Las instituciones que forman parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) en el estado Bolívar trabajan a toda marcha para regularizar la tenencia de la tierra dentro de las principales ciudades de esta entidad suroriental y se han puesto la meta de entregar este año un total de 10.000 títulos.
Así lo informó el gerente estadal del Instituto Nacional de Tierras Urbanas (INTU), Eduardo Madrid, quien indicó que todas las instituciones que forman parte del Órgano Estatal de la Vivienda (OEV) se encuentran analizando miles de peticiones introducidas por las comunidades organizadas de Ciudad Guayana, Ciudad Bolívar, Upata y otras localidades, para que les sea reconocida la propiedad de la tierra que ocupan sus casas y apartamentos.
«Durante el primer semestre de 2016 se han entregado en toda la entidad más de 2.000 títulos de tierras urbanas y la meta es cerrar este año con un total de 10.000 documentos entregados a las familias», agregó Madrid.
Al respecto, el secretario Ejecutivo del OEV, Héctor Herrera Jiménez, recalcó que a través de este proceso el Gobierno nacional, Gobierno estadal y alcaldías garantizan el derecho pleno de estas familias sobre las parcelas que ocupan sus hogares, lo que les da acceso a créditos de la banca pública y privada para mejorarlas o ampliarlas, entre otros beneficios.
Herrera Jiménez explicó que las solicitudes son analizadas por un comité interinstitucional conformado por el Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda (Minhvi), el Instituto Nacional de Tierras Urbanas, Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Gobernación de Bolívar y diversas alcaldías de la entidad.
Recordó que la regularización de la propiedad de las tierras urbanas fue un proceso iniciado en febrero de 2002 por el comandante Hugo Chávez, quien a través del Decreto 1.666 ordenó a las instituciones públicas trabajar de la mano de los Comités de Tierras Urbanas para hacer realidad la aspiración de cientos de miles de familias de ser dueñas completas de las parcelas ocupadas por sus viviendas.
Esta aspiración surgió de la injusticia generada por las antiguas leyes inmobiliarias vigentes en la Cuarta República, por medio de las cuales tanto entes púbicos como privados construían proyectos habitacionales y vendían las casas y apartamentos, pero se reservaban la propiedad de las tierras ocupadas por estos, dejando a las familias en una situación de vulnerabilidad legal y económica.
Esta situación perjudicaba especialmente a los habitantes de zonas humildes, quienes ahora no solo cuentan con la propiedad de sus casas y parcelas, sino también ven mejorar radicalmente su hábitat gracias a la labor de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor (GMBNBT) y otros programas de la GMVV.