“Unos 4000 indígenas colombianos se han visto obligados a dejar sus hogares en los últimos seis días, debido a duros enfrentamientos protagonizados por grupos armados”, declaró el lunes la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (UNOCHA, por sus siglas en inglés) en un comunicado.
El reporte agregó, además, que el detonante de los choques habrían sido una serie de “disputas territoriales y la instalación de minas antipersonales”.
La fecha para dar a conocer el informe fue escogida con pinzas, pues el lunes 9 de septiembre es el Día Nacional de los Derechos Humanos, jornada en la que el Gobierno colombiano suele revelar los extraordinarios progresos que ha realizado en esa materia.
En respuesta al referido documento, el alto consejero para los Derechos Humanos de Colombia, Francisco Barbosa, destacó, por su parte, en un tuit, que “Colombia no va a ceder a ningún tipo de chantaje. El Gobierno Nacional actuará ante cualquier grupo que pretenda atentar contra los derechos humanos”.
No obstante, la realidad es otra, pues a tres años de la implementación del Acuerdo de Paz, indígenas, activistas sociales y políticos locales comprometidos están otra vez expuestos a la violencia; además, encabezan las listas negras de bandas criminales que se benefician con el tráfico de drogas.
El Acuerdo de Paz alcanzado en 2016 entre el Gobierno de Colombia y la que fuera la principal guerrilla del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), terminó con 52 años de guerra civil, sin embargo, también dejó un vacío de poder en las zonas que antes eran controladas por los guerrilleros, que hasta el momento el Estado ha sido incapaz de asumir ni militar ni socialmente.