El Derecho Internacional, ese conjunto de normas y principios en los cuales gravitan los Estados, es una construcción de la posguerra. En él, si bien las personas tienen la posibilidad de obtener respuestas y reparación de las actuaciones u omisiones de las que son víctimas cuando en sus naciones no ha sido posible lo harán de acuerdo a las normas y limitaciones propias de su naturaleza de foro de Estados.
Por ello, la capacidad de actuar, salvo excepciones, es únicamente de los países que interactúan en él a través de las personas que sus sistemas jurídicos nacionales autoricen a hacerlo. De allí la importancia que exista una determinación clara de quién es Jefe de Estado y quiénes son tan solo máximos representantes de instancias públicas nacionales. Esa es la fundamental diferencia de cuando al ámbito internacional ha ocurrido este año el Presidente de la República, la Canciller, o, desde la Asamblea Nacional se haya determinado que se irá o se convocará a algún mecanismo multilateral.
Para actuar las personas naturales, es decir, cualquier ser humano debe entrar por la vía de las organizaciones no gubernamentales, de conformidad con las normas internacionales o acudir mediante denuncias. No existiendo otra vía podemos concluir que este año la oposición ha tomado una intensa agenda mediática, pues no tiene jurídicamente manera de hacer valer su pretensión muy a pesar de que existan funcionarios administrativos comprometidos en agendarlos, como es el caso del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En ese clima cada intento de utilizar funcionarios administrativos contra un Estado ha fracasado tan ruidosamente como han sido un éxito las giras internacionales petroleras, el debate de Venezuela en la OEA, los pronunciamientos sobre el país en Ginebra y desde la Cepal.
La lógica de las actuaciones, muy reseñadas por demás a lo interno y en el exterior es empañar un camino que inició desde sus albores la Revolución Bolivariana que se ha constituido en un motor para el acercamiento de un sistema internacional a los intereses de los pueblos defendiendo así en permanencia la causa palestina, denunciando el bloqueo a Cuba y promoviendo declaraciones a favor de los pueblos indígenas y últimamente la situación de los migrantes en Centroamérica y el Mediterráneo.
Es tiempo entonces de mantener esas banderas en alto cuando se desdibujan los contenidos principales de los derechos humanos con la aplicación cada vez mas expandida y salvaje de leyes patriotas, de razonamientos ultranacionalistas y la extensión de prácticas neocolonialistas. Solo en la medida que la perseverancia siga abarcando estas acciones y no se limite a la mera defensa ante actuaciones anti-republicanas conseguiremos mantenernos integrados en los sistemas y seguir sumando el reconocimiento esperanzado de los demás pueblos.