El vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, aseguró este martes que a los funcionarios corruptos que faciliten el contrabando de gasolina y alimentos le caerá todo el peso de la ley. «Se les acabó el pan de piquito», aseveró.
Durante un taller de formación sobre precios justos realizado en el estado Zulia, y transmitido por el canal Venezolana de Televisión, el funcionario condenó que exista una fuga de la producción nacional entre 30 y 40% hacia la República de Colombia.
«No quiero criticar con ésto a nuestros hermanos colombianos, pero nosotros aquí tenemos una política de protección de la alimentación del pueblo”, subrayó Arreaza.
En ese sentido, señaló que una de las primeras responsabilidades del Poder Popular es crear comités para la defensa de la economía.
“Tenemos que aplaudir esta Ley (Orgánica de Precios Justos) y darle gracias a la Revolución, al comandante Hugo Chávez, al pueblo y al presidente Nicolás Maduro porque hoy tenemos una tremenda Ley de Precios Justos y este instrumento en primer lugar hemos querido venir a socializarlo con nuestro pueblo”, expresó.
Precisó que con el instrumento legal se castigarán a las personas que excedan el margen de ganancias de 30 puntos porcentuales entre 10 a 14 años de prisión y «esto será para todo el mundo».
Resaltó que todo instrumento legal que el Estado diseñe y aplique para combatir la guerra económica impulsada por la oligarquía nacional debe tener la aprobación del pueblo.
A la actividad también asistieron el gobernador de la entidad, Francisco Arias Cárdenas, y la titular de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, Andreína Tarazón.