En vigencia Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019

La Presidencia de la República puso el ejecútese al Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019, mediante el decreto 2.254, publicado en la Gaceta Oficial extraordinaria numero 6.217 (Extraordinario), con fecha 2 de marzo de 2016.

La construcción del Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019 es el resultado de un proceso de revisión y diagnóstico interactivo y participativo sobre la situación de Derechos Humanos en el país, que inició en el año 2011 con la participación en el Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, indicó el instrumento en la exposición de motivos.

El Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019 contiene 213 acciones que se dividen en cinco ejes. El primero de ellos plantea consolidar la educación y la cultura de los derechos humanos, mientras que el segundo está orientado a fortalecer las instituciones y acercarlas al pueblo.

El tercer eje está enfocado en darle participación protagónica al pueblo y hacer uso de las bases de misiones para promover la educación en materia de derechos humanos, en tanto que el cuarto se vincula con los organismos internacionales para tratar este tema y el quinto en fortalecer el enfoque de derechos humanos en las políticas de acción y legislación del Estado venezolano.

La Canciller venezolana Delcy Rodríguez expuso en la 31° sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), efectuada en Ginebra, Suiza, el Plan de Derechos Humanos 2016-2016.

Relató el proceso participativo y popular con que fue construido el documento. Así mismo, ratificó el compromiso de la Revolución Bolivariana con ejercicio efectivo de la defensa de los derechos humanos.

El pasado sábado, el presidente de la República, Nicolás Maduro, presentó al país el Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019, con el que se regirá el Estado para resguardar, proteger y garantizar los derechos fundamentales de la población, así como también incluye la promoción de la justicia en los casos de las desapariciones, torturas y asesinatos perpetrados por gobiernos de derecha entre 1958 y 1998.

También plantea hacer justicia con las víctimas del Golpe de Estado del 11, 12 y 13 de abril de 2002, de las guarimbas del 14 de abril de 2013 y febrero de 2014.