscribieron la declaración en apoyo de la CPI, tras la publicación de la Orden Ejecutiva de los Estados Unidos del 11 de junio de 2020, son los siguientes: Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Costa de Marfil, Croacia, Chipre, República Checa, República Democrática del Congo, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Estonia, Fiji, Finlandia, Francia, Gambia, Alemania, Grecia, Guyana, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lesotho, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malta, México, Namibia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nigeria, Noruega, Perú, Portugal, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rumania, San Vicente y las Granadinas, San Marino, Senegal, Sierra leona, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, España, Estado de Palestina, Suecia, Suiza, Trinidad y Tobago, Túnez, Uganda, Uruguay y Venezuela.

En la declaración se señala que, como Estados partes del Estatuto de Roma de la CPI, reafirman el apoyo inquebrantable a la Corte como institución judicial independiente e imparcial.

«Reiteramos nuestro compromiso con el mantenimiento y la defensa de los principios y valores consagrados en el Estatuto de Roma y con la preservación de su integridad, sin dejarse desalentar por ninguna medida o amenaza contra la Corte, sus funcionarios y quienes con ella cooperen», destaca el comunicado.

«Mantenemos nuestro compromiso con un orden internacional basado en normas. La Corte es parte integrante de ese orden y una institución central en la lucha contra la impunidad y la búsqueda de justicia, componentes esenciales de la paz, la seguridad y la reconciliación sostenibles. Por ello, continuaremos cumpliendo con nuestras obligaciones de cooperación en virtud del Estatuto de Roma, y hacemos un llamamiento a todos los Estados a desarrollar una cooperación plena con la Corte, de forma que pueda cumplir con su importante mandato de administrar justicia para las víctimas de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional», señala la declaración.

Igualmente, los firmante recuerdan que la CPI es un tribunal de último recurso o complementario, que consagra un sistema de justicia para los crímenes internacionales graves, basado en la acción de los tribunales nacionales.

«Corresponde a las autoridades nacionales la responsabilidad primaria de investigar y enjuiciar los crímenes descritos en el Estatuto de Roma. La CPI únicamente interviene cuando los Estados no estén dispuestos o no puedan realmente llevar a cabo investigaciones o enjuiciamientos nacionales”, explican.

“La CPI, en cuanto que primer y único tribunal penal internacional permanente en el mundo, encarna el compromiso colectivo de luchar contra la impunidad de los crímenes internacionales. Mediante nuestro apoyo pleno a la CPI y la promoción de su alcance universal, defendemos los avances que hemos realizado juntos hacia un orden internacional basado en normas, del que la justicia internacional es un pilar indispensable», culmina el comunicado.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas